Presos porteños. Principio de acuerdo entre Nación y Ciudad para el traspaso que incluiría fondos, personal y bienes
Luego de años de idas y vueltas, que se extendieron a lo largo de más de una administración, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Nación están muy cerca de firmar el convenio para el traspaso de parte del sistema penitenciario a la órbita porteña, según informaron fuentes de la Ciudad. Este acuerdo pondría fin a la compleja situación de sobrepoblación en comisarías y alcaidías de la Ciudad que, en el recuento realizado ayer por las autoridades, asciende a 2491 detenidos.
Según pudo saber LA NACION, de fuentes del ministerio de Seguridad porteño, comandado por Horacio Giménez, ya recibieron un convenio redactado por la ministra Patricia Bullrich con el objetivo de iniciar el traspaso de algunas cárceles a la Ciudad de Buenos Aires. “Este acuerdo representa un paso significativo en la búsqueda de mayor autonomía en materia de seguridad y justicia para la ciudad”, aseguraron quienes trabajan en que esta negociación llegue a buen puerto.
El convenio, según explicaron, ya está redactado y se encuentra en una etapa avanzada, aunque aún requiere ciertos ajustes y revisiones. Se trata de un proceso complejo que involucra no solo la transferencia de competencias, sino también la asignación de fondos para garantizar que la Ciudad pueda asumir adecuadamente las responsabilidades operativas y logísticas que implica la administración penitenciaria. Para ello, la administración de Jorge Macri tiene previsto crear su propio Servicio Penitenciario que, en una primera etapa, estaría integrado por los efectivos que les ceda Bullrich y aquellos retirados de los sistemas carcelarios de otras jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires.
El ministro Giménez destacó que, a diferencia de otros momentos de tensión política, actualmente existe una muy buena relación de trabajo entre el gobierno nacional y el de la Ciudad. En este sentido, subrayó que ambas partes están colaborando activamente para definir cómo será la operatividad del sistema penitenciario una vez que se concrete el traspaso. A este proceso lo compararon con el traspaso anterior de la Policía Federal a la órbita porteña, que también implicó una reorganización institucional profunda y una redefinición de competencias.
“Hay una decisión de firmar el acuerdo. El traspaso viene con fondos, efectivos y unidades penitenciarias. Por un lado, incluiría, un sector femenino en Ezeiza. Por otro lado la nueva cárcel que se construye en Marcos Paz, que podría entrar en funcionamiento en diciembre, pabellones de adultos y menores dentro de la misma unidad. Por último, también se daría el traspaso del penal federal de Devoto”, detallaron sobre los puntos en los que ya habría acuerdo.
La nueva cárcel está dentro de un predio de 80 hectáreas y tendrá una capacidad de alojamiento de 2240 plazas. Contará con cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios (EPS) para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral. También habrá un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus determinado por los módulos de alojamiento dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y espacios para huertas.
El traspaso del servicio penitenciario se da en un contexto donde la ciudad de Buenos Aires busca responder con mayor eficacia a los desafíos de la seguridad urbana, incluyendo el tránsito de los detenidos, la prevención del delito y la reinserción social.
En la actualidad, son 3000 los policías de la Ciudad, que no fueron formados para tareas penitenciarias, los que tienen a cargo el cuidado de más de 2500 detenidos que están distribuidos entre las 40 alcaidías y 26 comisarías habilitadas para recibir detenidos dentro de la ciudad.
“Se detienen 120 personas a la semana y el Servicio Penitenciario Federal se está llevando 80, casi el doble de meses anteriores, por eso el número sigue en aumento. Con el acuerdo, esto va a tener una solución definitiva”, detallaron desde la administración porteña que se mostraron optimistas en poder terminar un proceso que se comenzó a charlar hace más de ocho años.
Ante la consulta de si los cambios incluyen el cierre del penal de Devoto y el traslado de los 1500 reclusos a la nueva cárcel de Marcos Paz o Ezeiza, explicaron que es una de las prioridades de la administración porteña una vez que se rubrique el acuerdo y se confirme el traspaso.
Desde el Ministerio porteño también mencionaron que este tipo de reformas requieren acuerdos políticos y técnicos, así como una planificación presupuestaria adecuada para evitar que la Ciudad asuma responsabilidades sin los recursos necesarios.
Consultados por LA NACION, desde la cartera que conduce Patricia Bullrich, evitaron dar detalles sobre los puntos sobre los que se están trabajando, pero reconocieron que están en plenas negociaciones con buenas perspectivas.
El robo de celulares, el problema a atacar
Las autoridades porteñas identificaron también al robo de celulares como uno de los principales problemas de seguridad urbana en la Ciudad y que se trata de un circuito bien aceitado que se busca desbaratar.
A modo de ejemplo contó el caso de una banda delictiva proveniente de Córdoba que operaba durante los fines de semana, robando celulares en eventos masivos como recitales. Los delincuentes viajaban 700 kilómetros, se hospedaban en hoteles céntricos haciéndose pasar por turistas y actuaban en zonas de alta concentración de personas. La investigación permitió detener a toda la banda y secuestrar 120 teléfonos.
Como se hicieron con los chatarerros y los locales de autopartes, se están cerrando locales que compran o reparan teléfonos robados. Con estas acciones buscan desarticular el circuito de reventa.
Además, la nueva cúpula de seguridad porteña puso en marcha los “operativos de saturación” a los que definieron como una estrategia clave para reforzar la presencia policial en zonas críticas y responder a demandas vecinales”.
Según explicaron, se trata de intervenciones intensivas y temporales en zonas específicas en las que participan 100 o más efectivos, incluyendo personal de comisarías, cuerpos especiales y agentes del Ministerio de Seguridad. Para ello, se delimitan áreas [cuadras, barrios] y se realizan controles de tránsito, identificación de personas y patrullajes a pie. También se utilizan perros entrenados, especialmente en fiestas electrónicas, para detectar drogas y se suman fuerzas especiales como el DOEM (División de Operaciones Especiales Metropolitanas) para brindar apoyo armado y disuasivo. Además, se usan drones para seguimiento en tiempo real y hay coordinación con fuerzas federales y municipios vecinos, como Vicente López.
Hasta el momento, estos operativos de saturación se hicieron en San Telmo, Constitución y Barracas, entre otros barrios, los que permitieron la detención de personas por delitos como narcotráfico, también el secuestro de vehículos que no tenían la documentación en regla o tenían restricción de circulación, así como también se desarticuló una banda criminal.
Uno de los casos más particulares fue el de una mujer, de 32 años, que fue descubierta con 24 dósis de cocaína oculta entre sus medias. El hecho ocurrió en el barrio de Almagro, en el cruce de las calles Perón y Gallo.
Luego de años de idas y vueltas, que se extendieron a lo largo de más de una administración, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Nación están muy cerca de firmar el convenio para el traspaso de parte del sistema penitenciario a la órbita porteña, según informaron fuentes de la Ciudad. Este acuerdo pondría fin a la compleja situación de sobrepoblación en comisarías y alcaidías de la Ciudad que, en el recuento realizado ayer por las autoridades, asciende a 2491 detenidos.
Según pudo saber LA NACION, de fuentes del ministerio de Seguridad porteño, comandado por Horacio Giménez, ya recibieron un convenio redactado por la ministra Patricia Bullrich con el objetivo de iniciar el traspaso de algunas cárceles a la Ciudad de Buenos Aires. “Este acuerdo representa un paso significativo en la búsqueda de mayor autonomía en materia de seguridad y justicia para la ciudad”, aseguraron quienes trabajan en que esta negociación llegue a buen puerto.
El convenio, según explicaron, ya está redactado y se encuentra en una etapa avanzada, aunque aún requiere ciertos ajustes y revisiones. Se trata de un proceso complejo que involucra no solo la transferencia de competencias, sino también la asignación de fondos para garantizar que la Ciudad pueda asumir adecuadamente las responsabilidades operativas y logísticas que implica la administración penitenciaria. Para ello, la administración de Jorge Macri tiene previsto crear su propio Servicio Penitenciario que, en una primera etapa, estaría integrado por los efectivos que les ceda Bullrich y aquellos retirados de los sistemas carcelarios de otras jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires.
El ministro Giménez destacó que, a diferencia de otros momentos de tensión política, actualmente existe una muy buena relación de trabajo entre el gobierno nacional y el de la Ciudad. En este sentido, subrayó que ambas partes están colaborando activamente para definir cómo será la operatividad del sistema penitenciario una vez que se concrete el traspaso. A este proceso lo compararon con el traspaso anterior de la Policía Federal a la órbita porteña, que también implicó una reorganización institucional profunda y una redefinición de competencias.
“Hay una decisión de firmar el acuerdo. El traspaso viene con fondos, efectivos y unidades penitenciarias. Por un lado, incluiría, un sector femenino en Ezeiza. Por otro lado la nueva cárcel que se construye en Marcos Paz, que podría entrar en funcionamiento en diciembre, pabellones de adultos y menores dentro de la misma unidad. Por último, también se daría el traspaso del penal federal de Devoto”, detallaron sobre los puntos en los que ya habría acuerdo.
La nueva cárcel está dentro de un predio de 80 hectáreas y tendrá una capacidad de alojamiento de 2240 plazas. Contará con cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios (EPS) para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral. También habrá un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus determinado por los módulos de alojamiento dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y espacios para huertas.
El traspaso del servicio penitenciario se da en un contexto donde la ciudad de Buenos Aires busca responder con mayor eficacia a los desafíos de la seguridad urbana, incluyendo el tránsito de los detenidos, la prevención del delito y la reinserción social.
En la actualidad, son 3000 los policías de la Ciudad, que no fueron formados para tareas penitenciarias, los que tienen a cargo el cuidado de más de 2500 detenidos que están distribuidos entre las 40 alcaidías y 26 comisarías habilitadas para recibir detenidos dentro de la ciudad.
“Se detienen 120 personas a la semana y el Servicio Penitenciario Federal se está llevando 80, casi el doble de meses anteriores, por eso el número sigue en aumento. Con el acuerdo, esto va a tener una solución definitiva”, detallaron desde la administración porteña que se mostraron optimistas en poder terminar un proceso que se comenzó a charlar hace más de ocho años.
Ante la consulta de si los cambios incluyen el cierre del penal de Devoto y el traslado de los 1500 reclusos a la nueva cárcel de Marcos Paz o Ezeiza, explicaron que es una de las prioridades de la administración porteña una vez que se rubrique el acuerdo y se confirme el traspaso.
Desde el Ministerio porteño también mencionaron que este tipo de reformas requieren acuerdos políticos y técnicos, así como una planificación presupuestaria adecuada para evitar que la Ciudad asuma responsabilidades sin los recursos necesarios.
Consultados por LA NACION, desde la cartera que conduce Patricia Bullrich, evitaron dar detalles sobre los puntos sobre los que se están trabajando, pero reconocieron que están en plenas negociaciones con buenas perspectivas.
El robo de celulares, el problema a atacar
Las autoridades porteñas identificaron también al robo de celulares como uno de los principales problemas de seguridad urbana en la Ciudad y que se trata de un circuito bien aceitado que se busca desbaratar.
A modo de ejemplo contó el caso de una banda delictiva proveniente de Córdoba que operaba durante los fines de semana, robando celulares en eventos masivos como recitales. Los delincuentes viajaban 700 kilómetros, se hospedaban en hoteles céntricos haciéndose pasar por turistas y actuaban en zonas de alta concentración de personas. La investigación permitió detener a toda la banda y secuestrar 120 teléfonos.
Como se hicieron con los chatarerros y los locales de autopartes, se están cerrando locales que compran o reparan teléfonos robados. Con estas acciones buscan desarticular el circuito de reventa.
Además, la nueva cúpula de seguridad porteña puso en marcha los “operativos de saturación” a los que definieron como una estrategia clave para reforzar la presencia policial en zonas críticas y responder a demandas vecinales”.
Según explicaron, se trata de intervenciones intensivas y temporales en zonas específicas en las que participan 100 o más efectivos, incluyendo personal de comisarías, cuerpos especiales y agentes del Ministerio de Seguridad. Para ello, se delimitan áreas [cuadras, barrios] y se realizan controles de tránsito, identificación de personas y patrullajes a pie. También se utilizan perros entrenados, especialmente en fiestas electrónicas, para detectar drogas y se suman fuerzas especiales como el DOEM (División de Operaciones Especiales Metropolitanas) para brindar apoyo armado y disuasivo. Además, se usan drones para seguimiento en tiempo real y hay coordinación con fuerzas federales y municipios vecinos, como Vicente López.
Hasta el momento, estos operativos de saturación se hicieron en San Telmo, Constitución y Barracas, entre otros barrios, los que permitieron la detención de personas por delitos como narcotráfico, también el secuestro de vehículos que no tenían la documentación en regla o tenían restricción de circulación, así como también se desarticuló una banda criminal.
Uno de los casos más particulares fue el de una mujer, de 32 años, que fue descubierta con 24 dósis de cocaína oculta entre sus medias. El hecho ocurrió en el barrio de Almagro, en el cruce de las calles Perón y Gallo.
Luego de los cruces de los últimos meses, las administraciones trabajan sobre un documento elaborado por la cartera que conduce Bullrich LA NACION
