El Gobierno apelará el fallo que suspendió los límites fijados por decreto al derecho a huelga
El Gobierno apelará la decisión de la Justicia del Trabajo que suspendió la aplicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que limita el derecho de huelga y amplia las actividades consideradas esenciales.
“Se van a agotar todas las instancias legales”, dijeron a LA NACION fuentes oficiales de Casa Rosada. Desde allí también consideraron que no hubo sorpresa en la resolución judicial que llevó la firma de la jueza del fuero laboral Moira Fullana.
“Totalmente previsible”, agregaron sobre la decisión que hizo lugar a una media cautelar planteada por la CGT la semana pasada.
En paralelo, la jueza dio curso al amparo con el que la CGT busca que se declare inconstitucional -de forma definitiva- el DNU de Milei; es decir, abrió el expediente en el que resolverá si declara o no la inconstitucionalidad. Pero mientras eso se debata, el decreto no podrá ser aplicado por el Gobierno.
El decreto inaplicable es el DNU 340/2025, que limita el derecho de huelga ampliando los servicios esenciales. Es decir, que aumentó la cantidad de actividades que deberían garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto.
Con ese decreto, el Gobierno amplió las actividades consideradas esenciales. Es decir, las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto. Casi no hay actividades exceptuadas. Un derecho garantizado por la Constitución, como lo es del ejercicio de la huelga, pasó a estar en riesgo y motivó la acción de los gremios.
La CGT había solicitado la acción de amparo para que se decretara la invalidez constitucional de esos artículos, al argumentar que violan el principio republicano de división de poderes y el derecho y principio de libertad sindical.
Además, pidió una medida cautelar de no innovar para suspender la aplicación de los artículos hasta la sentencia definitiva.
La jueza analizó la “verosimilitud del derecho” y la “verosimilitud de la legitimidad” del decreto y expresó que no había circunstancias excepcionales que justifiquen el dictado de un DNU.
La presentación de la CGT
El armado de la presentación judicial estuvo en manos de los abogados Federico West Ocampo (Sanidad), Hugo Moyano (h.) y Marta Pujadas (Uocra), quienes consideran que el decreto presidencial “es un ataque directo al derecho de huelga” y que es “inconstitucional”.
La CGT recurrió estratégicamente a la justicia laboral teniendo en cuenta que ya en ese fuero logró frenar en el DNU 70/23, que intentó imponer una reforma laboral sin debate previo en el Congreso. Esa pulseada se dio cuando Milei no llevaba ni siquiera un mes en la Casa Rosada.
El Gobierno apelará la decisión de la Justicia del Trabajo que suspendió la aplicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que limita el derecho de huelga y amplia las actividades consideradas esenciales.
“Se van a agotar todas las instancias legales”, dijeron a LA NACION fuentes oficiales de Casa Rosada. Desde allí también consideraron que no hubo sorpresa en la resolución judicial que llevó la firma de la jueza del fuero laboral Moira Fullana.
“Totalmente previsible”, agregaron sobre la decisión que hizo lugar a una media cautelar planteada por la CGT la semana pasada.
En paralelo, la jueza dio curso al amparo con el que la CGT busca que se declare inconstitucional -de forma definitiva- el DNU de Milei; es decir, abrió el expediente en el que resolverá si declara o no la inconstitucionalidad. Pero mientras eso se debata, el decreto no podrá ser aplicado por el Gobierno.
El decreto inaplicable es el DNU 340/2025, que limita el derecho de huelga ampliando los servicios esenciales. Es decir, que aumentó la cantidad de actividades que deberían garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto.
Con ese decreto, el Gobierno amplió las actividades consideradas esenciales. Es decir, las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto. Casi no hay actividades exceptuadas. Un derecho garantizado por la Constitución, como lo es del ejercicio de la huelga, pasó a estar en riesgo y motivó la acción de los gremios.
La CGT había solicitado la acción de amparo para que se decretara la invalidez constitucional de esos artículos, al argumentar que violan el principio republicano de división de poderes y el derecho y principio de libertad sindical.
Además, pidió una medida cautelar de no innovar para suspender la aplicación de los artículos hasta la sentencia definitiva.
La jueza analizó la “verosimilitud del derecho” y la “verosimilitud de la legitimidad” del decreto y expresó que no había circunstancias excepcionales que justifiquen el dictado de un DNU.
La presentación de la CGT
El armado de la presentación judicial estuvo en manos de los abogados Federico West Ocampo (Sanidad), Hugo Moyano (h.) y Marta Pujadas (Uocra), quienes consideran que el decreto presidencial “es un ataque directo al derecho de huelga” y que es “inconstitucional”.
La CGT recurrió estratégicamente a la justicia laboral teniendo en cuenta que ya en ese fuero logró frenar en el DNU 70/23, que intentó imponer una reforma laboral sin debate previo en el Congreso. Esa pulseada se dio cuando Milei no llevaba ni siquiera un mes en la Casa Rosada.
En la Casa Rosada sostuvieron que no hubo sorpresa por la decisión judicial que hizo lugar a un pedido de la CGT; recurrirán en todas las instancias LA NACION
