Los inversores argentinos afectados por una estafa ganadera en Uruguay buscan recuperar parte de lo invertido
Pasaron más de seis meses desde que se conoció el escándalo de Conexión Ganadera, la mayor estafa relacionada con el negocio ganadero en Uruguay. El fondo manejó alrededor de 400 millones de dólares aportados por más de 4200 personas y colapsó después de la caída de otros dos grupos similares: Grupo Larrarte y República Ganadera. Aunque actuaban por separado, los tres grupos aplicaban un modelo de negocio que, según especialistas y la Justicia, respondía a un esquema Ponzi. Recibían dinero de inversores —en su mayoría ajenos al sector agropecuario— y ofrecían rentabilidades fijas a cambio de integrar un sistema de cría de ganado.
El sistema se desplomó cuando se frenó el ingreso de nuevos aportantes, y quedaron al descubierto deudas impagables, activos insuficientes y promesas sin respaldo. De las más de 6000 personas afectadas, al menos 60 son argentinas. En diálogo con LA NACION, Carlos Esponda, abogado del estudio Dotta & Esponda, letrado que defiende a los afectados, explicó en qué etapa se encuentra el proceso judicial y qué expectativas tienen los inversores. Cada uno ya presentó ante el juzgado el monto invertido y el capital reclamado, y ahora esperan conocer el detalle de los activos disponibles y las posibilidades concretas de recuperar algo de lo perdido.
“Presentamos en total unas 500 personas para verificar, y de esas, entre 50 y 60 son argentinas. La Justicia ya decretó la liquidación de la firma y se va a proceder a la venta del ganado y los activos, que se repartirán entre quienes se presentaron para reclamar lo que se les debe”, detalló.
Además, anticipó que en los próximos días se presentará un informe clave elaborado por la sindicatura, en el que se precisarán los bienes disponibles (dinero, tierras, hacienda) y el pasivo total. “Estamos esperando ese informe para saber dónde estamos parados”, dijo el abogado. Según sus cálculos, la expectativa de cobro es baja: “Se calcula que podrán obtener entre el 10 y el 15 % de lo que pusieron. Lamentablemente, no más que eso”.
La liquidación judicial de Conexión Ganadera fue decretada por la Justicia uruguaya en marzo, tras declarar la insolvencia irreversible de Hernandarias XII, una de las sociedades satélite del grupo. Esa decisión habilitó el inicio del proceso, que comenzó a ejecutarse esta semana con el primero de los remates. En esta instancia se subastaron 11.178 cabezas de hacienda, parte de un stock estimado en 80.000 vacunos. La empresa también tiene unas 75.000 hectáreas que serán vendidas en las próximas etapas.
Por otro lado, Esponda detalló que además de las acciones civiles, realizó unas 50 denuncias penales en la fiscalía uruguaya. “Están investigando la estafa, el origen y destino de los fondos, los bienes, cuentas en el exterior, departamentos en paraísos fiscales. Todos los días aparece algo nuevo. Es difícil, pero estamos haciendo el seguimiento”, dijo el abogado.
La investigación penal incluye al menos 13 concursos de quiebra diferentes, ya que muchas sociedades estaban vinculadas a Conexión Ganadera o a sus directivos. “Había marcas de carne, frigoríficos, sociedades en el sector rural. No era una sola empresa: era una red de negocios interconectados”, detalló Esponda.
Entre los argentinos estafados hay quienes residen en Uruguay y otros que viven en la Argentina. Las inversiones van desde 50.000 hasta 800.000 dólares, y en algunos casos implicaban los ahorros de toda una vida. También hay damnificados de otras nacionalidades: franceses, españoles, estadounidenses, incluso un empresario indio y embajadores.
El escándalo salió a la luz en 2023, cuando Grupo Larrarte, una de las empresas involucradas, fue denunciada por operar bajo un esquema Ponzi. En los meses siguientes también colapsaron República Ganadera y Conexión Ganadera, que operaban bajo un mismo mecanismo. Captaban fondos prometiendo inversiones en ganadería y pagaban intereses elevados con el ingreso de nuevos aportantes. Según expertos del sector, estos negocios ofrecían rendimientos muy superiores a los habituales en la ganadería tradicional. En algunos casos, como el de Grupo Larrarte, las tasas llegaban al 11,3% en dólares, frente al 3 o 4% que suele rendir la actividad convencional.
A diferencia de las otras firmas, más pequeñas y de reciente creación, Conexión Ganadera tenía una trayectoria de 25 años y una imagen consolidada en el mercado, lo que generó gran confianza entre inversores locales y extranjeros. La crisis en esta empresa se profundizó tras la muerte de uno de sus principales directivos, Gustavo Basso, en un accidente automovilístico ocurrido en noviembre de 2023. Para entonces, las dudas sobre la sostenibilidad del modelo ya eran generalizadas y comenzaron a acumularse las denuncias. Aunque la firma afirmaba manejar unos US$400 millones, los activos disponibles apenas alcanzaban los US$150 millones.
Pasaron más de seis meses desde que se conoció el escándalo de Conexión Ganadera, la mayor estafa relacionada con el negocio ganadero en Uruguay. El fondo manejó alrededor de 400 millones de dólares aportados por más de 4200 personas y colapsó después de la caída de otros dos grupos similares: Grupo Larrarte y República Ganadera. Aunque actuaban por separado, los tres grupos aplicaban un modelo de negocio que, según especialistas y la Justicia, respondía a un esquema Ponzi. Recibían dinero de inversores —en su mayoría ajenos al sector agropecuario— y ofrecían rentabilidades fijas a cambio de integrar un sistema de cría de ganado.
El sistema se desplomó cuando se frenó el ingreso de nuevos aportantes, y quedaron al descubierto deudas impagables, activos insuficientes y promesas sin respaldo. De las más de 6000 personas afectadas, al menos 60 son argentinas. En diálogo con LA NACION, Carlos Esponda, abogado del estudio Dotta & Esponda, letrado que defiende a los afectados, explicó en qué etapa se encuentra el proceso judicial y qué expectativas tienen los inversores. Cada uno ya presentó ante el juzgado el monto invertido y el capital reclamado, y ahora esperan conocer el detalle de los activos disponibles y las posibilidades concretas de recuperar algo de lo perdido.
“Presentamos en total unas 500 personas para verificar, y de esas, entre 50 y 60 son argentinas. La Justicia ya decretó la liquidación de la firma y se va a proceder a la venta del ganado y los activos, que se repartirán entre quienes se presentaron para reclamar lo que se les debe”, detalló.
Además, anticipó que en los próximos días se presentará un informe clave elaborado por la sindicatura, en el que se precisarán los bienes disponibles (dinero, tierras, hacienda) y el pasivo total. “Estamos esperando ese informe para saber dónde estamos parados”, dijo el abogado. Según sus cálculos, la expectativa de cobro es baja: “Se calcula que podrán obtener entre el 10 y el 15 % de lo que pusieron. Lamentablemente, no más que eso”.
La liquidación judicial de Conexión Ganadera fue decretada por la Justicia uruguaya en marzo, tras declarar la insolvencia irreversible de Hernandarias XII, una de las sociedades satélite del grupo. Esa decisión habilitó el inicio del proceso, que comenzó a ejecutarse esta semana con el primero de los remates. En esta instancia se subastaron 11.178 cabezas de hacienda, parte de un stock estimado en 80.000 vacunos. La empresa también tiene unas 75.000 hectáreas que serán vendidas en las próximas etapas.
Por otro lado, Esponda detalló que además de las acciones civiles, realizó unas 50 denuncias penales en la fiscalía uruguaya. “Están investigando la estafa, el origen y destino de los fondos, los bienes, cuentas en el exterior, departamentos en paraísos fiscales. Todos los días aparece algo nuevo. Es difícil, pero estamos haciendo el seguimiento”, dijo el abogado.
La investigación penal incluye al menos 13 concursos de quiebra diferentes, ya que muchas sociedades estaban vinculadas a Conexión Ganadera o a sus directivos. “Había marcas de carne, frigoríficos, sociedades en el sector rural. No era una sola empresa: era una red de negocios interconectados”, detalló Esponda.
Entre los argentinos estafados hay quienes residen en Uruguay y otros que viven en la Argentina. Las inversiones van desde 50.000 hasta 800.000 dólares, y en algunos casos implicaban los ahorros de toda una vida. También hay damnificados de otras nacionalidades: franceses, españoles, estadounidenses, incluso un empresario indio y embajadores.
El escándalo salió a la luz en 2023, cuando Grupo Larrarte, una de las empresas involucradas, fue denunciada por operar bajo un esquema Ponzi. En los meses siguientes también colapsaron República Ganadera y Conexión Ganadera, que operaban bajo un mismo mecanismo. Captaban fondos prometiendo inversiones en ganadería y pagaban intereses elevados con el ingreso de nuevos aportantes. Según expertos del sector, estos negocios ofrecían rendimientos muy superiores a los habituales en la ganadería tradicional. En algunos casos, como el de Grupo Larrarte, las tasas llegaban al 11,3% en dólares, frente al 3 o 4% que suele rendir la actividad convencional.
A diferencia de las otras firmas, más pequeñas y de reciente creación, Conexión Ganadera tenía una trayectoria de 25 años y una imagen consolidada en el mercado, lo que generó gran confianza entre inversores locales y extranjeros. La crisis en esta empresa se profundizó tras la muerte de uno de sus principales directivos, Gustavo Basso, en un accidente automovilístico ocurrido en noviembre de 2023. Para entonces, las dudas sobre la sostenibilidad del modelo ya eran generalizadas y comenzaron a acumularse las denuncias. Aunque la firma afirmaba manejar unos US$400 millones, los activos disponibles apenas alcanzaban los US$150 millones.
Conexión Ganadera manejaba US$400 millones y colapsó tras la caída de otros dos fondos similares; la Justicia uruguaya ya comenzó los remates de hacienda y tierras LA NACION
