Una chanza contra el apellido Kirchner, Milei desconcierta en campaña y la nueva irreverencia de un viejo provocador
Alejo Maxit está envuelto en una de las mayores paradojas que puede enfrentar el timón de una empresa de servicios públicos. El presidente de AySA ya tiene lista una obra clave para el servicio de cloacas en el área metropolitana de Buenos Aires. Se llama Lote 2 y es la única que falta para poner en marcha el Sistema Riachuelo, el mayor proyecto en ese rubro en los últimos 75 años.
La inminente inauguración pondría de buen humor a cualquier político en campaña, como Javier Milei, quien quiere asegurarse el dominio electoral en la provincia de Buenos Aires en septiembre y octubre. Pero Maxit y su equipo no saben si habrá difusión oficial del corte de cintas.
El gobierno libertario puso patas para arriba la tradición del político argentino, a tal punto que el Presidente no inaugura las pocas obras que hace su gestión, mientras que el manual del conurbano indica que un funcionario debe usar las tijeras para las fotos aunque no haya nada real para mostrar.
La misma obra de Lote 2 es un buen ejemplo. Se hablaba de su necesidad en los años de Carlos Menem y estuvo varias veces en boca del kirchnerismo, pero recién se terminaría este mes. De hecho, se están haciendo las últimas pruebas.
La Casa Rosada tiene el objetivo declarado de no hacer obra pública porque la considera un nido de mafias. “Todo era corrupción”, dijo Caputo sobre la obra pública heredada de Alberto Fernández y Cristina Kirchner el viernes a la noche en el streaming híper oficialista Carajo, con el Gordo Dan y el equipo económico en una charla de anécdotas.
Pese al desgano, la sola situación de estar en el poder obliga a cumplir con el rol en la conducción del Estado empresario.
Hay engranajes que, lentos, giran. Se lo reconoció el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, a distintos gobernadores, intendentes y jefes de compañías nacionales que golpearon su puerta en el último tiempo.
La función de Guberman implica abrir cada tanto el grifo de los fondos públicos en un gobierno que se caracteriza por haber cerrado casi todas las llaves. Rechaza el hecho de que esta administración no haga ninguna obra pública. Más bien, corrige, dice que elige.
Aunque parezca un cambio de ruta en el ideal libertario, solo se trata de un desvío en el marco del plan. Diego Chaher, el encargado de la privatización de empresas designado por Santiago Caputo, tiene desde hace varias semanas la propuesta para vender la compañía. Ya está listo también el denominado “informe circunstancial”, documento que tiene que aprobar Milei.
La idea es embellecer a las empresas públicas para mejorar sus posibilidades de encontrarles nuevos dueños. Es como hacer chapa y pintura antes de poner en venta el auto. La firma de aguas y cloacas, de hecho, espera colocar deuda en el sector privado a una tasa conveniente, siempre que Caputo lo apruebe.
Las represas de Santa Cruz
El Gobierno ya tiene quien le ayude a buscar comprador para AySA. Se trata de la IFC, el brazo de inversión privada del Banco Mundial, que le está prestando asesoramiento en distintos temas a la administración libertaria.
El equipo económico está convencido de retirarse del cordón-cuneta, la obra clásica de los pagos chicos para engrosar el empleo más barato en los municipios, pero no descarta objetivos más grandes, mucho más grandes.
En el reverso de esta intención se oculta una decisión justificada por cuestiones técnicas, pero también abierta a connotaciones políticas.
Tanto el equipo económico como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, están involucrados para encontrarles una salida a las represas patagónicas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Es un proyecto faraónico en Santa Cruz financiado con fondos chinos que anunció Cristina Kirchner, pero tuvo traspiés recurrentes incluso en los gobiernos kirchneristas.
Hasta Santiago Caputo mira tangencialmente el tema mediante Tristán Socas (presidente de Enarsa, la empresa a cargo del proyecto), reclutado a su vez por Francisco Caputo, hermano del asesor de Milei.
Todos ellos tuvieron una reunión emblemática para tratar el tema al más alto nivel en marzo pasado. Todo a pedido del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal (fue el que pidió la reunión y estuvo allí). La lista de invitados se completó con el embajador chino en el país, Wang WEI; el CEO de la contratista China Gezhouba Group Company Limited, Zhang Jun, y el coordinador del área energética, Daniel González.
Las represas patagónicas representan la iniciativa de inversión más grande de la Argentina. Tienen un presupuesto total cercano a los US$5000 millones, de los cuales ya se usaron US$1850 millones.
Lo curioso es que la represa Cepernic tiene un grado de avance de 46%, mientras que la Kirchner muestra una evolución del 17%. Sobre esa evidencia, el Gobierno considera que resultaría más conveniente concentrar todos los recursos humanos y económicos en la primera y postergar la que lleva el nombre del expresidente.
El destino del Procrear
Una parte del equipo económico está concentrada en buscar alternativas para adelgazar la herencia de Alberto Fernández en materia de infraestructura que hoy está frenada. En las próximas semanas habrá novedades con el destino de las viviendas a medio construir del Procrear, el plan público para aumentar la oferta habitacional que suspendió el gobierno de Milei.
Entre el caos final de Alberto Fernández y la motosierra libertaria, quedaron en el camino cientos de viviendas a medio hacer que tienen un valor económico. El desinterés oficial por esa clase de inversión pública es tal que el Gobierno llegó incluso a cerrar la Secretaría de Vivienda. Algunos gobernadores e intendentes buscan recuperar esas casas inconclusas.
Uno de los que acercó propuestas es Diego Valenzuela, jefe comunal de Tres de Febrero, compañero de universidad de Milei y migrante pionero desde Pro hacia La Libertad Avanza en el marco del éxodo de dirigentes que sufre el partido creado por Mauricio Macri.
Entre las ideas que circulan está la posibilidad de que el Gobierno “les venda” las casas del Procrear sin terminar a las intendencias, por ejemplo. Estas últimas, luego, licitarían las viviendas inconclusas entre oferentes del sector privado con ciertas condicionalidades. Por ejemplo, que tengan un precio asequible, por mencionar una opción aún no definida.
Los municipios compensarían al gobierno nacional por la cesión dejando de recibir algunas obligaciones que el Estado tiene con ellos. Es un combo que parece apropiado para la Casa Rosada, que mantiene como principal objetivo sostener el superávit fiscal.
¿Veto a los jubilados?
Mantener ese norte implica decisiones costosas, como el hecho de vetar una recomposición de los ingresos de los jubilados en caso de que el Senado refrende lo que ya decidieron los diputados. Más allá de los oportunismos habituales de la política, los números acompañan el impulso de los legisladores. Por ejemplo, un jubilado que en septiembre de 2017 ganaba $20.000 recibió en marzo último $724.080, pero le faltaron poco más de $695.000 para tener el mismo poder de compra que durante aquel mes de la gestión de Mauricio Macri. En otros términos, perdió por el camino casi uno de cada dos pesos que tenía cada mes.
Pocas convicciones tan fuertes ha mostrado el Gobierno como en ese caso sensible. Milei, Caputo, y detrás de ellos el resto de los funcionarios que tallan en la cuestión económica prefieren recomponer potencialmente esos ingresos mediante la desinflación y la recuperación esperada del empleo formal.
La política fiscal lastima incluso a la propia tropa. A tal punto que sensibilizó a Federico Sturzenegger (Desregulación), halcón de la motosierra y presunto inspirador del papel que tuvo el eyectado Elon Musk en el gobierno de Donald Trump.
El “titán”, como le dice Milei, hizo gestiones con el Presidente para recomponer los ingresos de una parte de la conducción del Estado, cuyos salarios están congelados desde diciembre de 2023. Su propuesta no prosperó.
En cambio, encontró una alternativa para aumentar las denominadas unidades retributivas (UR) que sirven para el cálculo de lo que hay que pagar a través de una resolución en cabeza de la Jefatura de Gabinete. Un ejemplo: Santiago Caputo cobra 3750 UR que, a mediados del año pasado -la última cifra dada a conocer- representaban poco más de $2,5 millones mensuales. Una cifra menor con respecto al presupuesto sobre el que tiene injerencia.
Atender la situación de ingresos de quienes sufren el ajuste son cosas del futuro antes que del hoy. El presente está dominado por la pelea contra los precios, el cuerpo de masas alrededor del cual gira todo lo demás en el plan económico libertario. Los precios son, también, los enemigos reblandecidos capaces de darles más rápido buenas noticias a la avanzada libertaria.
El Gobierno asume que este mes la inflación comenzará con el número uno. Es algo que no ocurre desde julio de 2020, en medio de la pandemia.
Luis Caputo sigue estos temas minuto a minuto personalmente, recibe información de su equipo y la vuelca en público. Hace algunos días, recibió un mensaje del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, que celebraba la baja de precios del iPhone 16 tras la reducción de aranceles a la importación.
El ministro lo destacó públicamente durante una presentación en la Fundación Federalismo y Libertad, en Tucumán. Lavigne, a su vez, había recibido la información de un importador que le mostró una caída de $2,7 millones a $2,2 millones para el último modelo del teléfono de la manzanita. No es solo un ejemplo simpático. La llegada de productos de afuera forma parte del otro triángulo de hierro: el que componen la importación, la reducción de la impresión de moneda atada al superávit y el hecho de no comprar reservas que fortalezcan al Banco Central para colaborar con la baja de precios mediante el tipo de cambio.
Muestra, también, que los empresarios empezaron a prestarle un poco menos de atención a lo que hace el Gobierno y están más atentos a los movimientos de su competencia.
El miércoles por la noche habrá una novedad que coronará esa tendencia. Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, fue el eje de las críticas libertarias a principios de 2024, pero las dos partes reencauzaron las diferencias con el paso del tiempo.
El empresario, vocero destacado del sector en el pasado cercano, está ahora mirando sus negocios. Inaugurará a mediados de la semana un fastuoso sanatorio de US$80 millones en el exclusivo Nordelta, donde no recibirá afiliados de su competidora OSDE. Es la última irreverencia de un viejo provocador. Allí sí, en cambio, habrá corte de cintas.
Alejo Maxit está envuelto en una de las mayores paradojas que puede enfrentar el timón de una empresa de servicios públicos. El presidente de AySA ya tiene lista una obra clave para el servicio de cloacas en el área metropolitana de Buenos Aires. Se llama Lote 2 y es la única que falta para poner en marcha el Sistema Riachuelo, el mayor proyecto en ese rubro en los últimos 75 años.
La inminente inauguración pondría de buen humor a cualquier político en campaña, como Javier Milei, quien quiere asegurarse el dominio electoral en la provincia de Buenos Aires en septiembre y octubre. Pero Maxit y su equipo no saben si habrá difusión oficial del corte de cintas.
El gobierno libertario puso patas para arriba la tradición del político argentino, a tal punto que el Presidente no inaugura las pocas obras que hace su gestión, mientras que el manual del conurbano indica que un funcionario debe usar las tijeras para las fotos aunque no haya nada real para mostrar.
La misma obra de Lote 2 es un buen ejemplo. Se hablaba de su necesidad en los años de Carlos Menem y estuvo varias veces en boca del kirchnerismo, pero recién se terminaría este mes. De hecho, se están haciendo las últimas pruebas.
La Casa Rosada tiene el objetivo declarado de no hacer obra pública porque la considera un nido de mafias. “Todo era corrupción”, dijo Caputo sobre la obra pública heredada de Alberto Fernández y Cristina Kirchner el viernes a la noche en el streaming híper oficialista Carajo, con el Gordo Dan y el equipo económico en una charla de anécdotas.
Pese al desgano, la sola situación de estar en el poder obliga a cumplir con el rol en la conducción del Estado empresario.
Hay engranajes que, lentos, giran. Se lo reconoció el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, a distintos gobernadores, intendentes y jefes de compañías nacionales que golpearon su puerta en el último tiempo.
La función de Guberman implica abrir cada tanto el grifo de los fondos públicos en un gobierno que se caracteriza por haber cerrado casi todas las llaves. Rechaza el hecho de que esta administración no haga ninguna obra pública. Más bien, corrige, dice que elige.
Aunque parezca un cambio de ruta en el ideal libertario, solo se trata de un desvío en el marco del plan. Diego Chaher, el encargado de la privatización de empresas designado por Santiago Caputo, tiene desde hace varias semanas la propuesta para vender la compañía. Ya está listo también el denominado “informe circunstancial”, documento que tiene que aprobar Milei.
La idea es embellecer a las empresas públicas para mejorar sus posibilidades de encontrarles nuevos dueños. Es como hacer chapa y pintura antes de poner en venta el auto. La firma de aguas y cloacas, de hecho, espera colocar deuda en el sector privado a una tasa conveniente, siempre que Caputo lo apruebe.
Las represas de Santa Cruz
El Gobierno ya tiene quien le ayude a buscar comprador para AySA. Se trata de la IFC, el brazo de inversión privada del Banco Mundial, que le está prestando asesoramiento en distintos temas a la administración libertaria.
El equipo económico está convencido de retirarse del cordón-cuneta, la obra clásica de los pagos chicos para engrosar el empleo más barato en los municipios, pero no descarta objetivos más grandes, mucho más grandes.
En el reverso de esta intención se oculta una decisión justificada por cuestiones técnicas, pero también abierta a connotaciones políticas.
Tanto el equipo económico como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, están involucrados para encontrarles una salida a las represas patagónicas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Es un proyecto faraónico en Santa Cruz financiado con fondos chinos que anunció Cristina Kirchner, pero tuvo traspiés recurrentes incluso en los gobiernos kirchneristas.
Hasta Santiago Caputo mira tangencialmente el tema mediante Tristán Socas (presidente de Enarsa, la empresa a cargo del proyecto), reclutado a su vez por Francisco Caputo, hermano del asesor de Milei.
Todos ellos tuvieron una reunión emblemática para tratar el tema al más alto nivel en marzo pasado. Todo a pedido del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal (fue el que pidió la reunión y estuvo allí). La lista de invitados se completó con el embajador chino en el país, Wang WEI; el CEO de la contratista China Gezhouba Group Company Limited, Zhang Jun, y el coordinador del área energética, Daniel González.
Las represas patagónicas representan la iniciativa de inversión más grande de la Argentina. Tienen un presupuesto total cercano a los US$5000 millones, de los cuales ya se usaron US$1850 millones.
Lo curioso es que la represa Cepernic tiene un grado de avance de 46%, mientras que la Kirchner muestra una evolución del 17%. Sobre esa evidencia, el Gobierno considera que resultaría más conveniente concentrar todos los recursos humanos y económicos en la primera y postergar la que lleva el nombre del expresidente.
El destino del Procrear
Una parte del equipo económico está concentrada en buscar alternativas para adelgazar la herencia de Alberto Fernández en materia de infraestructura que hoy está frenada. En las próximas semanas habrá novedades con el destino de las viviendas a medio construir del Procrear, el plan público para aumentar la oferta habitacional que suspendió el gobierno de Milei.
Entre el caos final de Alberto Fernández y la motosierra libertaria, quedaron en el camino cientos de viviendas a medio hacer que tienen un valor económico. El desinterés oficial por esa clase de inversión pública es tal que el Gobierno llegó incluso a cerrar la Secretaría de Vivienda. Algunos gobernadores e intendentes buscan recuperar esas casas inconclusas.
Uno de los que acercó propuestas es Diego Valenzuela, jefe comunal de Tres de Febrero, compañero de universidad de Milei y migrante pionero desde Pro hacia La Libertad Avanza en el marco del éxodo de dirigentes que sufre el partido creado por Mauricio Macri.
Entre las ideas que circulan está la posibilidad de que el Gobierno “les venda” las casas del Procrear sin terminar a las intendencias, por ejemplo. Estas últimas, luego, licitarían las viviendas inconclusas entre oferentes del sector privado con ciertas condicionalidades. Por ejemplo, que tengan un precio asequible, por mencionar una opción aún no definida.
Los municipios compensarían al gobierno nacional por la cesión dejando de recibir algunas obligaciones que el Estado tiene con ellos. Es un combo que parece apropiado para la Casa Rosada, que mantiene como principal objetivo sostener el superávit fiscal.
¿Veto a los jubilados?
Mantener ese norte implica decisiones costosas, como el hecho de vetar una recomposición de los ingresos de los jubilados en caso de que el Senado refrende lo que ya decidieron los diputados. Más allá de los oportunismos habituales de la política, los números acompañan el impulso de los legisladores. Por ejemplo, un jubilado que en septiembre de 2017 ganaba $20.000 recibió en marzo último $724.080, pero le faltaron poco más de $695.000 para tener el mismo poder de compra que durante aquel mes de la gestión de Mauricio Macri. En otros términos, perdió por el camino casi uno de cada dos pesos que tenía cada mes.
Pocas convicciones tan fuertes ha mostrado el Gobierno como en ese caso sensible. Milei, Caputo, y detrás de ellos el resto de los funcionarios que tallan en la cuestión económica prefieren recomponer potencialmente esos ingresos mediante la desinflación y la recuperación esperada del empleo formal.
La política fiscal lastima incluso a la propia tropa. A tal punto que sensibilizó a Federico Sturzenegger (Desregulación), halcón de la motosierra y presunto inspirador del papel que tuvo el eyectado Elon Musk en el gobierno de Donald Trump.
El “titán”, como le dice Milei, hizo gestiones con el Presidente para recomponer los ingresos de una parte de la conducción del Estado, cuyos salarios están congelados desde diciembre de 2023. Su propuesta no prosperó.
En cambio, encontró una alternativa para aumentar las denominadas unidades retributivas (UR) que sirven para el cálculo de lo que hay que pagar a través de una resolución en cabeza de la Jefatura de Gabinete. Un ejemplo: Santiago Caputo cobra 3750 UR que, a mediados del año pasado -la última cifra dada a conocer- representaban poco más de $2,5 millones mensuales. Una cifra menor con respecto al presupuesto sobre el que tiene injerencia.
Atender la situación de ingresos de quienes sufren el ajuste son cosas del futuro antes que del hoy. El presente está dominado por la pelea contra los precios, el cuerpo de masas alrededor del cual gira todo lo demás en el plan económico libertario. Los precios son, también, los enemigos reblandecidos capaces de darles más rápido buenas noticias a la avanzada libertaria.
El Gobierno asume que este mes la inflación comenzará con el número uno. Es algo que no ocurre desde julio de 2020, en medio de la pandemia.
Luis Caputo sigue estos temas minuto a minuto personalmente, recibe información de su equipo y la vuelca en público. Hace algunos días, recibió un mensaje del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, que celebraba la baja de precios del iPhone 16 tras la reducción de aranceles a la importación.
El ministro lo destacó públicamente durante una presentación en la Fundación Federalismo y Libertad, en Tucumán. Lavigne, a su vez, había recibido la información de un importador que le mostró una caída de $2,7 millones a $2,2 millones para el último modelo del teléfono de la manzanita. No es solo un ejemplo simpático. La llegada de productos de afuera forma parte del otro triángulo de hierro: el que componen la importación, la reducción de la impresión de moneda atada al superávit y el hecho de no comprar reservas que fortalezcan al Banco Central para colaborar con la baja de precios mediante el tipo de cambio.
Muestra, también, que los empresarios empezaron a prestarle un poco menos de atención a lo que hace el Gobierno y están más atentos a los movimientos de su competencia.
El miércoles por la noche habrá una novedad que coronará esa tendencia. Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, fue el eje de las críticas libertarias a principios de 2024, pero las dos partes reencauzaron las diferencias con el paso del tiempo.
El empresario, vocero destacado del sector en el pasado cercano, está ahora mirando sus negocios. Inaugurará a mediados de la semana un fastuoso sanatorio de US$80 millones en el exclusivo Nordelta, donde no recibirá afiliados de su competidora OSDE. Es la última irreverencia de un viejo provocador. Allí sí, en cambio, habrá corte de cintas.
El Gobierno vive una tensa relación con la obra pública y los salarios de los funcionarios, y solo pone el foco en el dato clave que se conocerá durante esta semana LA NACION
