Tucumán: una intendencia radical y otra peronista desafían al gobernador Jaldo en la Justicia
El viejo “pacto social” de Tucumán, como se conoce al modo en que la provincia acuerda la distribución de los recursos con casi todas las intendencias, comienza a mostrar fisuras.
Dos municipios, primero uno radical, en 2023, y luego otro de extracción peronista, a principios de este año, decidieron abrirse de este régimen, por el cual el gobierno provincial se hace cargo de los gastos corrientes de las intendencias, a cambio de que estas renuncien al 100% de lo que les corresponde por coparticipación. Es decir, cada una a su turno, solicitó a la provincia convertirse en las administradores de los fondos que antes cedían.
Se trata del municipio de Concepción, donde manda el radicalismo, y el de Tafí Viejo, en manos del kirchnerismo. Consideran que les irá mejor librados a su propio designio con los recursos que por ley les corresponden. Así, se sumaron a San Miguel de Tucumán, la capital, que siempre estuvo fuera del pacto, y a la modesta Burruyacú, cuyo municipio cuenta con menos de 3000 habitantes, que también administra sus propios recursos.
Ahora, tanto Concepción como Tafí Viejo redoblan la apuesta y, por caminos separados, exploran en la Justicia tucumana cómo hacer caer las “injusticias” inherentes a las leyes que regulan localmente la coparticipación, a las que están sometidas tras su renunciamiento. Esta suerte de rebeldía contra la administración central se da en momentos en que Tucumán atraviesa una crisis política por la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de intervenir el municipio de Juan Bautista Alberdi por presuntos lazos de su intendente con el narcotráfico.
La revuelta fiscal comenzó en Concepción con el radical Alejandro Molinuevo. Guiado judicialmente por el constitucionalista Antonio María Hernández, llevó sus reclamos municipales a la Corte provincial. En el planteo, sostienen que tanto el pacto fiscal como algunos artículos de la coparticipación -los dos modos de financiamiento- son directamente “inconstitucionales”, principalmente, por vulnerar la autonomía de los municipios.
Molinuevo afirma que en su empresa contra la provincia recibe el aliento de otros intendentes peronistas. “No aflojes”, lo arengan en reserva, asegura el concepcionense.
En su origen, la acción estuvo acompañada por otras dos intendencias opositoras al PJ, Yerba Buena y Bella Vista, que terminarían luego acordando con la gobernación y abandonando la demanda.
Por ahora, el planteo de Concepción corre en la Justicia con suerte dispar: la Corte provincial abrió una etapa para recolectar prueba, pero negó incorporar al expediente algunos registros que se presumen públicos como los fondos que el ministerio de Economía local recibe de Nación.
Con todo, creen que el éxito de la jugada dependerá de lo que eventualmente decida la Corte Suprema, a donde piensan escalar con su reclamo.
Antecedentes
El caso de la municipalidad de La Banda contra Santiago del Estero, en 2018, se presenta como uno de los precedentes favorables. Allí, el máximo tribunal obligó a la Corte provincial a atender los planteos de la ciudad, que reclamaba una actualización en los índices de la coparticipación.
La insurrección siguió por Tafí Viejo. Tras varios desencuentros con la provincia respecto a una presunta deuda, el municipio decidió correrse del viejo esquema y recibir directamente los fondos. Ahora, evalúan cómo extender su disconformidad en la Justicia. En principio, consideran que el planteo de Concepción respecto a la inconstitucionalidad de las leyes es demasiado “abstracto” para encauzar su propio reclamo, que es por 1500 millones de pesos que asumen como propios.
En esta última emancipación no jugó solo lo financiero. El municipio está manejado por Alejandra González, pareja del dos veces intendente Javier Noguera, un dirigente cercano a Cristina Kirchner, molesto con los acercamientos intermitentes que el gobernador Osvaldo Jaldo ensaya con la gestión libertaria.
Tras la salida, el gobernador Jaldo cargó contra el municipio públicamente. “Cuando uno comete un error, cuesta repararlo y el error que ha cometido Tafí Viejo es salir anticipadamente del Pacto Social”, aseguró el jefe comunal, que ya anticipó su voluntad de suspender el pacto social, al igual que lo había hecho en su momento el propio Alperovich. Ahora, la Justicia provincial dictó un embargo contra Tafí Viejo por 200 millones de pesos.
Afinar el lápiz
Los intendentes se enfrentan semestralmente a un dilema: dormir al abrigo de la provincia, sabiendo que las planillas salariales estarán al día, pero resignando margen y autonomía política o, por el contrario, lanzarse a la aventura de la autonomía con los recursos de la coparticipación, asumiendo los riesgos que implica convertirse en sus propios jefes.
Para muchos, el cálculo que deben hacer viene con decimales. La salida del acuerdo no siempre se traduce en una mayor autonomía. En las leyes que reparten internamente la coparticipación, las intendencias están calificadas en tres niveles. Concepción, con más de 40 mil habitantes, por ejemplo, está catalogada como de “primera categoría”, al igual que Tafí Viejo. Pero otras, con menos población, son consideradas de “segunda” o incluso de “tercera categoría”, como Burruyacú, que, afuera del pacto, ha tenido que pedir asistencia extra a la provincia.
El “pacto social” o “fiscal” fue la salida que encontró la provincia a la crisis que terminaría de explotar en 2001. Los números en la mayoría de los distritos ardían y para algunos de ellos era imposible afrontar los gastos básicos. Con el nuevo esquema, la gobernación se hacía cargo de las planillas salariales, a cambio de que los municipios cedieran el 100% de su coparticipación.
Se ideó como un parche fiscal, bajo la gobernación de Julio Miranda, con José Alperovich como ministro de Economía, pero con en el tiempo se convirtió en una eficaz herramienta para el disciplinamiento político: ese trueque nunca se formalizó y cada municipio lo renueva voluntaria y periódicamente en conversaciones con la provincia. Sobre esa base, se posan acusaciones de favoritismos en el reparto. “Hay queridos y no queridos”, dice un peronista.
La polémica sobre una presunta discrecionalidad en el manejo de los fondos se encendió en agosto del año pasado cuando quedó sobre la mesa que La Banda de Río Salí, un municipio que comanda Gonzalo Monteros, hijo del ministro de Interior de Jaldo, Darío Monteros, recibía el doble de recursos que otros distritos con una población similar, como Tafí Viejo. El contrargumento por parte de la gobernación fue que Río Salí tiene una plantilla de empleados en blanco –la base de todos los acuerdos- mucho más extensa.
En la demanda que encabeza Concepción, una de las pruebas que la Corte tucumana rechazó incorporar fue cada uno de los giros que salieron desde la gobernación tucumana a los municipios, sea por pacto fiscal o por coparticipación. La Corte argumentó que no estaba claro qué se quería probar con ese requerimiento, además de que podía quebrar la confidencialidad de “ciertos movimientos financieros”.
El viejo “pacto social” de Tucumán, como se conoce al modo en que la provincia acuerda la distribución de los recursos con casi todas las intendencias, comienza a mostrar fisuras.
Dos municipios, primero uno radical, en 2023, y luego otro de extracción peronista, a principios de este año, decidieron abrirse de este régimen, por el cual el gobierno provincial se hace cargo de los gastos corrientes de las intendencias, a cambio de que estas renuncien al 100% de lo que les corresponde por coparticipación. Es decir, cada una a su turno, solicitó a la provincia convertirse en las administradores de los fondos que antes cedían.
Se trata del municipio de Concepción, donde manda el radicalismo, y el de Tafí Viejo, en manos del kirchnerismo. Consideran que les irá mejor librados a su propio designio con los recursos que por ley les corresponden. Así, se sumaron a San Miguel de Tucumán, la capital, que siempre estuvo fuera del pacto, y a la modesta Burruyacú, cuyo municipio cuenta con menos de 3000 habitantes, que también administra sus propios recursos.
Ahora, tanto Concepción como Tafí Viejo redoblan la apuesta y, por caminos separados, exploran en la Justicia tucumana cómo hacer caer las “injusticias” inherentes a las leyes que regulan localmente la coparticipación, a las que están sometidas tras su renunciamiento. Esta suerte de rebeldía contra la administración central se da en momentos en que Tucumán atraviesa una crisis política por la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de intervenir el municipio de Juan Bautista Alberdi por presuntos lazos de su intendente con el narcotráfico.
La revuelta fiscal comenzó en Concepción con el radical Alejandro Molinuevo. Guiado judicialmente por el constitucionalista Antonio María Hernández, llevó sus reclamos municipales a la Corte provincial. En el planteo, sostienen que tanto el pacto fiscal como algunos artículos de la coparticipación -los dos modos de financiamiento- son directamente “inconstitucionales”, principalmente, por vulnerar la autonomía de los municipios.
Molinuevo afirma que en su empresa contra la provincia recibe el aliento de otros intendentes peronistas. “No aflojes”, lo arengan en reserva, asegura el concepcionense.
En su origen, la acción estuvo acompañada por otras dos intendencias opositoras al PJ, Yerba Buena y Bella Vista, que terminarían luego acordando con la gobernación y abandonando la demanda.
Por ahora, el planteo de Concepción corre en la Justicia con suerte dispar: la Corte provincial abrió una etapa para recolectar prueba, pero negó incorporar al expediente algunos registros que se presumen públicos como los fondos que el ministerio de Economía local recibe de Nación.
Con todo, creen que el éxito de la jugada dependerá de lo que eventualmente decida la Corte Suprema, a donde piensan escalar con su reclamo.
Antecedentes
El caso de la municipalidad de La Banda contra Santiago del Estero, en 2018, se presenta como uno de los precedentes favorables. Allí, el máximo tribunal obligó a la Corte provincial a atender los planteos de la ciudad, que reclamaba una actualización en los índices de la coparticipación.
La insurrección siguió por Tafí Viejo. Tras varios desencuentros con la provincia respecto a una presunta deuda, el municipio decidió correrse del viejo esquema y recibir directamente los fondos. Ahora, evalúan cómo extender su disconformidad en la Justicia. En principio, consideran que el planteo de Concepción respecto a la inconstitucionalidad de las leyes es demasiado “abstracto” para encauzar su propio reclamo, que es por 1500 millones de pesos que asumen como propios.
En esta última emancipación no jugó solo lo financiero. El municipio está manejado por Alejandra González, pareja del dos veces intendente Javier Noguera, un dirigente cercano a Cristina Kirchner, molesto con los acercamientos intermitentes que el gobernador Osvaldo Jaldo ensaya con la gestión libertaria.
Tras la salida, el gobernador Jaldo cargó contra el municipio públicamente. “Cuando uno comete un error, cuesta repararlo y el error que ha cometido Tafí Viejo es salir anticipadamente del Pacto Social”, aseguró el jefe comunal, que ya anticipó su voluntad de suspender el pacto social, al igual que lo había hecho en su momento el propio Alperovich. Ahora, la Justicia provincial dictó un embargo contra Tafí Viejo por 200 millones de pesos.
Afinar el lápiz
Los intendentes se enfrentan semestralmente a un dilema: dormir al abrigo de la provincia, sabiendo que las planillas salariales estarán al día, pero resignando margen y autonomía política o, por el contrario, lanzarse a la aventura de la autonomía con los recursos de la coparticipación, asumiendo los riesgos que implica convertirse en sus propios jefes.
Para muchos, el cálculo que deben hacer viene con decimales. La salida del acuerdo no siempre se traduce en una mayor autonomía. En las leyes que reparten internamente la coparticipación, las intendencias están calificadas en tres niveles. Concepción, con más de 40 mil habitantes, por ejemplo, está catalogada como de “primera categoría”, al igual que Tafí Viejo. Pero otras, con menos población, son consideradas de “segunda” o incluso de “tercera categoría”, como Burruyacú, que, afuera del pacto, ha tenido que pedir asistencia extra a la provincia.
El “pacto social” o “fiscal” fue la salida que encontró la provincia a la crisis que terminaría de explotar en 2001. Los números en la mayoría de los distritos ardían y para algunos de ellos era imposible afrontar los gastos básicos. Con el nuevo esquema, la gobernación se hacía cargo de las planillas salariales, a cambio de que los municipios cedieran el 100% de su coparticipación.
Se ideó como un parche fiscal, bajo la gobernación de Julio Miranda, con José Alperovich como ministro de Economía, pero con en el tiempo se convirtió en una eficaz herramienta para el disciplinamiento político: ese trueque nunca se formalizó y cada municipio lo renueva voluntaria y periódicamente en conversaciones con la provincia. Sobre esa base, se posan acusaciones de favoritismos en el reparto. “Hay queridos y no queridos”, dice un peronista.
La polémica sobre una presunta discrecionalidad en el manejo de los fondos se encendió en agosto del año pasado cuando quedó sobre la mesa que La Banda de Río Salí, un municipio que comanda Gonzalo Monteros, hijo del ministro de Interior de Jaldo, Darío Monteros, recibía el doble de recursos que otros distritos con una población similar, como Tafí Viejo. El contrargumento por parte de la gobernación fue que Río Salí tiene una plantilla de empleados en blanco –la base de todos los acuerdos- mucho más extensa.
En la demanda que encabeza Concepción, una de las pruebas que la Corte tucumana rechazó incorporar fue cada uno de los giros que salieron desde la gobernación tucumana a los municipios, sea por pacto fiscal o por coparticipación. La Corte argumentó que no estaba claro qué se quería probar con ese requerimiento, además de que podía quebrar la confidencialidad de “ciertos movimientos financieros”.
Concepción y Tafí Viejo se abrieron del “pacto social”, el régimen que ideó José Alperovich y que priva a los municipios de los recursos de la coparticipación a cambio del pago de salarios; la pelea por los fondos se libra en la Justicia LA NACION
