¿Cristina Kirchner tiene que devolver dinero tras la condena por corrupción?
La Corte Suprema rechazó ayer el recurso de defensa de Cristina Kirchner, por lo que dejó firme la condena a la expresidenta de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Además, al quedar firme el fallo del juez Jorge Gorini (que también había sido ratificado por la Cámara de Casación), Cristina y los demás condenados deberán devolver al Estado casi 85.000 millones de pesos.
La condena -que fue dictada el 6 de febrero de 2022 y es de cumplimiento efectivo desde este martes tras el fallo- incluye la devolución de esa cifra por parte de Cristina, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
Tanto la expresidenta como los otros condenados cuentan con cinco días hábiles a partir de la notificación de la sentencia para presentarse en los tribunales de Comodoro Py, en donde se harán efectivas las detenciones.
La acusación realizada por el Tribunal Oral Federal N°2 y Casación estableció el “monto de perjuicio al Estado” por los 51 contratos que le fueron adjudicados al Grupo Austral, propiedad de Báez, ex socio comercial de la ex vicepresidenta. En este marco, están acusados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, vinculado con el direccionamiento de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz durante el gobierno de la dirigente peronista.
Además, la Justicia estableció que el decomiso de los bienes a los nueve condenados. incluida la expresidenta, tiene que cubrir esa suma.
Cómo sigue la condena a Cristina
A últimas horas de este martes, el abogado de Cristina, Alberto Beraldi, presentó un escrito ante el presidente del Tribunal Oral Federal N°2, Jorge Gorini, para que la expresidenta -que tiene 72 años- cumpla prisión domiciliaria en el departamento del barrio de Constitución donde vive actualmente. El mismo tribunal que la condenó será el que deberá definir si le otorga la prisión domiciliaria.
El juez Jorge Gorini -encargado de que se cumpla ejecución de la sentencia de los condenados- envió un oficio a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el que le pide asignar una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de los detenidos en el término de 24 horas.
El magistrado dispuso que todos los condenados deben presentarse en el sexto piso de los tribunales de Comodoro Py dentro del quinto día hábil de notificados de su condena para hacer efectivas sus detenciones. Se dispuso este “plazo prudencial” atento que “algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas”.
Los condenados deben acudir al sexto piso del edificio de Comodoro Py 2002, donde está el tribunal oral para quedar presos. La expresidenta y su entorno negocian una alternativa para evitar esa instancia.
Sin embargo, tanto la dirigente como su equipo de abogados ya manifestó su intención de llevar el caso a tribunales internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar una maniobra de lawfare y un juicio político. En caso de que esto ocurra, el organismo elegido deberá analizar la causa y determinar si le da intervención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A su vez, hay una última herramienta que podría utilizar la expresidenta: el indulto. Esta es una facultad del presidente de la Nación para dar de baja una pena en casos de delitos federales, previo pedido de un informe al tribunal oral que dictó la condena.
La Corte Suprema rechazó ayer el recurso de defensa de Cristina Kirchner, por lo que dejó firme la condena a la expresidenta de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Además, al quedar firme el fallo del juez Jorge Gorini (que también había sido ratificado por la Cámara de Casación), Cristina y los demás condenados deberán devolver al Estado casi 85.000 millones de pesos.
La condena -que fue dictada el 6 de febrero de 2022 y es de cumplimiento efectivo desde este martes tras el fallo- incluye la devolución de esa cifra por parte de Cristina, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
Tanto la expresidenta como los otros condenados cuentan con cinco días hábiles a partir de la notificación de la sentencia para presentarse en los tribunales de Comodoro Py, en donde se harán efectivas las detenciones.
La acusación realizada por el Tribunal Oral Federal N°2 y Casación estableció el “monto de perjuicio al Estado” por los 51 contratos que le fueron adjudicados al Grupo Austral, propiedad de Báez, ex socio comercial de la ex vicepresidenta. En este marco, están acusados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, vinculado con el direccionamiento de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz durante el gobierno de la dirigente peronista.
Además, la Justicia estableció que el decomiso de los bienes a los nueve condenados. incluida la expresidenta, tiene que cubrir esa suma.
Cómo sigue la condena a Cristina
A últimas horas de este martes, el abogado de Cristina, Alberto Beraldi, presentó un escrito ante el presidente del Tribunal Oral Federal N°2, Jorge Gorini, para que la expresidenta -que tiene 72 años- cumpla prisión domiciliaria en el departamento del barrio de Constitución donde vive actualmente. El mismo tribunal que la condenó será el que deberá definir si le otorga la prisión domiciliaria.
El juez Jorge Gorini -encargado de que se cumpla ejecución de la sentencia de los condenados- envió un oficio a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el que le pide asignar una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de los detenidos en el término de 24 horas.
El magistrado dispuso que todos los condenados deben presentarse en el sexto piso de los tribunales de Comodoro Py dentro del quinto día hábil de notificados de su condena para hacer efectivas sus detenciones. Se dispuso este “plazo prudencial” atento que “algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas”.
Los condenados deben acudir al sexto piso del edificio de Comodoro Py 2002, donde está el tribunal oral para quedar presos. La expresidenta y su entorno negocian una alternativa para evitar esa instancia.
Sin embargo, tanto la dirigente como su equipo de abogados ya manifestó su intención de llevar el caso a tribunales internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar una maniobra de lawfare y un juicio político. En caso de que esto ocurra, el organismo elegido deberá analizar la causa y determinar si le da intervención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A su vez, hay una última herramienta que podría utilizar la expresidenta: el indulto. Esta es una facultad del presidente de la Nación para dar de baja una pena en casos de delitos federales, previo pedido de un informe al tribunal oral que dictó la condena.
La expresidenta fue condenada a seis años de prisión y a inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida; qué ocurrirá con el dinero que le reclaman LA NACION
