Milei le aceptó la renuncia al juez Bailaque, que quedaría preso este martes pero podrá reclamar su jubilación
El presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, acusado de proteger a narcotraficantes, extorsionar empresarios y malversar fondos. La decisión, confirmada por fuentes gubernamentales a LA NACION, implica que el magistrado evitará el juicio político y podrá acceder a una jubilación de privilegio, pero también que quedaría detenido una vez que se oficialice la decisión.
La medida fue firmada por el Presidente y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y oficializada a través del decreto 443/2025 del Boletín Oficial. Dejó sin efecto el proceso de destitución que avanzaba en el Consejo de la Magistratura y no contiene ninguna fundamentación, como suelen incluirse en los decretos presidenciales.
El 11 de junio, acorralado por tres investigaciones internas y una causa penal por extorsión, abuso de autoridad, prevaricato y otros delitos, Bailaque presentó su renuncia con fecha efectiva el 1° de julio. El Consejo aún debía votar en plenario su envío a un Jury de Enjuiciamiento, pero la aceptación de la renuncia por parte del Poder Ejecutivo anula de facto ese procedimiento.
La Comisión de Acusación del Consejo, presidida por el senador de Pro Luis Juez, había votado por unanimidad el dictamen acusatorio elaborado por el diputado Álvaro González y el abogado consejero Alberto Maques. En ese informe se detalla una serie de hechos que, a criterio de los acusadores, configuran mal desempeño, falta de integridad, transparencia e imparcialidad.
El primero de los cargos contra Bailaque lo vincula con el capo narco Esteban Lindor Alvarado. Pese a tener como contador a Gabriel Mizzau —quien también manejaba las cuentas de Alvarado—, y a que el hijo de Mizzau trabajaba en su juzgado, Bailaque no se excusó de intervenir en causas que involucraban al narco. Por el contrario, obstaculizó medidas de prueba como escuchas telefónicas y demoró procesos claves.
El segundo cargo se refiere a una causa presuntamente armada para extorsionar al empresario Claudio Iglesias. El financista Fernando Whpei —amigo del juez— y Carlos Vaudagna, exjefe de la AFIP Rosario (quien declaró como arrepentido), habrían participado en una maniobra para pedirle una coima de 200.000 dólares a cambio de frenar una investigación judicial.
El tercer cargo está vinculado con el manejo irregular de fondos públicos de una cooperativa de estibadores, intervenida por la Justicia. Parte de esos fondos fueron desviados a la mutual Grupo Unión, controlada por Whpei. Pese a sus vínculos, Bailaque tampoco se apartó de esa causa y benefició a su entorno.
El 13 de junio, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) pidieron formalmente al presidente Milei y al ministro de Justicia Cúneo Libarona que rechacen la renuncia para que pueda juzgarse el desempeño del magistrado.
“El Presidente tiene la facultad constitucional de rechazar la renuncia cuando hay un proceso de enjuiciamiento en curso. De lo contrario, se consagra la impunidad”, advirtieron las organizaciones. Recordaron que uno de cada tres juicios políticos en trámite se frustra por la aceptación de la renuncia del juez investigado. “No se trata solo del caso Bailaque, sino de un mecanismo institucional que permite eludir la rendición de cuentas”, alertaron.
Bailaque asumió como juez federal de Rosario en 2008, tras haber forjado vínculos con el kirchnerismo naciente en Santa Cruz. Según fuentes judiciales, gozó durante años de protección política y judicial. En Rosario, su juzgado fue escenario de sospechas constantes: se lo acusó de demorar causas sensibles, de beneficiar a narcotraficantes y de obstaculizar investigaciones. En el caso de la banda narco Los Monos, por ejemplo, la justicia provincial llegó a dictar condenas antes que él avanzara en una causa federal por lavado de dinero.
El intento del magistrado por evitar el juicio político se concretó el 11 de junio, al presentar su renuncia. Luego, el 17 de junio, evitó comparecer ante la Comisión de Acusación y envió en cambio un extenso escrito.
“La aceptación de la renuncia extingue el procedimiento y le garantiza al juez acusado una jubilación de privilegio. La Constitución permite rechazarla para que se garantice su juzgamiento. Lo contrario es impunidad”, habían advertido desde ACIJ e INECIP.
El presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, acusado de proteger a narcotraficantes, extorsionar empresarios y malversar fondos. La decisión, confirmada por fuentes gubernamentales a LA NACION, implica que el magistrado evitará el juicio político y podrá acceder a una jubilación de privilegio, pero también que quedaría detenido una vez que se oficialice la decisión.
La medida fue firmada por el Presidente y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y oficializada a través del decreto 443/2025 del Boletín Oficial. Dejó sin efecto el proceso de destitución que avanzaba en el Consejo de la Magistratura y no contiene ninguna fundamentación, como suelen incluirse en los decretos presidenciales.
El 11 de junio, acorralado por tres investigaciones internas y una causa penal por extorsión, abuso de autoridad, prevaricato y otros delitos, Bailaque presentó su renuncia con fecha efectiva el 1° de julio. El Consejo aún debía votar en plenario su envío a un Jury de Enjuiciamiento, pero la aceptación de la renuncia por parte del Poder Ejecutivo anula de facto ese procedimiento.
La Comisión de Acusación del Consejo, presidida por el senador de Pro Luis Juez, había votado por unanimidad el dictamen acusatorio elaborado por el diputado Álvaro González y el abogado consejero Alberto Maques. En ese informe se detalla una serie de hechos que, a criterio de los acusadores, configuran mal desempeño, falta de integridad, transparencia e imparcialidad.
El primero de los cargos contra Bailaque lo vincula con el capo narco Esteban Lindor Alvarado. Pese a tener como contador a Gabriel Mizzau —quien también manejaba las cuentas de Alvarado—, y a que el hijo de Mizzau trabajaba en su juzgado, Bailaque no se excusó de intervenir en causas que involucraban al narco. Por el contrario, obstaculizó medidas de prueba como escuchas telefónicas y demoró procesos claves.
El segundo cargo se refiere a una causa presuntamente armada para extorsionar al empresario Claudio Iglesias. El financista Fernando Whpei —amigo del juez— y Carlos Vaudagna, exjefe de la AFIP Rosario (quien declaró como arrepentido), habrían participado en una maniobra para pedirle una coima de 200.000 dólares a cambio de frenar una investigación judicial.
El tercer cargo está vinculado con el manejo irregular de fondos públicos de una cooperativa de estibadores, intervenida por la Justicia. Parte de esos fondos fueron desviados a la mutual Grupo Unión, controlada por Whpei. Pese a sus vínculos, Bailaque tampoco se apartó de esa causa y benefició a su entorno.
El 13 de junio, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) pidieron formalmente al presidente Milei y al ministro de Justicia Cúneo Libarona que rechacen la renuncia para que pueda juzgarse el desempeño del magistrado.
“El Presidente tiene la facultad constitucional de rechazar la renuncia cuando hay un proceso de enjuiciamiento en curso. De lo contrario, se consagra la impunidad”, advirtieron las organizaciones. Recordaron que uno de cada tres juicios políticos en trámite se frustra por la aceptación de la renuncia del juez investigado. “No se trata solo del caso Bailaque, sino de un mecanismo institucional que permite eludir la rendición de cuentas”, alertaron.
Bailaque asumió como juez federal de Rosario en 2008, tras haber forjado vínculos con el kirchnerismo naciente en Santa Cruz. Según fuentes judiciales, gozó durante años de protección política y judicial. En Rosario, su juzgado fue escenario de sospechas constantes: se lo acusó de demorar causas sensibles, de beneficiar a narcotraficantes y de obstaculizar investigaciones. En el caso de la banda narco Los Monos, por ejemplo, la justicia provincial llegó a dictar condenas antes que él avanzara en una causa federal por lavado de dinero.
El intento del magistrado por evitar el juicio político se concretó el 11 de junio, al presentar su renuncia. Luego, el 17 de junio, evitó comparecer ante la Comisión de Acusación y envió en cambio un extenso escrito.
“La aceptación de la renuncia extingue el procedimiento y le garantiza al juez acusado una jubilación de privilegio. La Constitución permite rechazarla para que se garantice su juzgamiento. Lo contrario es impunidad”, habían advertido desde ACIJ e INECIP.
Es el magistrado de Rosario acusado de proteger a narcos; el Presidente le permitirá sortear el jury del Consejo de la Magistratura; la medida se publicó en el Boletín Oficial LA NACION
