No le devolverán los vehículos al dueño de la concesionaria que ocupaba un predio al costado de la Panamericana
En su presentación, Carlos Alberto G., propietario de una concesionaria de venta de autos situada en Pilar, argumentó un daño porque se le impedía el derecho de trabajar y de ejercer una industria lícita y entonces solicitó que se le devuelvan los nueve vehículos secuestrados después de haber desobedecido una orden judicial. Se trataba de autos y camionetas que eran exhibidas para su venta en el “parquizado” que linda con la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 39,6, en Pilar, que pertenece a la Dirección Nacional de Vialidad y es parte de la concesión que explota Autopistas del Sol.
Pero el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, rechazó el pedido de devolución de un Audi Q5, Peugeot 208, una camioneta Toyota Hilux, una Ford Ranger, una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota Hilux, una Ford Ranger, y una Kia Carnival.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El magistrado, al rechazar la solicitud de Carlos Alberto G., propietario de Autos Pilar Premium, tuvo en cuenta el dictamen del fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas.
El representante del Ministerio Público sostuvo que el Carlos Alberto G., al pedir la devolución de los vehículos, “acompañó copia simple de los contratos de consignación para la venta de seis de los vehículos e cuestión” y “de distintas constancias que daban cuenta acerca de la entrega en parte de pago” de los otros tres.
“El fiscal indicó que la devolución de los automotores, como regla general, siempre debe hacerse a su titular registral, por lo que entendió que no se debería hacer lugar a la entrega de los [seis] vehículos a Carlos Alberto G., ya que este último no es el titular registral de ninguno de los vehículos. No obstante ello, también señaló que por parte del Ministerio Público Fiscal, considera que no existe impedimento para devolver estos rodados a su titular registral, siempre que se presenten a solicitarlos y que ‘de manera previa el imputado, en tanto habría utilizado dichos rodados como instrumentos para la comisión del delito, instituya a favor del tribunal una caución suficiente y equivalente al valor del rodado’”, sostuvo el magistrado en su resolución.
Respecto de los otros tres vehículos que habrían sido dados en parte de pago, se explicó “que solo correspondería hacer lugar a la devolución siempre que sus titulares registrales lo informen en declaración testimonial y que el imputado realice una caución en idénticos términos”.
Como informó LA NACION, Carlos Alberto G. fue procesado sin prisión preventiva por el delito de desobediencia a un funcionario público. Se le trabó un embargo de sobre los bienes del imputado hasta cubrir la suma de 300 millones de pesos.
Se trata de una causa que comenzó por una denuncia presentada por Diego Sánchez, apoderado de Autopistas del Sol, quien afirmó que varias concesionarias utilizaban “el parquizado lindante a la autopista panamericana, como si fuera de su propiedad y que allí estacionaban vehículos a fin de exhibirlos para su venta”. Y, puntualmente, se refirió a las firmas MV Automotores, Autos Pilar Premium, Blue Cars y FDG Motors.
“Se han apropiado del espacio público y lo utilizan de playa de exhibición de vehículos de manera ininterrumpida. Es decir, no es que los estacionan durante el día y los remueven, sino que se han apropiado del lugar como si fuese una extensión de su negocio de ventas de automotores”, dijo el denunciante, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.
Tras la denuncia, la Fiscalía Federal de Campana remitió el requerimiento de instrucción e instó la acción, se dispusieron diversas medidas de investigación, informaron fuentes judiciales.
Ante la comprobación de los hechos denunciados, previa intimación, el juez González Charvay “dispuso librar la orden de lanzamiento [retirar los vehículos del parquizado]”.
La medida se llevó a cabo el 7 de junio pasado y participó personal de la Prefectura Naval. “Los responsables de cada uno de los concesionarios cumplieron con la intimación efectuada y retiraron los vehículos por propia voluntad, siendo fehacientemente notificados que no deberían volver a ocupar el parquizado perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad”, según el expediente judicial.
Cuatro días después, el magistrado ordenó tareas investigativas para que Prefectura Naval determinara si los concesionarios cumplían con la medida ordenada.
“Tanto FGD Motors como Blue Cars no tenían vehículos estacionados sobre el parquizado, pero que respecto de Autos Pilar Premium, la Prefectura Naval adjuntó diversas fotografías en donde se apreciaba que el concesionario había vuelto a ocupar el predio lindante a la Ruta Nacional N°8″, se explicó en la resolución donde fue procesado el empresario.
Un día después, el juez González Charvay dispuso el secuestro de los nueve vehículos: un Audi Q5, Peugeot 208, una camioneta Toyota Hilux, una Ford Ranger, una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota Hilux, una Ford Ranger y una Kia Carnival.
Carlos Alberto G. fue indagado el 30 de junio pasado. Se negó a declarar, pero presentó un escrito.
“De la presentación efectuada surge que el encausado desligó su responsabilidad respecto del hecho imputado, señalando que más allá de haber sido notificado de la medida dispuesta en autos, informó que no fue el quién los volvió a estacionar, sino que fueron productos de la torpeza y el descuido de las personas que trabajan con él. Indicó que tal circunstancia no fue advertida por él, alegando que en caso de haber tomado conocimiento, habría procurado su remoción. Asimismo, agregó que no se le puede imputar el delito toda vez que no fue él mismo quien lo cometió, por cuanto aquel requiere de dolo para su comisión, alegando que este se encuentra ausente en los hechos comprobados”, según explicó el juez González Charvay al procesar al empresario.
El magistrado agregó: “La desobediencia imputada se constató como consecuencia de las tareas investigativas desplegadas en torno a la verificación del cumplimiento de la medida dispuesta respecto al primer delito denunciado [la ocupación del predio]. De las actas labradas por el personal del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval, surge que más allá de la intimación cursada a los responsables de los concesionarios, ha quedado acreditado en autos que el responsable de Autos Pilar Premium deliberadamente desobedeció la orden que fue emanada por esta Judicatura al volver a ubicar los vehículos en exhibición en la zona de parquizado. Es más, previo al secuestro de los vehículos y al momento de materializarse la orden de lanzamiento, se le dio la posibilidad a todos los responsables de los concesionarios en infracción a retirar los vehículos voluntariamente, a fin de evitar su secuestro, a lo que en ese momento Carlos Alberto G. accedió, pero no obstante ello incurrió en desobediencia al volverlos a estacionar en el lugar de donde los había retirado, y posteriormente los ubicó en un sector distante a 100 metros del concesionario pero ocupando también el área de concesión”.
En su presentación, Carlos Alberto G., propietario de una concesionaria de venta de autos situada en Pilar, argumentó un daño porque se le impedía el derecho de trabajar y de ejercer una industria lícita y entonces solicitó que se le devuelvan los nueve vehículos secuestrados después de haber desobedecido una orden judicial. Se trataba de autos y camionetas que eran exhibidas para su venta en el “parquizado” que linda con la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 39,6, en Pilar, que pertenece a la Dirección Nacional de Vialidad y es parte de la concesión que explota Autopistas del Sol.
Pero el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, rechazó el pedido de devolución de un Audi Q5, Peugeot 208, una camioneta Toyota Hilux, una Ford Ranger, una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota Hilux, una Ford Ranger, y una Kia Carnival.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El magistrado, al rechazar la solicitud de Carlos Alberto G., propietario de Autos Pilar Premium, tuvo en cuenta el dictamen del fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas.
El representante del Ministerio Público sostuvo que el Carlos Alberto G., al pedir la devolución de los vehículos, “acompañó copia simple de los contratos de consignación para la venta de seis de los vehículos e cuestión” y “de distintas constancias que daban cuenta acerca de la entrega en parte de pago” de los otros tres.
“El fiscal indicó que la devolución de los automotores, como regla general, siempre debe hacerse a su titular registral, por lo que entendió que no se debería hacer lugar a la entrega de los [seis] vehículos a Carlos Alberto G., ya que este último no es el titular registral de ninguno de los vehículos. No obstante ello, también señaló que por parte del Ministerio Público Fiscal, considera que no existe impedimento para devolver estos rodados a su titular registral, siempre que se presenten a solicitarlos y que ‘de manera previa el imputado, en tanto habría utilizado dichos rodados como instrumentos para la comisión del delito, instituya a favor del tribunal una caución suficiente y equivalente al valor del rodado’”, sostuvo el magistrado en su resolución.
Respecto de los otros tres vehículos que habrían sido dados en parte de pago, se explicó “que solo correspondería hacer lugar a la devolución siempre que sus titulares registrales lo informen en declaración testimonial y que el imputado realice una caución en idénticos términos”.
Como informó LA NACION, Carlos Alberto G. fue procesado sin prisión preventiva por el delito de desobediencia a un funcionario público. Se le trabó un embargo de sobre los bienes del imputado hasta cubrir la suma de 300 millones de pesos.
Se trata de una causa que comenzó por una denuncia presentada por Diego Sánchez, apoderado de Autopistas del Sol, quien afirmó que varias concesionarias utilizaban “el parquizado lindante a la autopista panamericana, como si fuera de su propiedad y que allí estacionaban vehículos a fin de exhibirlos para su venta”. Y, puntualmente, se refirió a las firmas MV Automotores, Autos Pilar Premium, Blue Cars y FDG Motors.
“Se han apropiado del espacio público y lo utilizan de playa de exhibición de vehículos de manera ininterrumpida. Es decir, no es que los estacionan durante el día y los remueven, sino que se han apropiado del lugar como si fuese una extensión de su negocio de ventas de automotores”, dijo el denunciante, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.
Tras la denuncia, la Fiscalía Federal de Campana remitió el requerimiento de instrucción e instó la acción, se dispusieron diversas medidas de investigación, informaron fuentes judiciales.
Ante la comprobación de los hechos denunciados, previa intimación, el juez González Charvay “dispuso librar la orden de lanzamiento [retirar los vehículos del parquizado]”.
La medida se llevó a cabo el 7 de junio pasado y participó personal de la Prefectura Naval. “Los responsables de cada uno de los concesionarios cumplieron con la intimación efectuada y retiraron los vehículos por propia voluntad, siendo fehacientemente notificados que no deberían volver a ocupar el parquizado perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad”, según el expediente judicial.
Cuatro días después, el magistrado ordenó tareas investigativas para que Prefectura Naval determinara si los concesionarios cumplían con la medida ordenada.
“Tanto FGD Motors como Blue Cars no tenían vehículos estacionados sobre el parquizado, pero que respecto de Autos Pilar Premium, la Prefectura Naval adjuntó diversas fotografías en donde se apreciaba que el concesionario había vuelto a ocupar el predio lindante a la Ruta Nacional N°8″, se explicó en la resolución donde fue procesado el empresario.
Un día después, el juez González Charvay dispuso el secuestro de los nueve vehículos: un Audi Q5, Peugeot 208, una camioneta Toyota Hilux, una Ford Ranger, una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota Hilux, una Ford Ranger y una Kia Carnival.
Carlos Alberto G. fue indagado el 30 de junio pasado. Se negó a declarar, pero presentó un escrito.
“De la presentación efectuada surge que el encausado desligó su responsabilidad respecto del hecho imputado, señalando que más allá de haber sido notificado de la medida dispuesta en autos, informó que no fue el quién los volvió a estacionar, sino que fueron productos de la torpeza y el descuido de las personas que trabajan con él. Indicó que tal circunstancia no fue advertida por él, alegando que en caso de haber tomado conocimiento, habría procurado su remoción. Asimismo, agregó que no se le puede imputar el delito toda vez que no fue él mismo quien lo cometió, por cuanto aquel requiere de dolo para su comisión, alegando que este se encuentra ausente en los hechos comprobados”, según explicó el juez González Charvay al procesar al empresario.
El magistrado agregó: “La desobediencia imputada se constató como consecuencia de las tareas investigativas desplegadas en torno a la verificación del cumplimiento de la medida dispuesta respecto al primer delito denunciado [la ocupación del predio]. De las actas labradas por el personal del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval, surge que más allá de la intimación cursada a los responsables de los concesionarios, ha quedado acreditado en autos que el responsable de Autos Pilar Premium deliberadamente desobedeció la orden que fue emanada por esta Judicatura al volver a ubicar los vehículos en exhibición en la zona de parquizado. Es más, previo al secuestro de los vehículos y al momento de materializarse la orden de lanzamiento, se le dio la posibilidad a todos los responsables de los concesionarios en infracción a retirar los vehículos voluntariamente, a fin de evitar su secuestro, a lo que en ese momento Carlos Alberto G. accedió, pero no obstante ello incurrió en desobediencia al volverlos a estacionar en el lugar de donde los había retirado, y posteriormente los ubicó en un sector distante a 100 metros del concesionario pero ocupando también el área de concesión”.
Se trata de nueve autos y camionetas que habían sido secuestradas por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay LA NACION
