Tras la inhabilitación de Evo Morales, ¿girará Bolivia a la derecha en las próximas elecciones?
Con una crisis económica galopante, que en junio ya lo ubicó como el país con más alta inflación de América Latina -un 5,21% mensual-, y pese a la sombra siempre amenazante de un Evo Morales que está inhabilitado para ser candidato, Bolivia podría dar en las elecciones generales del próximo 17 de agosto un giro a la derecha luego de dos décadas de hegemonía de la izquierda.
La última encuesta de esta semana del diario El Deber muestra al frente de los sondeos a Samuel Doria Medina -un empresario y político de centroderecha que ya fue candidato en varias oportunidades-, con un 21,7%, seguido de cerca por el expresidente, también de centroderecha, Jorge “Tuto” Quiroga, con el 20,7%, tercero el exmilitar y empresario neoliberal Manfred Reyes con 10%, y cuarto el presidente de la Cámara de Senadores, el izquierdista Andrónico Rodríguez con 8,2%. Pero el protagonismo lo siguen teniendo los indecisos y el voto en blanco con un 25%. Por eso, nada está dicho aún sobre el futuro político boliviano.
De todas maneras, los analistas subrayan que frente a la enorme preocupación que genera el tema económico es la centroderecha quien ofrece planes más concretos para salir de la crisis, y hasta la izquierda habla de la necesidad del ajuste y del cierre de empresas públicas deficitarias.
“En la elección de 2019, que terminó con la impugnación de los comicios y la salida de Evo Morales, la preocupación popular estaba vinculada con la institucionalidad democrática y un problema de orden político. Hoy la preocupación es económica”, explicó a LA NACION por zoom el politólogo Franklin Pareja.
Una crisis de magnitud
El presidente Luis Arce, que en los tiempos del auge de los precios de la materias primas -cuando fue el ministro de Economía de Morales-, fue llamado el artífice del “milagro económico” boliviano, es hoy el segundo presidente más impopular de América Latina -detrás de la peruana Dina Boluarte-, incluso por debajo del venezolano Nicolás Maduro. Por eso no se presenta a la reelección y nombró a su ministro de Gobierno como candidato.
No faltan razones para el descrédito de Arce.
Las reformas liberales de la década de 1990 habían colocado al país como potencia energética y Bolivia pasó de ser un país de ingresos bajos a uno de ingresos medios, según el Banco Mundial. Durante el “milagro económico”, la extrema pobreza cayó al 15%, se construyeron carreteras y teleféricos, y las ciudades se expandieron.
Pero, pasado el auge, la economía entró en una picada descendente que ninguna de las medidas que tomó Arce desde que asumió el gobierno en 2020 logró revertir.
Y la crisis actual no es algo que solamente perciban quienes analizan la cuestión macroeconómica de un Estado cuya suma de deuda externa e interna alcanza ya el 95% del PBI, cuando lo razonable es un 60%.
La grave situación económica afecta la vida de todos los ciudadanos, desde cuando tienen que hacer largas colas para comprar combustible, si es que consiguen, hasta el desabastecimiento de productos básicos o medicamentos, en su mayoría importados, o la falta de divisas. (El dólar oficial está en 6,91 pesos bolivianos y el blue ronda los 15 pesos bolivianos).
La inflación aumenta los precios de los alimentos, y la escasez de divisas dificulta el acceso a los medicamentos en un país que importa el 55% de las medicinas que consume.
“El segmento de la población que poco más de una década atrás había pasado a ser clase media ahora cayó en la pobreza, y los que eran pobres, están en la extrema pobreza”, señaló Pareja.
La caída de la producción petrolera redujo además las exportaciones; y el gobierno, agotando las reservas estatales, comenzó a importar combustible a precio real para revenderlo a tarifas con descuento.
El año pasado el Estado boliviano tuvo que pagar 3349 millones de dólares para comprar el 90% del diésel y el 56% de la gasolina necesaria para cubrir la demanda. Este año el Presupuesto General del Estado tenía previsto asignar 56 millones semanales a la compra de combustible, y aún eso resulta insuficiente.
“Además, Bolivia hace años que dejó de ser un país interesante para los inversores. Por ejemplo, en 2023 hubo 183.000 millones de dólares de inversión extranjera directa en América Latina, de los cuales Bolivia captó el 0.03%, no llegó al 1%, es decir, 60 millones de dólares que ni siquiera fueron inversión, sino reinversión del sector hidrocarburífero. El año pasado dejamos de exportar gas a la Argentina y el año que viene dejaremos de exportar a Brasil”, agregó el experto.
Incierto panorama electoral
Este es el contexto económico en el que Bolivia marcha a los comicios que se realizarán en un mes.
Y la situación política no es menos compleja.
Evo Morales, el primer presidente indígena que gobernó el país durante casi 14 años, entre 2006 y 2019, está inhabilitado por la Constitución para un nuevo mandato. Pero en referencia a sí mismo sostiene: “Sin Evo en las papeletas no puede haber elecciones”, y una de sus aliadas llegó a decir que el 17 de agosto “no van a contar votos, van a contar muertos”.
Pero los expertos relativizan la importancia de esas amenazas.
“Sin dudas Evo Morales quiere boicotear el proceso electoral pero ya no tiene el fuelle del pasado. Sigue siendo un líder social importante, con un capital electoral fidelizado, un voto duro, identitario, pero está claro que no abraza hoy ninguna bandera de interés popular masivo. Está más interesado en defender sus causas personales que en lo que le preocupa a la gente“, afirmó Pareja.
Ahí es donde los viejos candidatos de la centroderecha que ya tienen varias elecciones sobre los hombros, comenzaron a crecer en las encuestas.
Samuel Doria Medina, el empresario de 66 años, dueño de la franquicia de Burger King en Bolivia, tiene también una larga carrera política como ministro, candidato vicepresidencial y presidencial. Y, aunque es vicepresidente de la Internacional Socialista para América Latina, en esta oportunidad se presenta con la alianza de centroderecha “Unidad”.
“Lo que más atrae al electorado que apoya a Doria Medina es su plan al que llamó ‘100 días, ¡carajo!’. Su programa consiste en utilizar alrededor de 3500 millones de dólares en créditos ya aprobados por organismos internacionales, que el gobierno no ha ejecutado, para resolver en el plazo de 100 días la escasez de dólares y carburantes”, explicó a LA NACION vía zoom el analista político Jorge Dulón.
El plan se complementa con una iniciativa que está también en las otras plataformas, incluso de la izquierda, con el cierre de las empresas estatales deficitarias, que no producen nada y están “llenas de ñoquis”, según dijo el propio Medina utilizando el argentinismo.
En el caso del ingeniero “Tuto” Quiroga, de 65 años, su trayectoria está más vinculada a la política. Fue vicepresidente y luego presidente durante un año entre 2001 y 2002 tras la muerte de Hugo Banzer.
El programa “Puente de estabilidad” de su alianza Libertad y Democracia (Libre) tiene como base un crédito de 12.000 millones financiados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales. Y plantea un plan de austeridad que incluye la reducción de gastos estatales para lograr un ahorro de unos 3500 millones de dólares.
La pregunta es si estas plataformas de centroderecha pueden ser atractivas, por ejemplo, para el electorado indígena, que en Bolivia constituye más del 40% de los votantes, y que se vio reivindicado con el ascenso de Morales al poder.
“Si tomamos como referencia el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), que es una confederación indígena de las tierras altas y hoy constituye un grupo de empresarios muy poderosos, ellos consideran a Evo Morales como un traidor de su pueblo. Sus apoyos están entonces muy diversificados”, explicó Dulón.
El cuarto candidato en los sondeos, el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, de 36 años, actual presidente de la Cámara de Senadores, es el aspirante con más posibilidades de cosechar el voto de los “evistas” y la izquierda con su “Alianza Popular”.
“No se puede descartar que de aquí a las elecciones, Andrónico reciba el apoyo de otros candidatos de izquierda, como Eva Copa, Jhonny Fernández, o el oficialista Eduardo del Castillo, que no tienen ninguna posibilidad de ganar y que así quedarían en condiciones de enfrentar a la centroderecha. Pero por ahora están todos muy distanciados”, explicó Dulón.
Sea quien fuere el candidato que se imponga en las elecciones, si no alcanza más del 50% de los votos o un mínimo del 40%, con una diferencia del 10% frente a la segunda candidatura más votada, habrá una segunda vuelta electoral el 20 de octubre.
Pero como las 130 bancas de la Cámara Baja y las 36 de senadores se renuevan por completo el 17 de agosto, si no hay un vencedor claro, el próximo gobierno se encontrará con un Parlamento muy fragmentado que obligará a complejas negociaciones en cada medida que quiera impulsar quien sea el ganador.
Con una crisis económica galopante, que en junio ya lo ubicó como el país con más alta inflación de América Latina -un 5,21% mensual-, y pese a la sombra siempre amenazante de un Evo Morales que está inhabilitado para ser candidato, Bolivia podría dar en las elecciones generales del próximo 17 de agosto un giro a la derecha luego de dos décadas de hegemonía de la izquierda.
La última encuesta de esta semana del diario El Deber muestra al frente de los sondeos a Samuel Doria Medina -un empresario y político de centroderecha que ya fue candidato en varias oportunidades-, con un 21,7%, seguido de cerca por el expresidente, también de centroderecha, Jorge “Tuto” Quiroga, con el 20,7%, tercero el exmilitar y empresario neoliberal Manfred Reyes con 10%, y cuarto el presidente de la Cámara de Senadores, el izquierdista Andrónico Rodríguez con 8,2%. Pero el protagonismo lo siguen teniendo los indecisos y el voto en blanco con un 25%. Por eso, nada está dicho aún sobre el futuro político boliviano.
De todas maneras, los analistas subrayan que frente a la enorme preocupación que genera el tema económico es la centroderecha quien ofrece planes más concretos para salir de la crisis, y hasta la izquierda habla de la necesidad del ajuste y del cierre de empresas públicas deficitarias.
“En la elección de 2019, que terminó con la impugnación de los comicios y la salida de Evo Morales, la preocupación popular estaba vinculada con la institucionalidad democrática y un problema de orden político. Hoy la preocupación es económica”, explicó a LA NACION por zoom el politólogo Franklin Pareja.
Una crisis de magnitud
El presidente Luis Arce, que en los tiempos del auge de los precios de la materias primas -cuando fue el ministro de Economía de Morales-, fue llamado el artífice del “milagro económico” boliviano, es hoy el segundo presidente más impopular de América Latina -detrás de la peruana Dina Boluarte-, incluso por debajo del venezolano Nicolás Maduro. Por eso no se presenta a la reelección y nombró a su ministro de Gobierno como candidato.
No faltan razones para el descrédito de Arce.
Las reformas liberales de la década de 1990 habían colocado al país como potencia energética y Bolivia pasó de ser un país de ingresos bajos a uno de ingresos medios, según el Banco Mundial. Durante el “milagro económico”, la extrema pobreza cayó al 15%, se construyeron carreteras y teleféricos, y las ciudades se expandieron.
Pero, pasado el auge, la economía entró en una picada descendente que ninguna de las medidas que tomó Arce desde que asumió el gobierno en 2020 logró revertir.
Y la crisis actual no es algo que solamente perciban quienes analizan la cuestión macroeconómica de un Estado cuya suma de deuda externa e interna alcanza ya el 95% del PBI, cuando lo razonable es un 60%.
La grave situación económica afecta la vida de todos los ciudadanos, desde cuando tienen que hacer largas colas para comprar combustible, si es que consiguen, hasta el desabastecimiento de productos básicos o medicamentos, en su mayoría importados, o la falta de divisas. (El dólar oficial está en 6,91 pesos bolivianos y el blue ronda los 15 pesos bolivianos).
La inflación aumenta los precios de los alimentos, y la escasez de divisas dificulta el acceso a los medicamentos en un país que importa el 55% de las medicinas que consume.
“El segmento de la población que poco más de una década atrás había pasado a ser clase media ahora cayó en la pobreza, y los que eran pobres, están en la extrema pobreza”, señaló Pareja.
La caída de la producción petrolera redujo además las exportaciones; y el gobierno, agotando las reservas estatales, comenzó a importar combustible a precio real para revenderlo a tarifas con descuento.
El año pasado el Estado boliviano tuvo que pagar 3349 millones de dólares para comprar el 90% del diésel y el 56% de la gasolina necesaria para cubrir la demanda. Este año el Presupuesto General del Estado tenía previsto asignar 56 millones semanales a la compra de combustible, y aún eso resulta insuficiente.
“Además, Bolivia hace años que dejó de ser un país interesante para los inversores. Por ejemplo, en 2023 hubo 183.000 millones de dólares de inversión extranjera directa en América Latina, de los cuales Bolivia captó el 0.03%, no llegó al 1%, es decir, 60 millones de dólares que ni siquiera fueron inversión, sino reinversión del sector hidrocarburífero. El año pasado dejamos de exportar gas a la Argentina y el año que viene dejaremos de exportar a Brasil”, agregó el experto.
Incierto panorama electoral
Este es el contexto económico en el que Bolivia marcha a los comicios que se realizarán en un mes.
Y la situación política no es menos compleja.
Evo Morales, el primer presidente indígena que gobernó el país durante casi 14 años, entre 2006 y 2019, está inhabilitado por la Constitución para un nuevo mandato. Pero en referencia a sí mismo sostiene: “Sin Evo en las papeletas no puede haber elecciones”, y una de sus aliadas llegó a decir que el 17 de agosto “no van a contar votos, van a contar muertos”.
Pero los expertos relativizan la importancia de esas amenazas.
“Sin dudas Evo Morales quiere boicotear el proceso electoral pero ya no tiene el fuelle del pasado. Sigue siendo un líder social importante, con un capital electoral fidelizado, un voto duro, identitario, pero está claro que no abraza hoy ninguna bandera de interés popular masivo. Está más interesado en defender sus causas personales que en lo que le preocupa a la gente“, afirmó Pareja.
Ahí es donde los viejos candidatos de la centroderecha que ya tienen varias elecciones sobre los hombros, comenzaron a crecer en las encuestas.
Samuel Doria Medina, el empresario de 66 años, dueño de la franquicia de Burger King en Bolivia, tiene también una larga carrera política como ministro, candidato vicepresidencial y presidencial. Y, aunque es vicepresidente de la Internacional Socialista para América Latina, en esta oportunidad se presenta con la alianza de centroderecha “Unidad”.
“Lo que más atrae al electorado que apoya a Doria Medina es su plan al que llamó ‘100 días, ¡carajo!’. Su programa consiste en utilizar alrededor de 3500 millones de dólares en créditos ya aprobados por organismos internacionales, que el gobierno no ha ejecutado, para resolver en el plazo de 100 días la escasez de dólares y carburantes”, explicó a LA NACION vía zoom el analista político Jorge Dulón.
El plan se complementa con una iniciativa que está también en las otras plataformas, incluso de la izquierda, con el cierre de las empresas estatales deficitarias, que no producen nada y están “llenas de ñoquis”, según dijo el propio Medina utilizando el argentinismo.
En el caso del ingeniero “Tuto” Quiroga, de 65 años, su trayectoria está más vinculada a la política. Fue vicepresidente y luego presidente durante un año entre 2001 y 2002 tras la muerte de Hugo Banzer.
El programa “Puente de estabilidad” de su alianza Libertad y Democracia (Libre) tiene como base un crédito de 12.000 millones financiados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales. Y plantea un plan de austeridad que incluye la reducción de gastos estatales para lograr un ahorro de unos 3500 millones de dólares.
La pregunta es si estas plataformas de centroderecha pueden ser atractivas, por ejemplo, para el electorado indígena, que en Bolivia constituye más del 40% de los votantes, y que se vio reivindicado con el ascenso de Morales al poder.
“Si tomamos como referencia el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), que es una confederación indígena de las tierras altas y hoy constituye un grupo de empresarios muy poderosos, ellos consideran a Evo Morales como un traidor de su pueblo. Sus apoyos están entonces muy diversificados”, explicó Dulón.
El cuarto candidato en los sondeos, el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, de 36 años, actual presidente de la Cámara de Senadores, es el aspirante con más posibilidades de cosechar el voto de los “evistas” y la izquierda con su “Alianza Popular”.
“No se puede descartar que de aquí a las elecciones, Andrónico reciba el apoyo de otros candidatos de izquierda, como Eva Copa, Jhonny Fernández, o el oficialista Eduardo del Castillo, que no tienen ninguna posibilidad de ganar y que así quedarían en condiciones de enfrentar a la centroderecha. Pero por ahora están todos muy distanciados”, explicó Dulón.
Sea quien fuere el candidato que se imponga en las elecciones, si no alcanza más del 50% de los votos o un mínimo del 40%, con una diferencia del 10% frente a la segunda candidatura más votada, habrá una segunda vuelta electoral el 20 de octubre.
Pero como las 130 bancas de la Cámara Baja y las 36 de senadores se renuevan por completo el 17 de agosto, si no hay un vencedor claro, el próximo gobierno se encontrará con un Parlamento muy fragmentado que obligará a complejas negociaciones en cada medida que quiera impulsar quien sea el ganador.
Los tres candidatos que van adelante en los sondeos proponen un ajuste y el cierre de empresas estatales deficitarias LA NACION
