Reforma laboral: nuevo revés en la Justicia para la CGT en su intento de frenar la ley
La jueza federal en lo Contencioso Administrativo Macarena Marra Giménez resolvió hoy dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía la vigencia de 81 artículos de la ley de “modernización laboral” que aprobó el Congreso de la Nación el 28 de febrero pasado.
El fallo de Marra Giménez, al que tuvo acceso LA NACION, significa un nuevo revés para la Confederación General del Trabajo (CGT) en su intento de frenar la ley en los tribunales por considerar que algunos artículos son inconstitucionales.
La jueza Marra Giménez ya había resuelto un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero Contencioso Administrativo Federal apartando a Horacio Raúl Ojeda, el juez laboral de primera instancia que había suspendido la vigencia de 81 artículos de la ley de reforma laborala pedido de la CGT. Se le solicita además al juzgado laboral que intervino la remisión de todos los expedientes vinculados para que tramiten juntos como un proceso colectivo.
Marra Giménez consideró que suspender 81 artículos por una medida precautoria es un “claro abuso”, ya que la complejidad de los temas requiere un análisis profundo que solo debe darse en la sentencia definitiva, que está aún pendiente y que podría recaer en la Corte Suprema de Justicia. Los artículos suspendidos anularon normas vinculadas a la antigüedad laboral, indemnizaciones, mediación, subcontratación, régimen de vacaciones, período de pruebas, entre otros puntos.
La Cámara del Trabajo revocó de manera suspensiva la suspensión de los artículos y les volvió a dar vigencia. Ese fallo estuvo a cargo de los jueces laborales Dora González y Víctor Pesino, a quien al día siguiente de la medida el Gobierno lo impulsó para que continúe en el cargo por cinco años más a pesar de tener edad para jubilarse. La CGT recusó a esos dos camaristas, que también fueron blanco de las críticas de la oposición. El senador Mariano Recalde (PJ) y la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) denunciaron “un intercambio de favores” entre el juez y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Con la decisión de Marra Giménez no quedaron vigentes ninguna de las medidas judiciales que habían frenado parte de la ley. Ahora resta que se resuelva el fondo del planteo de la CGT, que es el pedido de inconstitucionalidad de la ley.
Interviene en el caso Marra Giménez después de que la Cámara Federal (Sala IV) resolviera que la causa debía tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en el Laboral, algo que fue objetado por la CGT. La jueza desestimó un pedido de la CGT para apartarla del caso. El argumento fue que, al tratarse de un proceso sumarísimo, la ley procesal prohíbe este tipo de planteos para evitar demoras, y dijo, además, que no había causas para ser desplazada.
La CGT entiende que debe ser la Cámara del Trabajo la que resuelva porque señala que “como a nadie le resultaría atendible llevar un auto para arreglar a un carpintero, o a un oftalmólogo para atender una fractura, una causa laboral debe ser resuelta por especialistas”. Un dirigente de la CGT añadió en diálogo con LA NACION: “El fuero laboral está próximo a desparecer y será absorbido por la Justicia porteña. No nos queda otra que seguir peleando en el Contencioso Administrativo. Tenemos esperanzas en poder revertir allí parte de la ley”.
La CGT puede apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Por ahora, la jueza Marra Giménez deberá decidir si la ley es constitucional o no.
El 17 de abril pasado, el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó el recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma laboral a pedido de la CGT. Ayer, la Corte Suprema rechazó el per saltum y el máximo tribunal espera que la definición se resuelva en las instancias inferiores. Sucedería en el Contencioso Administrativo, aunque es probable que el expediente tenga su destino final en la Corte.
La jueza federal en lo Contencioso Administrativo Macarena Marra Giménez resolvió hoy dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía la vigencia de 81 artículos de la ley de “modernización laboral” que aprobó el Congreso de la Nación el 28 de febrero pasado.
El fallo de Marra Giménez, al que tuvo acceso LA NACION, significa un nuevo revés para la Confederación General del Trabajo (CGT) en su intento de frenar la ley en los tribunales por considerar que algunos artículos son inconstitucionales.
La jueza Marra Giménez ya había resuelto un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero Contencioso Administrativo Federal apartando a Horacio Raúl Ojeda, el juez laboral de primera instancia que había suspendido la vigencia de 81 artículos de la ley de reforma laborala pedido de la CGT. Se le solicita además al juzgado laboral que intervino la remisión de todos los expedientes vinculados para que tramiten juntos como un proceso colectivo.
Marra Giménez consideró que suspender 81 artículos por una medida precautoria es un “claro abuso”, ya que la complejidad de los temas requiere un análisis profundo que solo debe darse en la sentencia definitiva, que está aún pendiente y que podría recaer en la Corte Suprema de Justicia. Los artículos suspendidos anularon normas vinculadas a la antigüedad laboral, indemnizaciones, mediación, subcontratación, régimen de vacaciones, período de pruebas, entre otros puntos.
La Cámara del Trabajo revocó de manera suspensiva la suspensión de los artículos y les volvió a dar vigencia. Ese fallo estuvo a cargo de los jueces laborales Dora González y Víctor Pesino, a quien al día siguiente de la medida el Gobierno lo impulsó para que continúe en el cargo por cinco años más a pesar de tener edad para jubilarse. La CGT recusó a esos dos camaristas, que también fueron blanco de las críticas de la oposición. El senador Mariano Recalde (PJ) y la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) denunciaron “un intercambio de favores” entre el juez y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Con la decisión de Marra Giménez no quedaron vigentes ninguna de las medidas judiciales que habían frenado parte de la ley. Ahora resta que se resuelva el fondo del planteo de la CGT, que es el pedido de inconstitucionalidad de la ley.
Interviene en el caso Marra Giménez después de que la Cámara Federal (Sala IV) resolviera que la causa debía tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en el Laboral, algo que fue objetado por la CGT. La jueza desestimó un pedido de la CGT para apartarla del caso. El argumento fue que, al tratarse de un proceso sumarísimo, la ley procesal prohíbe este tipo de planteos para evitar demoras, y dijo, además, que no había causas para ser desplazada.
La CGT entiende que debe ser la Cámara del Trabajo la que resuelva porque señala que “como a nadie le resultaría atendible llevar un auto para arreglar a un carpintero, o a un oftalmólogo para atender una fractura, una causa laboral debe ser resuelta por especialistas”. Un dirigente de la CGT añadió en diálogo con LA NACION: “El fuero laboral está próximo a desparecer y será absorbido por la Justicia porteña. No nos queda otra que seguir peleando en el Contencioso Administrativo. Tenemos esperanzas en poder revertir allí parte de la ley”.
La CGT puede apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Por ahora, la jueza Marra Giménez deberá decidir si la ley es constitucional o no.
El 17 de abril pasado, el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó el recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma laboral a pedido de la CGT. Ayer, la Corte Suprema rechazó el per saltum y el máximo tribunal espera que la definición se resuelva en las instancias inferiores. Sucedería en el Contencioso Administrativo, aunque es probable que el expediente tenga su destino final en la Corte.
Una jueza del fuero Contencioso Administrativo dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido 81 artículos de la normativa LA NACION
