Casación comenzará a revisar la condena contra el juez Soto Dávila, acusado de cobrar coimas a narcos en Corrientes
Casación fijó para mañana una audiencia para revisar la condena al exjuez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, por cobrarles coimas a narcotraficantes a cambio de dejarlos en libertad. También revisará las condenas de dos secretarios y de abogados que actuaban como intermediarios, así como las absoluciones recurridas por los fiscales.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, celebrarán el jueves la audiencia preliminar en la causa en la que deben decidir si se confirma la decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes que descartó la existencia de una asociación ilícita y absolvió a Soto Dávila por siete de los once hechos que se le imputaban de favorecimiento a narcotraficantes a cambio de coimas.
Durante el juicio, la fiscalía había pedido una condena de 15 años de prisión para Soto Dávila. Por su parte, el Tribunal Oral Federal de Corrientes lo condenó a 6 años de prisión. Ese Tribunal también condenó a dos exsecretarios del juzgado y a abogados que actuaron como intermediarios de los sobornos.
La Sala IV tiene a estudio ahora, por un lado, el recurso de casación interpuesto por la fiscalía contra las absoluciones por el delito de asociación ilícita y por algunos de los hechos de cohecho y prevaricato imputados y, por el otro, los recursos de las defensas contra las condenas del exjuez federal, dos de sus secretarios y un abogado particular.
La investigación tramitó en un principio en la jurisdicción federal de Corrientes. Sin embargo, en el año 2018, por decisión unipersonal del juez Gustavo Hornos, la Sala IV resolvió que la causa debía tramitar ante los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires, dado el extendido alcance de la organización y que los efectos del delito se producían en múltiples jurisdicciones.
Esa decisión sobre la competencia impulsó la investigación dado que la facilitó mediante la unificación de diversos procesos, a la vez que la alejó de los funcionarios implicados en la provincia de Corrientes, circunstancia determinante para que se haya alcanzado el juzgamiento oral y público en un caso de narcocriminalidad organizada en la que participó el poder político y judicial.
Por la cantidad de partes y recursos a resolver, mañana se celebrará una audiencia preliminar con todos los intervinientes para determinar cuál va a ser el orden de exposición en las sucesivas audiencias que se realizarán ante la Cámara Federal de Casación Penal, de modo previo a la resolución de los recursos interpuestos.
La revisión de la casación es la etapa final en todo lo relativo a la discusión de la materialidad de los hechos y la prueba. Luego de su fallo solo quedaría el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, reservado única y excepcionalmente a cuestiones de índole constitucional.
Casación fijó para mañana una audiencia para revisar la condena al exjuez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, por cobrarles coimas a narcotraficantes a cambio de dejarlos en libertad. También revisará las condenas de dos secretarios y de abogados que actuaban como intermediarios, así como las absoluciones recurridas por los fiscales.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, celebrarán el jueves la audiencia preliminar en la causa en la que deben decidir si se confirma la decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes que descartó la existencia de una asociación ilícita y absolvió a Soto Dávila por siete de los once hechos que se le imputaban de favorecimiento a narcotraficantes a cambio de coimas.
Durante el juicio, la fiscalía había pedido una condena de 15 años de prisión para Soto Dávila. Por su parte, el Tribunal Oral Federal de Corrientes lo condenó a 6 años de prisión. Ese Tribunal también condenó a dos exsecretarios del juzgado y a abogados que actuaron como intermediarios de los sobornos.
La Sala IV tiene a estudio ahora, por un lado, el recurso de casación interpuesto por la fiscalía contra las absoluciones por el delito de asociación ilícita y por algunos de los hechos de cohecho y prevaricato imputados y, por el otro, los recursos de las defensas contra las condenas del exjuez federal, dos de sus secretarios y un abogado particular.
La investigación tramitó en un principio en la jurisdicción federal de Corrientes. Sin embargo, en el año 2018, por decisión unipersonal del juez Gustavo Hornos, la Sala IV resolvió que la causa debía tramitar ante los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires, dado el extendido alcance de la organización y que los efectos del delito se producían en múltiples jurisdicciones.
Esa decisión sobre la competencia impulsó la investigación dado que la facilitó mediante la unificación de diversos procesos, a la vez que la alejó de los funcionarios implicados en la provincia de Corrientes, circunstancia determinante para que se haya alcanzado el juzgamiento oral y público en un caso de narcocriminalidad organizada en la que participó el poder político y judicial.
Por la cantidad de partes y recursos a resolver, mañana se celebrará una audiencia preliminar con todos los intervinientes para determinar cuál va a ser el orden de exposición en las sucesivas audiencias que se realizarán ante la Cámara Federal de Casación Penal, de modo previo a la resolución de los recursos interpuestos.
La revisión de la casación es la etapa final en todo lo relativo a la discusión de la materialidad de los hechos y la prueba. Luego de su fallo solo quedaría el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, reservado única y excepcionalmente a cuestiones de índole constitucional.
Luego de su fallo solo quedaría el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, reservado única y excepcionalmente a cuestiones de índole constitucional LA NACION
