La obra social de los militares niega una tercerización, pero admite gestiones para “garantizar la sostenibilidad económica”
La obra social de los militares negó enfáticamente que existan planes de privatización y tercerización de la entidad, que reúne a 600.000 afiliados en todo el país. Sin embargo, admitió que se iniciaron gestiones para avanzar en “acuerdos que garanticen la sostenibilidad económica” de la institución.
En un comunicado publicado en su página oficial, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), solamente superado en cantidad de afiliados por el PAMI y el IOMA, intentó relativizar la tensión y resistencia generada en la entidad –incluso en el seno del Directorio- por posibles planes de tercerización de las prestaciones de salud.
Como publicó LA NACION, fuentes de IOSFA revelaron que el presidente de la obra social, Oscar Sagás, avanzó en gestiones para firmar un convenio de confidencialidad con la empresa proiada Medifé, como parte de las tratativas que tendrían como objetivo una eventual tercerización.
Sagás, médico cirujano y exsubsecretario de Salud de Mendoza, accedió a la presidencia de Iosfa en diciembre pasado, al ser designado por el ministro de Defensa, Luis Petri. La preocupación por una posible tercerización se extiende al Directorio de la obra social, donde varios de los diez miembros representativos de las Fuerzas Armadas y de seguridad se oponen a los posibles cambios en la gestión.
Además de contar con 600.000 afiliados en todo el país, el Iosfa maneja una caja de $25.000 millones por mes, según fuentes del sector.
La negativa oficial
En el comunicado, la conducción de Iosfa aclara que las gestiones emprendidas apuntan a garantizar “mayor certeza en el gasto en los servicios de salud, el aumento de prestadores en la red y mejor calidad en la atención ofrecida” a los afiliados.
El pronunciamiento se difundió “ante la difusión en redes sociales y otros medios de comunicación de información tergiversada, falsa y malintencionada”, referida a las afirmaciones sobre la gestión del Iosfa.
“Al inicio de la actual administración se identificó una notable desigualdad en la prestación de servicios, evidenciada por disparidades significativas entre provincias y/o delegaciones. Estas disparidades, junto con irregularidades administrativas detectadas, motivaron la revisión de los procesos y el modelo de atención y servicios”, explicó oficialmente la obra social.
Se recordó que el Iosfa brinda atención a los afiliados titulares y sus familiares a través de servicios propios, como centros de atención primaria y farmacias, y servicios contratados.
“Tras realizar un relevamiento y analizar la situación encontrada, la gestión se enfocó en proponer al directorio una serie de mejoras destinadas a restablecer la transparencia, equidad, calidad y seguridad en la atención médica”, indicó el comunicado. Sin embargo, fuentes cercanas a la entidad insistieron en que el acompañamiento d elos miembros del directorio no es unánime.
El comunicado afirma que “se han emprendido acciones, autorizadas por los directores, para lograr la equidad, seguridad y homogeneidad en la atención a lo largo y ancho del país, de manera uniforme para todos los afiliados, sin importar su fuerza de origen o grado”, en referencia a le estructura y organización de las Fuerzas Armadas.
“Esto ha implicado la necesidad de establecer acuerdos que garanticen la sostenibilidad económica, mayor certeza en el gasto en servicios de salud, aumento de prestadores en la red y mejor calidad en la atención ofrecida”, se explicó. No se mencionan, en tanto, pasos relacionados con la posible cesión de la gestión a la empresa Medifé.
La entidad admitió en la declaración que “las acciones derivadas de esta gestión, probablemente esté afectando diversos intereses de aquellos que pretenden mantener las prestaciones de baja calidad, continuar con las inequidades y sostener los desvíos administrativos, detrás de distintas motivaciones personales, y como consecuencia de esto, se publiquen desinformaciones, como las que se viralizaron en los últimos tiempos”.
Como publicó LA NACION, la inquietud que existe en el ámbito castrense se funda en un posible plan para tercerizar las prestaciones de salud” de la obra social, a raíz de la difusión de gestiones iniciadas por Sagás, que incluiría la firma de un convenio de confidencialidad y un programa para aplicar un modelo de gestión tercerizado en Córdoba, Santa Fe y otras provincias del litoral y del nordeste argentino.
Hasta ahora, según documentación que trascendió, las partes se habrían comprometido a “explorar las condiciones de factibilidad de avanzar con la redacción de un convenio prestacional”.
El acuerdo de confidencialidad regiría desde el inicio de las negociaciones hasta “un plazo de diez años después de extinguida la relación que vincularía a ambas partes”, reveló una fuente castrense.
La cuestión se analizó, incluso, en una reunión de almirantes y generales retirados, en la que se consideró que se estaría ante “un cambio prestacional sensible y controvertido”.
La obra social de los militares negó enfáticamente que existan planes de privatización y tercerización de la entidad, que reúne a 600.000 afiliados en todo el país. Sin embargo, admitió que se iniciaron gestiones para avanzar en “acuerdos que garanticen la sostenibilidad económica” de la institución.
En un comunicado publicado en su página oficial, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), solamente superado en cantidad de afiliados por el PAMI y el IOMA, intentó relativizar la tensión y resistencia generada en la entidad –incluso en el seno del Directorio- por posibles planes de tercerización de las prestaciones de salud.
Como publicó LA NACION, fuentes de IOSFA revelaron que el presidente de la obra social, Oscar Sagás, avanzó en gestiones para firmar un convenio de confidencialidad con la empresa proiada Medifé, como parte de las tratativas que tendrían como objetivo una eventual tercerización.
Sagás, médico cirujano y exsubsecretario de Salud de Mendoza, accedió a la presidencia de Iosfa en diciembre pasado, al ser designado por el ministro de Defensa, Luis Petri. La preocupación por una posible tercerización se extiende al Directorio de la obra social, donde varios de los diez miembros representativos de las Fuerzas Armadas y de seguridad se oponen a los posibles cambios en la gestión.
Además de contar con 600.000 afiliados en todo el país, el Iosfa maneja una caja de $25.000 millones por mes, según fuentes del sector.
La negativa oficial
En el comunicado, la conducción de Iosfa aclara que las gestiones emprendidas apuntan a garantizar “mayor certeza en el gasto en los servicios de salud, el aumento de prestadores en la red y mejor calidad en la atención ofrecida” a los afiliados.
El pronunciamiento se difundió “ante la difusión en redes sociales y otros medios de comunicación de información tergiversada, falsa y malintencionada”, referida a las afirmaciones sobre la gestión del Iosfa.
“Al inicio de la actual administración se identificó una notable desigualdad en la prestación de servicios, evidenciada por disparidades significativas entre provincias y/o delegaciones. Estas disparidades, junto con irregularidades administrativas detectadas, motivaron la revisión de los procesos y el modelo de atención y servicios”, explicó oficialmente la obra social.
Se recordó que el Iosfa brinda atención a los afiliados titulares y sus familiares a través de servicios propios, como centros de atención primaria y farmacias, y servicios contratados.
“Tras realizar un relevamiento y analizar la situación encontrada, la gestión se enfocó en proponer al directorio una serie de mejoras destinadas a restablecer la transparencia, equidad, calidad y seguridad en la atención médica”, indicó el comunicado. Sin embargo, fuentes cercanas a la entidad insistieron en que el acompañamiento d elos miembros del directorio no es unánime.
El comunicado afirma que “se han emprendido acciones, autorizadas por los directores, para lograr la equidad, seguridad y homogeneidad en la atención a lo largo y ancho del país, de manera uniforme para todos los afiliados, sin importar su fuerza de origen o grado”, en referencia a le estructura y organización de las Fuerzas Armadas.
“Esto ha implicado la necesidad de establecer acuerdos que garanticen la sostenibilidad económica, mayor certeza en el gasto en servicios de salud, aumento de prestadores en la red y mejor calidad en la atención ofrecida”, se explicó. No se mencionan, en tanto, pasos relacionados con la posible cesión de la gestión a la empresa Medifé.
La entidad admitió en la declaración que “las acciones derivadas de esta gestión, probablemente esté afectando diversos intereses de aquellos que pretenden mantener las prestaciones de baja calidad, continuar con las inequidades y sostener los desvíos administrativos, detrás de distintas motivaciones personales, y como consecuencia de esto, se publiquen desinformaciones, como las que se viralizaron en los últimos tiempos”.
Como publicó LA NACION, la inquietud que existe en el ámbito castrense se funda en un posible plan para tercerizar las prestaciones de salud” de la obra social, a raíz de la difusión de gestiones iniciadas por Sagás, que incluiría la firma de un convenio de confidencialidad y un programa para aplicar un modelo de gestión tercerizado en Córdoba, Santa Fe y otras provincias del litoral y del nordeste argentino.
Hasta ahora, según documentación que trascendió, las partes se habrían comprometido a “explorar las condiciones de factibilidad de avanzar con la redacción de un convenio prestacional”.
El acuerdo de confidencialidad regiría desde el inicio de las negociaciones hasta “un plazo de diez años después de extinguida la relación que vincularía a ambas partes”, reveló una fuente castrense.
La cuestión se analizó, incluso, en una reunión de almirantes y generales retirados, en la que se consideró que se estaría ante “un cambio prestacional sensible y controvertido”.
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) relativizó la preocupación que genera incertidumbre en el ámbito castrense: la entidad reúne 600.000 afiliados LA NACION
