Alertan que pueden volver a faltar cédulas verdes y patentes para los autos
En medio de una trama que contempla la cruzada oficial por bajar costos y desburocratizar, intereses de toda la política y la defensa del actual sistema para hacer una simple transferencia de un automóvil, en la Argentina pueden volver a faltar patentes para los autos y motos, y cédulas verdes, actualmente uno de los documentos necesarios para poder circular con un medio de transporte por el país.
No es la primera vez que sucede, aunque la causa sea otra. De hecho, a fines del año pasado, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner debió autorizar patentes de papel por la imposibilidad de comprar chapa en el exterior como consecuencia de la falta de dólares y las trabas oficiales a la importación. Sin embargo, para quienes trabajan cerca de los registros de propiedad, según pudo saber LA NACION, esta vez ese no sería el detonante. Ahora, describen desde allí una oscura trama de intereses cruzados.
Días atrás, más precisamente el jueves pasado, Acara –el ente cooperador a cargo de los registros de propiedad que depende del Ministerio de Justicia– envió una nota interna a los 1554 registros del país. La idea, contaron, es que los encargados de los polémicos registros bajaran esa información al público.
“Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de poner en su conocimiento que Casa de Moneda SA está omitiendo cumplimentar las entregas de elementos e insumos registrales (chapas metálicas de identificación y Cédulas Únicas de Identificación) en los términos y condiciones acordadas, por circunstancias que alegan como imponderables y fortuitas, ajenas a su giro comercial, incurriendo en significativas demoras que provocan consecuentemente la imposibilidad real de cumplimentar, por nuestra parte, la puntual entrega de los mismos”, explicó la nota firmada por el Consejo de Administración de Acara y dirigida a los encargados de los registros.
En Casa de Moneda dijeron a LA NACION que al comienzo de la gestión pudo haber faltantes o algunos atrasos hasta que se definieron las nuevas autoridades, pero que ahora están al día con las entregas.
“Asimismo le informamos que este Ente Cooperador, en cumplimiento de las obligaciones que le competen, se encuentra efectuando todos los reclamos y tratativas a la contratista a los fines de que regularice la provisión de los elementos a la brevedad, bajo apercibimiento de responsabilizarla por las consecuencias e inconvenientes que su incumplimiento depare a los Registros del Automotor”, sigue la misiva.
Según Acara, esta situación fue informada a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y Justicia para que “se regularice” la provisión de los “elementos faltantes” (chapas y cédulas). En la nota, Acara se encarga de ratificar que el único proveedor autorizado es Casa de Moneda. En la entidad dirigida por Daniel Méndez ratificaron que siguen siendo el único proveedor oficial.
“Por todo lo expuesto, le solicitamos tenga a bien informar a los usuarios la real situación, expuesta en los párrafos precedentes, recordándole que este Ente Cooperador no se encuentra habilitado a brindar información al público usuario”, cerraron desde Acara.
LA NACION consultó en el Ministerio de Justicia sobre esta situación. Allí dijeron que el Gobierno logró que “tener un registro en la Argentina deje de ser un negocio”. En esa cartera justificaron sus dichos con el dato de que los emolumentos que cobran en los encargados registros no fueron nunca actualizados. “Vamos a terminar con el curro de los [registros] automotores, que es una caja de la política”, agregaron, y señalaron que lleva su tiempo por la maraña administrativa, fiscal y laboral generada en los últimos años.
“Los que estamos en el ambiente registral sabemos que esto [el Gobierno] lo hace a propósito. Lo hacen para que la gente se engrane. No es que le falten medios, recursos, ni nada. Inclusive, las placas metálicas las están haciendo de una pésima calidad (…) y las autoridades le hacen multas a la gente. Esto es todo para armar un ambiente recontra turbio”, contaron desde el otro lado del mostrador a este medio.
En guerra contra los registros
No es una novedad que el Gobierno cuestiona los registros automotores o de propiedad. De hecho, el 10 de julio pasado, a través de la Resolución (209/2024), el gobierno del libertario Javier Milei cerró unos 130 registros automotores. En mayo pasado, Milei justamente había anunciado la eliminación del 40% de los registros del automotor para “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”.
“Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos”, había completado, en tanto, sus dichos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”, había agregado.
Entonces se iba a pedir además que los titulares de los registros seccionales se hicieran cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y a su productividad. De esta manera, Justicia podría controlar la estructura de costos de los encargados de registros.
Una idea fuerte del Gobierno –no implementada aún, pero sí informada entonces– era la derogación del régimen que impone el monopolio de Casa de la Moneda en la compra de insumos. “Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios”, dijeron. No ocurrió.
Unos días antes, la AFIP había informado que eliminaba el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP. El Gobierno, por otra parte, había indicado que desde mayo no serviría más la cédula azul y que sólo era necesaria la exhibición –física o digital– de la cédula verde del titular del automóvil. Las mismas, se indicó, no tendrían vencimiento.
Cúneo Libarona había tenido además su primer desliz justamente con los registros. A mediados de abril pasado, a través del Boletín Oficial, había avalado un aumento de los aranceles para las transferencias de un vehículo de hasta 300%. En medio de la polémica, sin embargo, ese mismo día dio marcha atrás.
En medio de una trama que contempla la cruzada oficial por bajar costos y desburocratizar, intereses de toda la política y la defensa del actual sistema para hacer una simple transferencia de un automóvil, en la Argentina pueden volver a faltar patentes para los autos y motos, y cédulas verdes, actualmente uno de los documentos necesarios para poder circular con un medio de transporte por el país.
No es la primera vez que sucede, aunque la causa sea otra. De hecho, a fines del año pasado, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner debió autorizar patentes de papel por la imposibilidad de comprar chapa en el exterior como consecuencia de la falta de dólares y las trabas oficiales a la importación. Sin embargo, para quienes trabajan cerca de los registros de propiedad, según pudo saber LA NACION, esta vez ese no sería el detonante. Ahora, describen desde allí una oscura trama de intereses cruzados.
Días atrás, más precisamente el jueves pasado, Acara –el ente cooperador a cargo de los registros de propiedad que depende del Ministerio de Justicia– envió una nota interna a los 1554 registros del país. La idea, contaron, es que los encargados de los polémicos registros bajaran esa información al público.
“Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de poner en su conocimiento que Casa de Moneda SA está omitiendo cumplimentar las entregas de elementos e insumos registrales (chapas metálicas de identificación y Cédulas Únicas de Identificación) en los términos y condiciones acordadas, por circunstancias que alegan como imponderables y fortuitas, ajenas a su giro comercial, incurriendo en significativas demoras que provocan consecuentemente la imposibilidad real de cumplimentar, por nuestra parte, la puntual entrega de los mismos”, explicó la nota firmada por el Consejo de Administración de Acara y dirigida a los encargados de los registros.
En Casa de Moneda dijeron a LA NACION que al comienzo de la gestión pudo haber faltantes o algunos atrasos hasta que se definieron las nuevas autoridades, pero que ahora están al día con las entregas.
“Asimismo le informamos que este Ente Cooperador, en cumplimiento de las obligaciones que le competen, se encuentra efectuando todos los reclamos y tratativas a la contratista a los fines de que regularice la provisión de los elementos a la brevedad, bajo apercibimiento de responsabilizarla por las consecuencias e inconvenientes que su incumplimiento depare a los Registros del Automotor”, sigue la misiva.
Según Acara, esta situación fue informada a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y Justicia para que “se regularice” la provisión de los “elementos faltantes” (chapas y cédulas). En la nota, Acara se encarga de ratificar que el único proveedor autorizado es Casa de Moneda. En la entidad dirigida por Daniel Méndez ratificaron que siguen siendo el único proveedor oficial.
“Por todo lo expuesto, le solicitamos tenga a bien informar a los usuarios la real situación, expuesta en los párrafos precedentes, recordándole que este Ente Cooperador no se encuentra habilitado a brindar información al público usuario”, cerraron desde Acara.
LA NACION consultó en el Ministerio de Justicia sobre esta situación. Allí dijeron que el Gobierno logró que “tener un registro en la Argentina deje de ser un negocio”. En esa cartera justificaron sus dichos con el dato de que los emolumentos que cobran en los encargados registros no fueron nunca actualizados. “Vamos a terminar con el curro de los [registros] automotores, que es una caja de la política”, agregaron, y señalaron que lleva su tiempo por la maraña administrativa, fiscal y laboral generada en los últimos años.
“Los que estamos en el ambiente registral sabemos que esto [el Gobierno] lo hace a propósito. Lo hacen para que la gente se engrane. No es que le falten medios, recursos, ni nada. Inclusive, las placas metálicas las están haciendo de una pésima calidad (…) y las autoridades le hacen multas a la gente. Esto es todo para armar un ambiente recontra turbio”, contaron desde el otro lado del mostrador a este medio.
En guerra contra los registros
No es una novedad que el Gobierno cuestiona los registros automotores o de propiedad. De hecho, el 10 de julio pasado, a través de la Resolución (209/2024), el gobierno del libertario Javier Milei cerró unos 130 registros automotores. En mayo pasado, Milei justamente había anunciado la eliminación del 40% de los registros del automotor para “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”.
“Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos”, había completado, en tanto, sus dichos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”, había agregado.
Entonces se iba a pedir además que los titulares de los registros seccionales se hicieran cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y a su productividad. De esta manera, Justicia podría controlar la estructura de costos de los encargados de registros.
Una idea fuerte del Gobierno –no implementada aún, pero sí informada entonces– era la derogación del régimen que impone el monopolio de Casa de la Moneda en la compra de insumos. “Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios”, dijeron. No ocurrió.
Unos días antes, la AFIP había informado que eliminaba el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP. El Gobierno, por otra parte, había indicado que desde mayo no serviría más la cédula azul y que sólo era necesaria la exhibición –física o digital– de la cédula verde del titular del automóvil. Las mismas, se indicó, no tendrían vencimiento.
Cúneo Libarona había tenido además su primer desliz justamente con los registros. A mediados de abril pasado, a través del Boletín Oficial, había avalado un aumento de los aranceles para las transferencias de un vehículo de hasta 300%. En medio de la polémica, sin embargo, ese mismo día dio marcha atrás.
Acara advirtió de esta posibilidad a los más de 1500 registros de propiedad; afirman que no tiene que ver con problemas de importación; en Casa de Moneda dijeron que están al día LA NACION
