Lejos de la deseada continuidad que debería primar por sobre el color partidario de las sucesivas gestiones de gobierno, los argentinos nos hemos acostumbrado a una suerte de subibaja violento que nos catapulta de un extremo al otro.
Bajo el mínimo común denominador de la democracia, las dificultades para abrazar al conjunto de las miradas, en un marco de respeto, demostró ser uno de los principales obstáculos al momento de encarar con algún viso de éxito el ansiado desarrollo. Hay una suerte de regodeo faccioso en el enfrentamiento. Una necesidad de agrandar las ya de por sí importantes diferencias artesanalmente construidas a lo largo de décadas, posando la mirada en el pasado, a través del espejo retrovisor.
En estos días, recrudecieron las críticas para aquellos que, desde su mirada de la historia, expresan activamente una posición considerada controvertida. Seis diputados del bloque La Libertad Avanza visitaron el penal federal de Ezeiza para reunirse con condenados por delitos de lesa humanidad. La comitiva, integrada por el diputado por Entre Ríos Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo (Capital Federal), Lourdes Arrieta (Mendoza), Rocío Bonacci (Santa Fe), Guillermo Montenegro (Buenos Aires) y Alida Ferreyra (Capital Federal), visitó a Alfredo Astiz y Ricardo Cavallo, ambos con prisión perpetua, y a Raúl Guglielminetti, condenado a 25 años, entre otros.
“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, explicó Benedit. Otros integrantes del bloque se diferenciaron lamentando la iniciativa y aclarando que solo visitaron una cárcel, en general, y no a personas en particular. Arrieta incluso refirió insólitamente después haber asistido “engañada”, ya que, por su edad, “no tenía idea de quiénes eran”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que se trató de la agenda personal de los diputados, mientras que el Presidente se desentendió comentando que él “no lo hubiera hecho”. La UCR lo consideró “una afrenta a las víctimas, sus familiares y a todo el pueblo argentino”. El bloque de Unión por la Patria presentó un absurdo proyecto para sancionar a los diputados. El Frente de Izquierda denunció “complicidad con el genocidio”. A las críticas se sumaron la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA-A) y la CGT, junto con agrupaciones de derechos humanos y organizaciones de familiares de desaparecidos durante la dictadura militar, estas últimas pidiendo la expulsión de los diputados por “inhabilidad moral”.
La ministra Patricia Bullrich, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal, argumentó que los diputados piden entrar a las cárceles todo el tiempo, siempre dentro de la ley, y que cuando pedían visitar a Lázaro Báez o a Julio De Vido nadie cuestionaba el porqué.
La opinión de Benedit no tendría por qué coincidir con la del resto de los argentinos; apenas un puñado de causas como Malvinas o el Mundial de fútbol concitan apoyos masivos. El resto, solo división. ¿Puede ser tomada como una provocación? Frente a las visitas humanitarias a las cárceles de Ezeiza y Campo de Mayo que se organizan, muchos parados ideológicamente en la vereda de enfrente así lo entienden; sin espacio para sentimientos misericordiosos siendo el odio su único motor. Tal vez, una suerte de alegato, habida cuenta de que el debido proceso no alcanzó a muchos presos, con tantos de ellos que llevan años sin condena firme, algunos en edad avanzada y con derecho de cumplirla en domicilio como establece la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, con jerarquía constitucional. Demasiados también fallecieron.
Hoy hay muchas personas dispuestas a pagar el costo político de defender sus convicciones como antes lo hicieron otros con el discurso opuesto, integrantes de organizaciones armadas revolucionarias que recibieron millonarias indemnizaciones e incluso ocuparon cargos oficiales. Son los mismos que hoy se escandalizan mientras sus víctimas fueron silenciadas.
La Justicia no puede montarse en un subibaja. Garantizar su independencia es asegurar el respeto por el debido proceso y la igualdad ante la ley sin expresiones pendulares. La memoria debe ser completa y capaz de terminar con odios, revanchismos y violencias de cualquier bando. ¿Tiene sentido seguir discutiendo para atrás? Creemos claramente que no. Con el futuro en juego, son tantas y tan variadas las cuestiones que demandan atención y que deben acordarse que seguir empantanados en las viejas divisiones del pasado es condenarnos al fracaso y al estancamiento. Los cultores del pasado le temen al futuro y amenazan con arrebatárnoslo.
Lejos de la deseada continuidad que debería primar por sobre el color partidario de las sucesivas gestiones de gobierno, los argentinos nos hemos acostumbrado a una suerte de subibaja violento que nos catapulta de un extremo al otro.
Bajo el mínimo común denominador de la democracia, las dificultades para abrazar al conjunto de las miradas, en un marco de respeto, demostró ser uno de los principales obstáculos al momento de encarar con algún viso de éxito el ansiado desarrollo. Hay una suerte de regodeo faccioso en el enfrentamiento. Una necesidad de agrandar las ya de por sí importantes diferencias artesanalmente construidas a lo largo de décadas, posando la mirada en el pasado, a través del espejo retrovisor.
En estos días, recrudecieron las críticas para aquellos que, desde su mirada de la historia, expresan activamente una posición considerada controvertida. Seis diputados del bloque La Libertad Avanza visitaron el penal federal de Ezeiza para reunirse con condenados por delitos de lesa humanidad. La comitiva, integrada por el diputado por Entre Ríos Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo (Capital Federal), Lourdes Arrieta (Mendoza), Rocío Bonacci (Santa Fe), Guillermo Montenegro (Buenos Aires) y Alida Ferreyra (Capital Federal), visitó a Alfredo Astiz y Ricardo Cavallo, ambos con prisión perpetua, y a Raúl Guglielminetti, condenado a 25 años, entre otros.
“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, explicó Benedit. Otros integrantes del bloque se diferenciaron lamentando la iniciativa y aclarando que solo visitaron una cárcel, en general, y no a personas en particular. Arrieta incluso refirió insólitamente después haber asistido “engañada”, ya que, por su edad, “no tenía idea de quiénes eran”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que se trató de la agenda personal de los diputados, mientras que el Presidente se desentendió comentando que él “no lo hubiera hecho”. La UCR lo consideró “una afrenta a las víctimas, sus familiares y a todo el pueblo argentino”. El bloque de Unión por la Patria presentó un absurdo proyecto para sancionar a los diputados. El Frente de Izquierda denunció “complicidad con el genocidio”. A las críticas se sumaron la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA-A) y la CGT, junto con agrupaciones de derechos humanos y organizaciones de familiares de desaparecidos durante la dictadura militar, estas últimas pidiendo la expulsión de los diputados por “inhabilidad moral”.
La ministra Patricia Bullrich, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal, argumentó que los diputados piden entrar a las cárceles todo el tiempo, siempre dentro de la ley, y que cuando pedían visitar a Lázaro Báez o a Julio De Vido nadie cuestionaba el porqué.
La opinión de Benedit no tendría por qué coincidir con la del resto de los argentinos; apenas un puñado de causas como Malvinas o el Mundial de fútbol concitan apoyos masivos. El resto, solo división. ¿Puede ser tomada como una provocación? Frente a las visitas humanitarias a las cárceles de Ezeiza y Campo de Mayo que se organizan, muchos parados ideológicamente en la vereda de enfrente así lo entienden; sin espacio para sentimientos misericordiosos siendo el odio su único motor. Tal vez, una suerte de alegato, habida cuenta de que el debido proceso no alcanzó a muchos presos, con tantos de ellos que llevan años sin condena firme, algunos en edad avanzada y con derecho de cumplirla en domicilio como establece la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, con jerarquía constitucional. Demasiados también fallecieron.
Hoy hay muchas personas dispuestas a pagar el costo político de defender sus convicciones como antes lo hicieron otros con el discurso opuesto, integrantes de organizaciones armadas revolucionarias que recibieron millonarias indemnizaciones e incluso ocuparon cargos oficiales. Son los mismos que hoy se escandalizan mientras sus víctimas fueron silenciadas.
La Justicia no puede montarse en un subibaja. Garantizar su independencia es asegurar el respeto por el debido proceso y la igualdad ante la ley sin expresiones pendulares. La memoria debe ser completa y capaz de terminar con odios, revanchismos y violencias de cualquier bando. ¿Tiene sentido seguir discutiendo para atrás? Creemos claramente que no. Con el futuro en juego, son tantas y tan variadas las cuestiones que demandan atención y que deben acordarse que seguir empantanados en las viejas divisiones del pasado es condenarnos al fracaso y al estancamiento. Los cultores del pasado le temen al futuro y amenazan con arrebatárnoslo.
La Justicia no puede montarse en un subibaja; garantizar su independencia es asegurar el respeto por el debido proceso y la igualdad ante la ley LA NACION
