Lázaro Báez podría sumar su tercera condena: en Chaco piden que afronte entre 9 y 18 años de prisión
Mientras Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que el fiscal Diego Luciani impulsó la acusación en su contra en el “caso Vialidad” para atacar a todo el peronismo y favorecer a Lázaro Báez, el dueño de Austral Construcciones se encuentra, otra vez, contra las cuerdas judiciales. En el juicio oral que afronta en Chaco, la Fiscalía pidió que sea condenado a 9 años de prisión. Y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) duplicó el pedido: reclamó que lo condenen a 18 años.
Báez afronta los dos pedidos de condena efectiva en Resistencia, donde tramita otro juicio oral en su contra por la presunta evasión de decenas de millones de pesos provenientes de la obra pública a través de una de sus constructoras durante los últimos años de la presidencia de Fernández de Kirchner. De ser hallado culpable, la condena configuraría el “delito precedente” de otras investigaciones, como la “ruta del dinero K”.
El juicio oral que se sustancia en Chaco ingresó ya en su recta final. Tras los pedidos de condena de la Fiscalía y de la AFIP, el Tribunal Oral Federal escucha ahora los alegatos de las defensas de los cinco acusados: Báez, su socio y ex senador nacional por el Partido Justicialista, Fabio Biancalani; el expresidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza; el contador y apoderado de esa constructora, Claudio Bustos; y el abogado y exadministrador de la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani, Jorge Chueco.
Sujeto a prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires y, luego, de Santa Cruz, Báez participó en las audiencias orales a través de la plataforma Zoom, a diferencia de Fabio Biancalani, quien sí se presentó para la primera audiencia en la sala dispuesta por el tribunal que integran Noemí Marta Berros, Mariela Emilce Rojas y Lilia Graciela Carnero.
Durante las audiencias, la Fiscalía buscó probar que Báez y sus colaboradores trasladaron las operaciones y parte de la estructura de Austral Construcciones a la provincia de Chaco para obtener fondos públicos entre 2013 y 2015, y evadir impuestos mediante el uso intensivo de facturas truchas y otra documentación apócrifa por montos multimillonarios.
“La estructura de Austral Construcciones se trasladó al Chaco para, a través de [la constructora] Sucesores de Adelmo Biancalani, obtener beneficios por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y de direcciones provinciales de Vialidad, cuya ejecución económica les reportó enormes sumas de dinero, justamente por el no pago de los tributos que debían abonar”, argumentó el fiscal Federico Carniel. “Ahí está la maniobra”.
El juicio oral se inició a principios de este año tras tres postergaciones provocadas por las demoras para producir algunas pruebas; entre ellas, un peritaje en el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, según había informado el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería.
Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani llegaron a la instancia oral con embargos por $52 millones cada uno –montos sujetos a actualización- con el fin de cubrir, de ser hallados culpables, la cifra que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estimó que habrían evadido en los impuestos a las Ganancias e IVA mediante el uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que Chueco sobrelleva un embargo de $3 millones.
Tanto para para Báez y Mendoza, como para Bustos, la pesquisa que se desarrolló durante años en Chaco representa una de las tres grandes investigaciones judiciales que afrontaron por la presunta evasión a escala multimillonaria que habrían desarrollado durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, junto a Bahía Blanca y la ciudad de Buenos Aires.
En Bahía Blanca, el juez federal Walter López da Silva los procesó como miembros de una presunta asociación ilícita fiscal destinada a cometer delitos en perjuicio de las arcas públicas por más de $673 millones y los embargó por $120 millones. Pero la Cámara Federal con asiento en esa ciudad revocó el procesamiento de Báez, a mediados de 2021, tras concluir que él y sus alfiles ya eran investigados por esos mismos hechos en Buenos Aires. Tras esa decisión, el juez sólo remitió a juicio oral a los empresarios bahienses que trabajaron para el dueño de Austral Construcciones.
En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, procesó a Báez, Mendoza y Bustos en marzo de 2018 por la presunta evasión de al menos $ 70 millones a través de Austral Construcciones, y elevó a juicio oral a Báez y a sus hijos Martín, Leandro y Luciana a juicio, como también a Mendoza, Bustos, Chueco, César Andrés y otros alfiles. Todos deberán afrontar la instancia oral ante el Tribunal en lo Penal Económico N° 3, que debe concretar medidas de prueba suplementarias.
Chaco, eslabón clave
El juicio oral que se acerca a su fin en Chaco, se inició con una denuncia de la AFIP, cuyos sabuesos detectaron irregularidades y presuntos delitos al revisar los libros contables de la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”, en la que Fabio Biancalani continúa como socio minoritario con el 16% de las acciones.
A pedido del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, el juez federal subrogante, Enrique Bosch, procesó en 2020 a Báez y los demás acusados. Estimó que había pruebas suficientes sobre “la existencia de operaciones inter empresas –controlada y controlante- con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP”.
Para Báez, qué ocurra en Chaco resulta clave para su estrategia defensiva. Entre otros motivos, porque el tribunal con sede en Buenos Aires que en 2020 lo condenó por la “ruta del dinero K” a 12 años de prisión (pena que Casación redujo luego a 10 años) junto a Chueco (6 años), Mendoza (6 años, que se redujo a 5 años) y Bustos (4 años y 6 meses, que bajó a 3 años), argumentó que el origen de esos fondos fue el fraude fiscal de fortunas que recibió de la obra pública. Y a lo largo de la sentencia, invocó repetidas veces lo ocurrido en territorio chaqueño.
Para la Fiscalía, Báez –que a la condena que arrastra por “la ruta del dinero K” se suma otra por el “caso Vialidad” junto a Fernández de Kirchner- debería afrontar 9 años de prisión como coautor de una evasión agravada; Julio Mendoza y Claudio Bustos, 7 años cada uno; Fabio Biancalani, 5 años de prisión; y Jorge Chueco, 4 años. En tanto, para la AFIP, Báez debería ser condenado a 18 años de prisión, Mendoza y Bustos a 14 años cada uno; y Biancalani y Chueco, a 6 años de prisión.
Mientras Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que el fiscal Diego Luciani impulsó la acusación en su contra en el “caso Vialidad” para atacar a todo el peronismo y favorecer a Lázaro Báez, el dueño de Austral Construcciones se encuentra, otra vez, contra las cuerdas judiciales. En el juicio oral que afronta en Chaco, la Fiscalía pidió que sea condenado a 9 años de prisión. Y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) duplicó el pedido: reclamó que lo condenen a 18 años.
Báez afronta los dos pedidos de condena efectiva en Resistencia, donde tramita otro juicio oral en su contra por la presunta evasión de decenas de millones de pesos provenientes de la obra pública a través de una de sus constructoras durante los últimos años de la presidencia de Fernández de Kirchner. De ser hallado culpable, la condena configuraría el “delito precedente” de otras investigaciones, como la “ruta del dinero K”.
El juicio oral que se sustancia en Chaco ingresó ya en su recta final. Tras los pedidos de condena de la Fiscalía y de la AFIP, el Tribunal Oral Federal escucha ahora los alegatos de las defensas de los cinco acusados: Báez, su socio y ex senador nacional por el Partido Justicialista, Fabio Biancalani; el expresidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza; el contador y apoderado de esa constructora, Claudio Bustos; y el abogado y exadministrador de la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani, Jorge Chueco.
Sujeto a prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires y, luego, de Santa Cruz, Báez participó en las audiencias orales a través de la plataforma Zoom, a diferencia de Fabio Biancalani, quien sí se presentó para la primera audiencia en la sala dispuesta por el tribunal que integran Noemí Marta Berros, Mariela Emilce Rojas y Lilia Graciela Carnero.
Durante las audiencias, la Fiscalía buscó probar que Báez y sus colaboradores trasladaron las operaciones y parte de la estructura de Austral Construcciones a la provincia de Chaco para obtener fondos públicos entre 2013 y 2015, y evadir impuestos mediante el uso intensivo de facturas truchas y otra documentación apócrifa por montos multimillonarios.
“La estructura de Austral Construcciones se trasladó al Chaco para, a través de [la constructora] Sucesores de Adelmo Biancalani, obtener beneficios por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y de direcciones provinciales de Vialidad, cuya ejecución económica les reportó enormes sumas de dinero, justamente por el no pago de los tributos que debían abonar”, argumentó el fiscal Federico Carniel. “Ahí está la maniobra”.
El juicio oral se inició a principios de este año tras tres postergaciones provocadas por las demoras para producir algunas pruebas; entre ellas, un peritaje en el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, según había informado el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería.
Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani llegaron a la instancia oral con embargos por $52 millones cada uno –montos sujetos a actualización- con el fin de cubrir, de ser hallados culpables, la cifra que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estimó que habrían evadido en los impuestos a las Ganancias e IVA mediante el uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que Chueco sobrelleva un embargo de $3 millones.
Tanto para para Báez y Mendoza, como para Bustos, la pesquisa que se desarrolló durante años en Chaco representa una de las tres grandes investigaciones judiciales que afrontaron por la presunta evasión a escala multimillonaria que habrían desarrollado durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, junto a Bahía Blanca y la ciudad de Buenos Aires.
En Bahía Blanca, el juez federal Walter López da Silva los procesó como miembros de una presunta asociación ilícita fiscal destinada a cometer delitos en perjuicio de las arcas públicas por más de $673 millones y los embargó por $120 millones. Pero la Cámara Federal con asiento en esa ciudad revocó el procesamiento de Báez, a mediados de 2021, tras concluir que él y sus alfiles ya eran investigados por esos mismos hechos en Buenos Aires. Tras esa decisión, el juez sólo remitió a juicio oral a los empresarios bahienses que trabajaron para el dueño de Austral Construcciones.
En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, procesó a Báez, Mendoza y Bustos en marzo de 2018 por la presunta evasión de al menos $ 70 millones a través de Austral Construcciones, y elevó a juicio oral a Báez y a sus hijos Martín, Leandro y Luciana a juicio, como también a Mendoza, Bustos, Chueco, César Andrés y otros alfiles. Todos deberán afrontar la instancia oral ante el Tribunal en lo Penal Económico N° 3, que debe concretar medidas de prueba suplementarias.
Chaco, eslabón clave
El juicio oral que se acerca a su fin en Chaco, se inició con una denuncia de la AFIP, cuyos sabuesos detectaron irregularidades y presuntos delitos al revisar los libros contables de la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”, en la que Fabio Biancalani continúa como socio minoritario con el 16% de las acciones.
A pedido del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, el juez federal subrogante, Enrique Bosch, procesó en 2020 a Báez y los demás acusados. Estimó que había pruebas suficientes sobre “la existencia de operaciones inter empresas –controlada y controlante- con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP”.
Para Báez, qué ocurra en Chaco resulta clave para su estrategia defensiva. Entre otros motivos, porque el tribunal con sede en Buenos Aires que en 2020 lo condenó por la “ruta del dinero K” a 12 años de prisión (pena que Casación redujo luego a 10 años) junto a Chueco (6 años), Mendoza (6 años, que se redujo a 5 años) y Bustos (4 años y 6 meses, que bajó a 3 años), argumentó que el origen de esos fondos fue el fraude fiscal de fortunas que recibió de la obra pública. Y a lo largo de la sentencia, invocó repetidas veces lo ocurrido en territorio chaqueño.
Para la Fiscalía, Báez –que a la condena que arrastra por “la ruta del dinero K” se suma otra por el “caso Vialidad” junto a Fernández de Kirchner- debería afrontar 9 años de prisión como coautor de una evasión agravada; Julio Mendoza y Claudio Bustos, 7 años cada uno; Fabio Biancalani, 5 años de prisión; y Jorge Chueco, 4 años. En tanto, para la AFIP, Báez debería ser condenado a 18 años de prisión, Mendoza y Bustos a 14 años cada uno; y Biancalani y Chueco, a 6 años de prisión.
Mientras Cristina Kirchner declaró que el Ministerio Público buscó favorecer al dueño de Austral Construcciones en el “caso Vialidad”, en Resistencia afronta la recta final de otro juicio oral LA NACION
