Vacaciones, favores y política: Milei intenta limitar a los aviones de los gobernadores y los obligará a declarar la finalidad de los vuelos
Un par de artículos y no mucho más como para empezar a delinear un nuevo esquema. De eso se trata el decreto que firmó el presidente Javier Milei, con el que intentará poner un límite a los excesos y los abusos que la política hace de los aviones que son propiedad de los estados, nacionales o provinciales. De pasada, como para sumar algo más, controlar más de cerca los vuelos y los destinos de las aeronaves militares.
La historia no es nueva, aunque la norma sí lo es. El jefe de Estado ya se había referido al asunto en la campaña. Pero estos días, cuando el ímpetu de la administración es desregular, caminó por el sendero contrario para intentar ordenar una situación que molesta a la Casa Rosada.
La cuestión es simple. La Nación no puede entrometerse en las cuestiones de los gobernadores que suelen usar aeronaves de las provincias, aunque sí lo puede hacer en todo lo que tiene que ver con aquellos que estén matriculados por los organismos o las empresas que dependan de los militares. Pero encontró una tangente con la que tendrá injerencia en ambos universos.
Se trata de hacerles declarar a este tipo de aviones no sólo la ruta, como era hasta ahora, sino la finalidad de vuelo. “Las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público. Prohíbese su utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda ser considerada propia de una aeronave privada”, dice la norma en su artículo primero.
La idea es simple: no autorizar los vuelos si no es una actividad oficial, o en su caso, un vuelo sanitario para los aviones comprados bajo ese régimen. De paso, poner un límite a los vuelos de las Fuerzas Armadas que, desde hace un tiempo, iniciaron la explotación comercial de algunas aeronaves con matrícula militar. Por caso, alguna vez un Hércules se utilizó para llevar carga a Ushuaia y un Boeing 737 que explota Líneas Aéreas del Estado (LADE) y que compite con los privados con precios muy bajos, por ejemplo, en vuelos charter a Brasil o para delegaciones de fútbol.
Con los gobernadores, la cuestión es distinta. Sucede que la mayoría de las provincias renovaron sus flotas en los últimos años. Pillos y conocedores de los pasillos del poder del gobierno de Alberto Fernández, los mandatarios aprovecharon la brecha cambiaria y compraron aviones a precio oficial. No eran originales, la misma metodología la siguieron centenares de empresarios. El asunto era sencillo: pedían autorización para importar una aeronave, les autorizaban las licencias y luego cancelaban la cuenta en pesos y a precio oficial.
Este esquema funcionó tanto para los hombres de negocios y como para los gobernadores. Se reían de las restricciones cambiarias de los que se mueven por la tierra; en el aire, los dólares volaron al exterior con operaciones de este tipo.
El negocio floreció al punto que entre 2020 y 2022 se matricularon 280 aviones en el país. Fue una fiesta que aprovechaba, no solo la brecha, sino la posibilidad de sobrefacturar en el exterior y comprar más dólares que los necesarios, en pesos y al valor oficial. Maravillas cambiarias con forma de hélices y turbinas
Los gobernadores, además, usaron otra ventanilla de descuento: importaban los aviones bajo el régimen de “avión sanitario”. Ese sistema entrega algunos beneficios a la hora de tributar impuestos, además de comprar un ticket social para vender mejor la idea a los propios. Es decir, no es lo mismo contar la historia del gasto de millones de dólares en un jet privado que hacerlo cuando se trata de un “avión sanitario”.
Esta operatoria se convirtió en una fenomenal manera de sacarle billetes al Banco Central, que lo permitía por pedido de “la casta” política y empresaria. Fue tal el negocio que aquellos hechos terminaron con una causa penal que instruyó el fiscal Guillermo Marijuan en la que se listó el monto de dólares pedidos, el valor declarado, la matrícula y la empresa o el organismo que lo había traído al país.
Una aclaración: para declarar un avión como sanitario sólo es necesario comprar un set que venden las comercializadoras de aviones y que requiere que, al colocarlo, se remuevan un par de asientos. Con lo cual, con solo retirarlo, pues la aeronave queda configurada como un jet de pasajeros.
Así las cosas, varios del los gobernadores empezaron a hacer uso y abuso de los aviones. Alguna vez, por ejemplo, Luis Manzur, cuando era Jefe de Gabinete, viajó a Estados Unidos en un jet “sanitario” propiedad de la provincia de Tucumán. También son conocidos los vuelos de la aeronave de la gobernación de Santiago del Estero, muchos de ellos a destinos turísticos como la costa argentina o Punta del Este.
Por caso, el 8 de enero pasado, el avión oficial Lear Jet 45 matrícula LQ-CPS despegó de Santiago del Estero el lunes 8 de enero a las 11.03 y aterrizo a las 12.35 en Villa Gesell. Casualmente, esos días el gobernador Gerardo Zamora llegó al balneario con su familia. El avión sanitario voló 1,35 horas para llegar al aeropuerto más cercano a Pinamar, donde se lo fotografió. Las posibilidades del vuelo no eran tantas. O hubo alguna derivación de urgencia desde la capital provincial a algún hospital de la zona balnearia o algún santiagueño tuvo que trasladarse de urgencia desde Pinamar a Santiago. Pero claro, la principal hipótesis fue que Zamora y su familia llegaron en ese vuelo. “Es una pelotudez”, dijo entonces el mandatario cuando se lo consultó.
De regreso a la norma, ahora Zamora deberá indicar la finalidad de cada vuelo a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y, en ese caso, quien tenga que decidir podrá no autorizar el vuelo si no está debidamente justificado el traslado. Es decir, si no es una actividad oficial, podría denegar el permiso y dejar el avión en tierra.
En el caso de los aviones con matrícula militar, la norma es clara: no pueden hacer actividad comercial. Los clubes o las empresas que usaban los aviones de la Fuerza Aérea o de LADE ya no podrán continuar con esa actividad.
Uno de los puntos que no está claro es qué pasará con la mayoría de los vuelos que realizan los jets de las provincias, que llevan y traen funcionarios, y que fueron importados como aviones sanitarios. La reglamentación se ocupará del asunto y tiene que estar lista en 120 días, aunque nada hace suponer que será tan estricta como para dejar a esos aviones en tierra. Todos conocen en el sector que se compraron con ese régimen por cuestiones políticas e impositivas, pero los usan para traslados de jerarcas provinciales. Al fin y al cabo, son conocedores de las trapisondas aeronáuticas necesarias como para no subirse más a un avión de línea; al menos, mientras dure su mandato.
Un par de artículos y no mucho más como para empezar a delinear un nuevo esquema. De eso se trata el decreto que firmó el presidente Javier Milei, con el que intentará poner un límite a los excesos y los abusos que la política hace de los aviones que son propiedad de los estados, nacionales o provinciales. De pasada, como para sumar algo más, controlar más de cerca los vuelos y los destinos de las aeronaves militares.
La historia no es nueva, aunque la norma sí lo es. El jefe de Estado ya se había referido al asunto en la campaña. Pero estos días, cuando el ímpetu de la administración es desregular, caminó por el sendero contrario para intentar ordenar una situación que molesta a la Casa Rosada.
La cuestión es simple. La Nación no puede entrometerse en las cuestiones de los gobernadores que suelen usar aeronaves de las provincias, aunque sí lo puede hacer en todo lo que tiene que ver con aquellos que estén matriculados por los organismos o las empresas que dependan de los militares. Pero encontró una tangente con la que tendrá injerencia en ambos universos.
Se trata de hacerles declarar a este tipo de aviones no sólo la ruta, como era hasta ahora, sino la finalidad de vuelo. “Las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público. Prohíbese su utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda ser considerada propia de una aeronave privada”, dice la norma en su artículo primero.
La idea es simple: no autorizar los vuelos si no es una actividad oficial, o en su caso, un vuelo sanitario para los aviones comprados bajo ese régimen. De paso, poner un límite a los vuelos de las Fuerzas Armadas que, desde hace un tiempo, iniciaron la explotación comercial de algunas aeronaves con matrícula militar. Por caso, alguna vez un Hércules se utilizó para llevar carga a Ushuaia y un Boeing 737 que explota Líneas Aéreas del Estado (LADE) y que compite con los privados con precios muy bajos, por ejemplo, en vuelos charter a Brasil o para delegaciones de fútbol.
Con los gobernadores, la cuestión es distinta. Sucede que la mayoría de las provincias renovaron sus flotas en los últimos años. Pillos y conocedores de los pasillos del poder del gobierno de Alberto Fernández, los mandatarios aprovecharon la brecha cambiaria y compraron aviones a precio oficial. No eran originales, la misma metodología la siguieron centenares de empresarios. El asunto era sencillo: pedían autorización para importar una aeronave, les autorizaban las licencias y luego cancelaban la cuenta en pesos y a precio oficial.
Este esquema funcionó tanto para los hombres de negocios y como para los gobernadores. Se reían de las restricciones cambiarias de los que se mueven por la tierra; en el aire, los dólares volaron al exterior con operaciones de este tipo.
El negocio floreció al punto que entre 2020 y 2022 se matricularon 280 aviones en el país. Fue una fiesta que aprovechaba, no solo la brecha, sino la posibilidad de sobrefacturar en el exterior y comprar más dólares que los necesarios, en pesos y al valor oficial. Maravillas cambiarias con forma de hélices y turbinas
Los gobernadores, además, usaron otra ventanilla de descuento: importaban los aviones bajo el régimen de “avión sanitario”. Ese sistema entrega algunos beneficios a la hora de tributar impuestos, además de comprar un ticket social para vender mejor la idea a los propios. Es decir, no es lo mismo contar la historia del gasto de millones de dólares en un jet privado que hacerlo cuando se trata de un “avión sanitario”.
Esta operatoria se convirtió en una fenomenal manera de sacarle billetes al Banco Central, que lo permitía por pedido de “la casta” política y empresaria. Fue tal el negocio que aquellos hechos terminaron con una causa penal que instruyó el fiscal Guillermo Marijuan en la que se listó el monto de dólares pedidos, el valor declarado, la matrícula y la empresa o el organismo que lo había traído al país.
Una aclaración: para declarar un avión como sanitario sólo es necesario comprar un set que venden las comercializadoras de aviones y que requiere que, al colocarlo, se remuevan un par de asientos. Con lo cual, con solo retirarlo, pues la aeronave queda configurada como un jet de pasajeros.
Así las cosas, varios del los gobernadores empezaron a hacer uso y abuso de los aviones. Alguna vez, por ejemplo, Luis Manzur, cuando era Jefe de Gabinete, viajó a Estados Unidos en un jet “sanitario” propiedad de la provincia de Tucumán. También son conocidos los vuelos de la aeronave de la gobernación de Santiago del Estero, muchos de ellos a destinos turísticos como la costa argentina o Punta del Este.
Por caso, el 8 de enero pasado, el avión oficial Lear Jet 45 matrícula LQ-CPS despegó de Santiago del Estero el lunes 8 de enero a las 11.03 y aterrizo a las 12.35 en Villa Gesell. Casualmente, esos días el gobernador Gerardo Zamora llegó al balneario con su familia. El avión sanitario voló 1,35 horas para llegar al aeropuerto más cercano a Pinamar, donde se lo fotografió. Las posibilidades del vuelo no eran tantas. O hubo alguna derivación de urgencia desde la capital provincial a algún hospital de la zona balnearia o algún santiagueño tuvo que trasladarse de urgencia desde Pinamar a Santiago. Pero claro, la principal hipótesis fue que Zamora y su familia llegaron en ese vuelo. “Es una pelotudez”, dijo entonces el mandatario cuando se lo consultó.
De regreso a la norma, ahora Zamora deberá indicar la finalidad de cada vuelo a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y, en ese caso, quien tenga que decidir podrá no autorizar el vuelo si no está debidamente justificado el traslado. Es decir, si no es una actividad oficial, podría denegar el permiso y dejar el avión en tierra.
En el caso de los aviones con matrícula militar, la norma es clara: no pueden hacer actividad comercial. Los clubes o las empresas que usaban los aviones de la Fuerza Aérea o de LADE ya no podrán continuar con esa actividad.
Uno de los puntos que no está claro es qué pasará con la mayoría de los vuelos que realizan los jets de las provincias, que llevan y traen funcionarios, y que fueron importados como aviones sanitarios. La reglamentación se ocupará del asunto y tiene que estar lista en 120 días, aunque nada hace suponer que será tan estricta como para dejar a esos aviones en tierra. Todos conocen en el sector que se compraron con ese régimen por cuestiones políticas e impositivas, pero los usan para traslados de jerarcas provinciales. Al fin y al cabo, son conocedores de las trapisondas aeronáuticas necesarias como para no subirse más a un avión de línea; al menos, mientras dure su mandato.
Las aeronaves estatales no podrán realizar actividades comerciales y tampoco ser utilizadas para fines que no tengan relación con la función pública; duda con los aviones “sanitarios” que realizan traslado de funcionarios LA NACION
