El ministro Petri defenderá en Diputados la ley que permitirá la actuación de los militares frente a ataques terroristas
Con la presencia del ministro Luis Petri en la reunión de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados –este miércoles, a las 17–, el Gobierno dará el primer paso para cristalizar la reforma de la ley de seguridad interior, que pretende permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante eventuales acciones del terrorismo.
La iniciativa podría marcar nuevas diferencias entre el gobierno de Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en marzo último se pronunció en contra de la intervención de los militares en operaciones de seguridad interior. Hace algunas semanas, fuentes militares también transmitieron dudas sobre lo que muchos consideran “un cambio de paradigma” en los 40 años transcurridos desde la recuperación de la democracia.
Petri concurrirá con funcionarios de su equipo a la Comisión de Defensa, que es presidida por el diputado Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), en el Anexo C de la Cámara baja, en el segundo piso.
“Lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los ‘70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, sostuvo entonces la titular del Senado, al fundamentar su rechazo.
El proyecto es impulsado por el ministro de Defensa e incorpora la posible actuación de las Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo. Por ejemplo, si sucediera en el país un ataque como el perpetrado por el grupo Hamas en Israel, el 7 de octubre pasdo. El Gobierno entiende que se trataría de una tercera opción, que se sumaría a las dos ya contempladas en la actual ley de seguridad interior (número 24.059), sancionada en 1991.
Las dos hipótesis vigentes en la actualidad son las acciones de apoyo a las fuerzas de seguridad (establecidas en el artículo 27) y el empleo de elementos de combate, previa declaración del estado de sitio (artículo 31), se expresa en el proyecto enviado al Congreso. En los fundamentos del proyecto que defiende el ministro Petri se señala que la Constitución nacional “no contempla ni contemplará nunca una diferenciación entre las cuestiones de seguridad interior y las de la defensa nacional”.
Las prevenciones expresadas por Villarruel y compartidas en distintos sectores de la estructura militar –aunque en el Gobierno afirman que cuentan con el respaldo de los jefes de las Fuerzas Armadas– se fundan en la experiencia de la participación de los militares en la represión de los años 70, por la cual toda la cadena de mandos debió enfrentar en las décadas siguientes juicios por delitos de lesa humanidad. “Un gobierno democrático había dado una orden y luego esos agentes del Estado fueron inculpados”, advirtió la vicepresidenta en marzo de este año.
El debate se dará, además, en momentos en que se mantiene una ardua discusión por la visita de diputados nacionales de La Libertad Avanza a represores detenidos en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza, conocido históricamente como Unidad 31. Entre ellos se encontraban los exmarinos Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Adolfo Donda, el exagente de inteligencia Raúl Guglielminetti y Carlos Guillermo Suárez Mason (h.), cuyo padre fue símbolo de la represión
El presidente Milei defendió la iniciativa el viernes último, al encabezar el acto de entrega de sables a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, en un encuentro realizado en el Ministerio de Defensa y en el que llamativamente estuvo ausente la vicepresidenta.
Los cambios
El proyecto que iniciará su recorrido en la Cámara baja establece que la eventual intervención de las Fuerzas Armadas deberá ser solicitada por el Comité de Crisis constituido para enfrentar la amenaza del terrorismo o del crimen organizado. Al respecto, fija que en caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal, dicho Comité de Crisis “podrá ampliar el requerimiento al Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armada realicen acciones para el restablecimiento de la seguridad interior.
La intervención de los militares podrá incluir operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detenciones en flagrancia.
La iniciativa contempla que en el requerimiento se deberán especificar “las posibles acciones a desplegar, el área geográfica específica de actuación y el tiempo de duración”. Además, se prescribe que “el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos y condiciones vigentes para las fuerzas de seguridad nacionales”.
También dispone que las Fuerzas Armadas sean capacitadas para las acciones previstas, con el fin de obtener “las aptitudes técnico-legales para intervenir, contar con el equipamiento correspondiente a las necesidades operativas de la misión y con las reglas de empeñamiento”.
El texto añade que en los casos en que el personal militar “se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance, según cada caso”. Siguiendo esos pasos, su accionar “será calificado en cumplimiento del deber y, por consiguiente, no punible”, en los términos del artículo 34 del Código Penal, que fija los supuestos de imputabilidad.
Con la presencia del ministro Luis Petri en la reunión de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados –este miércoles, a las 17–, el Gobierno dará el primer paso para cristalizar la reforma de la ley de seguridad interior, que pretende permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante eventuales acciones del terrorismo.
La iniciativa podría marcar nuevas diferencias entre el gobierno de Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en marzo último se pronunció en contra de la intervención de los militares en operaciones de seguridad interior. Hace algunas semanas, fuentes militares también transmitieron dudas sobre lo que muchos consideran “un cambio de paradigma” en los 40 años transcurridos desde la recuperación de la democracia.
Petri concurrirá con funcionarios de su equipo a la Comisión de Defensa, que es presidida por el diputado Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), en el Anexo C de la Cámara baja, en el segundo piso.
“Lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los ‘70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, sostuvo entonces la titular del Senado, al fundamentar su rechazo.
El proyecto es impulsado por el ministro de Defensa e incorpora la posible actuación de las Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo. Por ejemplo, si sucediera en el país un ataque como el perpetrado por el grupo Hamas en Israel, el 7 de octubre pasdo. El Gobierno entiende que se trataría de una tercera opción, que se sumaría a las dos ya contempladas en la actual ley de seguridad interior (número 24.059), sancionada en 1991.
Las dos hipótesis vigentes en la actualidad son las acciones de apoyo a las fuerzas de seguridad (establecidas en el artículo 27) y el empleo de elementos de combate, previa declaración del estado de sitio (artículo 31), se expresa en el proyecto enviado al Congreso. En los fundamentos del proyecto que defiende el ministro Petri se señala que la Constitución nacional “no contempla ni contemplará nunca una diferenciación entre las cuestiones de seguridad interior y las de la defensa nacional”.
Las prevenciones expresadas por Villarruel y compartidas en distintos sectores de la estructura militar –aunque en el Gobierno afirman que cuentan con el respaldo de los jefes de las Fuerzas Armadas– se fundan en la experiencia de la participación de los militares en la represión de los años 70, por la cual toda la cadena de mandos debió enfrentar en las décadas siguientes juicios por delitos de lesa humanidad. “Un gobierno democrático había dado una orden y luego esos agentes del Estado fueron inculpados”, advirtió la vicepresidenta en marzo de este año.
El debate se dará, además, en momentos en que se mantiene una ardua discusión por la visita de diputados nacionales de La Libertad Avanza a represores detenidos en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza, conocido históricamente como Unidad 31. Entre ellos se encontraban los exmarinos Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Adolfo Donda, el exagente de inteligencia Raúl Guglielminetti y Carlos Guillermo Suárez Mason (h.), cuyo padre fue símbolo de la represión
El presidente Milei defendió la iniciativa el viernes último, al encabezar el acto de entrega de sables a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, en un encuentro realizado en el Ministerio de Defensa y en el que llamativamente estuvo ausente la vicepresidenta.
Los cambios
El proyecto que iniciará su recorrido en la Cámara baja establece que la eventual intervención de las Fuerzas Armadas deberá ser solicitada por el Comité de Crisis constituido para enfrentar la amenaza del terrorismo o del crimen organizado. Al respecto, fija que en caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal, dicho Comité de Crisis “podrá ampliar el requerimiento al Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armada realicen acciones para el restablecimiento de la seguridad interior.
La intervención de los militares podrá incluir operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detenciones en flagrancia.
La iniciativa contempla que en el requerimiento se deberán especificar “las posibles acciones a desplegar, el área geográfica específica de actuación y el tiempo de duración”. Además, se prescribe que “el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos y condiciones vigentes para las fuerzas de seguridad nacionales”.
También dispone que las Fuerzas Armadas sean capacitadas para las acciones previstas, con el fin de obtener “las aptitudes técnico-legales para intervenir, contar con el equipamiento correspondiente a las necesidades operativas de la misión y con las reglas de empeñamiento”.
El texto añade que en los casos en que el personal militar “se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance, según cada caso”. Siguiendo esos pasos, su accionar “será calificado en cumplimiento del deber y, por consiguiente, no punible”, en los términos del artículo 34 del Código Penal, que fija los supuestos de imputabilidad.
Irá este miércoles, a las 17, a la Comisión de Defensa, que empezará a debatir el proyecto de reforma de la ley de seguridad interior; discrepancias con Victoria Villarruel LA NACION
