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Javier Milei y el extraño caso de un liberalismo autoritario

El país está, en el aspecto político institucional, girando alrededor de un tema de máxima importancia: la conformación de la Corte Suprema de Justicia. En cualquier lugar sería algo relevante porque el Tribunal Superior es el que determina cuando el gol es gol, cuando una ley es constitucional o no, y cuando un decreto es válido o no. La integración de la Corte tiene una trascendencia estratégica en toda la vida pública. En la Argentina esto todavía está más acentuado. Si miramos la historia de los últimos 10 o 15 años, la temática judicial fue un ordenador en el debate y un movilizador para la sociedad. Alcanzaría con recordar los cacerolazos del año 2012, 2013 y 2014, las discusiones acerca de la denominada democratización de la Justicia que intentó llevar adelante Cristina Kirchner, las movilizaciones por la integración de la Cámara Federal y todas las denuncias sistemáticas del kirchnerismo alrededor de lo que la expresidenta denomina lawfare o persecución política por la vía de los tribunales. Estos hechos marcaron la historia de nuestro país en los últimos tiempos. Por lo tanto, la discusión respecto de la calidad de la Corte se transforma en la Argentina en un debate mucho más gravitante de lo que podría ser en otras sociedades.

Milei Y El Extraño Caso De Un Liberalismo Autoritario. El Editorial De Carlos Pagni

Además de mirar el problema específico de la conformación de la Corte, la discusión acerca de la candidatura del juez Ariel Lijo permite ver otros rasgos de la política. Es una excusa para observar cómo funciona hoy el aparato político. Hay un conflicto central y que, probablemente, se encuentre debajo de todo este debate. La Constitución del 53′ pero también su versión del año ‘94, cuando se la reformó por última vez, supone un tipo de cultura política distinta de la imperante en los últimos 20 años. Cuestiones cruciales como, por ejemplo, la integración de la Corte, las confía a mayorías especiales. Para conformar el máximo tribunal debe haber dos tercios de los miembros presentes en la sesión del Senado. Es una Constitución, entonces, que espera que los políticos se puedan poner de acuerdo, incompatible con lo que se ha denominado polarización, fisura o grieta. Este es el problema que el Gobierno no ha contemplado cuando dijo livianamente: “Vamos a lograr los dos tercios para poner a dos jueces: Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo”; lo que despierta una cantidad de críticas como nunca se vio en la designación de un juez.

El Procurador General de la Nación, que es otro cargo que está vacante, depende asimismo de que se consigan dos tercios en la Cámara alta. Ambas cuestiones dependen de que esta clase política, que yace en una permanente discordia y con enormes dificultades para conversar y pactar, obtenga un acuerdo alrededor de temas tan importantes. Es un desafío impensable. Muy pocas veces en tiempos recientes el Congreso reunió dos tercios para aprobar algo. Una de las últimas veces fue para designar a la procuradora Alejandra Gils Carbó, pero fueron dos tercios políticamente engañosos porque el radicalismo prestó los votos un tanto culposo por haberlos negado al candidato Daniel Reposo, postulado por Cristina Kirchner con muy bajos pergaminos institucionales. Curiosamente, otro momento en el que el Senado reunió dos tercios fue en el año 2012. Nada más y nada menos que para la estatización de YPF. Hubo una especie de consenso ideológico interesante de indagar. En un país muy fracturado, la idea de una intervención del Estado en la economía pasó sin debate. La última vez en que se llegó a un consenso de ese tipo fue con la designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte.

Hoy es bastante difícil lograr este tipo de acuerdos. Desde hace años, los políticos no logran ponerse de acuerdo para establecer cargos inofensivos como puede ser el Defensor del Pueblo, que también está vacante. Y ahora no solo tenemos polarización entre dos facciones, como se registró desde el conflicto con el campo hasta el 2023. Hay además fragmentación. Es una escena muy rara. Normalmente, cuando hay polarización, los bloques se vuelven más homogéneos. Sin embargo, en la actualidad, contamos con una fisura ideológica y una especie de archipiélago de grupos políticos, ya que cada bloque está a su vez dividido en sub-bloques. Es un rasgo principal de algo que sucede en la Argentina desde la pandemia: una gran crisis de representación que se ha ido acentuando. Milei es el beneficiario y denunciante de esa crisis de representación, la gran discordia en una sociedad que no se ve reflejada en su clase política. Pero también es víctima de ella. Propone iniciativas que no puede llevar adelante por el nivel de fragmentación. Lo curioso es que, con la postulación de Lijo, el Presidente también incurre en un conflicto que degrada la calidad de la representación.

El Gobierno atravesó semanas complicadas. No podríamos decir que fue una crisis política, pero hubo mucha turbulencia, conflicto interno y reproches cruzados. La Cámara de Diputados rechazó el DNU con una asignación especial de fondos para la SIDE. Ahora lo tiene que debatir el Senado. De obtenerse el mismo resultado, sería la primera vez que dos cámaras le niegan un DNU a un jefe de Estado. La ley para fijar una nueva fórmula en el cálculo de las jubilaciones, que fue vetada con éxito por el Presidente, es una segunda crisis a nivel parlamentario. Y está además la división de los bloques del oficialismo. Ruido en Diputados. Ruido en el Senado. Todo esto obligó a Milei a sacarse la foto prohibida: el mandatario junto a representantes de la casta. Esta imagen es la que Santiago Caputo, el administrador de la imagen y comunicación del Gobierno, nunca hubiera querido ver. Es una foto que muestra la debilidad de una estrategia de imagen. Y es consecuencia de una dificultad importante en el manejo institucional, que viene de razones objetivas. Es un oficialismo con muy poco capital institucional. Si tiene un gran caudal de adhesión de opinión pública pero sin senadores, diputados, gobernadores, intendentes, sindicalistas y/o movimientos amigos. Es un gobierno desprovisto de aquel andamiaje.

La debilidad de la administración de Milei sin embargo no está tan cifrada en estas cuestiones de “recursos humanos”. Hay una debilidad llamativa en la argumentación. Es verdad que hoy en las democracias dominadas por el sistema digital y el intercambio de mensajes en las redes, la argumentación importa poco. Prevalecen las emociones. Lo sentimental puede llegar a disculpar los errores de argumentación y dejar de lado la necesidad de coherencia. Importa el sentimiento de adhesión a alguien, diga lo que diga. Es mi líder y lo defiendo. En la Italia fascista había un famoso cartel que decía “Il Duce ha sempre ragione” (El Duce siempre tiene la razón).

La primera fragilidad que aparece en la designación de Lijo es la baja calidad de los argumentos de Milei para justificarlo. En una entrevista con Luis Majul para La Cornisa, el Presidente dijo que Lijo era el único juez que conoce el sistema judicial. Es evidente que ese argumento no lo confrontó con nadie o nadie se anima a enfrentarlo y hacerle saber que no es así. Mucho más llamativo es decir que se trata del primer juez que llegaría a la Corte con conocimiento de lo que es el sistema judicial. Es algo muy raro que alguien que ocupa la Jefatura del Estado tenga aquella explicación para defender la candidatura de un juez. “Sería la primera vez que llega un juez con las características de Lijo”, planteó Milei. Andrés Rosler, profesor y escritor destacado de Derecho tuiteó irónicamente: “Sí, es la primera vez que llegaría a la Corte un juez con las características de Lijo”. Habla de otras características.

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La otra rareza es que nos enteramos ahora de que Lijo es un especialista en cibercrimen y ciberataques. Hasta Lijo se debe enterar por primera vez que es un especialista en esa materia. No lo puso ni en el currículum que le envió al Ministerio de Justicia, donde fue exhaustivo y anotó hasta cursos dados en sindicatos. Pero esta especialidad, que lo convierte en el único juez experto en ciberataques, él no la mencionó. Ni hablar de que en la Corte no hace falta que haya especialidades tan concretas. Un juez del Tribunal Superior no resuelve delitos concretos. Está para ver si en la resolución de los casos judiciales se respetaron o se violaron las garantías constitucionales. Habría algo que podría hacer el presidente Javier Milei para enfocar mejor qué significa la postulación de Ariel Lijo. Y es hablar con quien sería su mentor, el ideólogo al que él pone por encima de todos los demás en el orden de pensamiento liberal en la Argentina: Alberto Benegas Lynch (h). Apenas se postuló a Ariel Lijo a la Corte, en un artículo publicado en el diario LA NACION, Alberto Benegas Lynch dijo: “No sería el candidato pensado por Alberdi”. Allí planteó una objeción al gobierno de Milei. El detalle particular es que, en aquel momento, Milei replicó esa nota. La postulación de Lijo es una especie de papel de tornasol sobre el nivel de fragmentación y el conflicto de la política, y es esto lo que empezamos a ver en su funcionamiento, y lo que nos hace dudar cada vez más de que esta iniciativa del Presidente, por la que el Gobierno paga un costo muy alto, llegue a buen puerto.

Se confirmó esta semana lo que se había planteado una semana atrás: Cristina Kirchner desbarató toda la estrategia oficial. Con mucha astucia, los esperó, dejó que otros hablaran, que se especulara. No contestó ni las consultas de sus más íntimos. Y cuando llegó el momento de tener que definir, cuando el pliego de Lijo ya estaba en Comisión, dijo: “La verdad es que a mí nadie me preguntó que iba a hacer con los votos. ¿Por qué suponen que con mi votos voy a trabajar para otro? Con los votos que yo controlo en el Senado pondré jueces que me convencen a mí”. Esto es lo que puso en crisis todo el proceso de designación de Lijo y García-Mansila.

Abre ahora otra discusión mucho más amplia que tiene que ver, ya no con la integración de la Corte, sino con el formato. ¿Cuántos jueces va a tener? Se habla de nueve jueces. Pero para eso hay que ir al Congreso a que apruebe la ampliación. Y cualquier bloque que decida aportar se va a tentar con querer poner a alguien. ¿Por qué solamente  Milei y Cristina van a tener jueces nuevos en la Corte? Es una pregunta que se pueden hacer Macri, los radicales, Miguel Pichetto o Elisa Carrió. No es lo único que se negocia.

Hay dos temas más, muy importantes, que deberían formar parte de la agenda de cualquier mesa que se reúna alrededor de lo institucional: el procurador General de la Nación -cargo estratégico siempre y mucho más ahora- y las 140 ternas que salieron del Consejo de la Magistratura con nombres de candidatos a jueces que se giraron al Poder Ejecutivo y que todavía no fueron aprobados en el Senado. Hay 140 juzgados vacantes frente  a los cuales a la política se le hace agua la boca.

¿Milei estaba en condiciones de conseguir los dos tercios del Senado? Hasta ahora, vemos que no. En un país tan fragmentado  y tan fisurado por diferencias ideológicas es muy difícil. Y Lorenzetti, que es quien postuló a Ariel Lijo, ¿estaba en condiciones de conseguir los dos tercios? ¿Él le habrá dicho a Milei: “quedate tranquilo que yo me encargo de los dos tercios  de Lijo”? Ahora sabemos que, probablemente, estaba mucho más lejos de lo que se suponía. Porque si Cristina Kirchner tiene algún reparo respecto de la candidatura del juez es justamente que lo promueve Lorenzetti. Probablemente, tenga más animadversión hacia él que hacia el propio Horacio Rosatti, al que ella le promovió juicio político. Aunque sin éxito.

Hay una torpeza por parte del Gobierno. Porque se sabe que Cristina Kirchner no quiere a Lorenzetti y lo dijo públicamente. Lo asocia con el lawfare, con lo que se llama  derecho penal del enemigo, con usar la ley para perseguir al otro. Eso es lo que ella ve en Ecuador con Correa, en Brasil con Lula y en la Argentina con ella. Piensa “ahí está Lorenzetti”, en una foto con Claudio Bonadío y Sergio Moro, el juez que puso preso a Lula en Brasil. Ella está mirando a Lorenzetti recortado sobre todo ese telón de fondo. Y el ministro de Justicia -que debería disimular que a Lijo no lo postuló el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia que él, al menos formalmente, dirige- dijo en dos oportunidades que Lijo es el candidato de Lorenzetti. El presidente Milei postula a Lijo porque se lo indicó Lorenzetti. Eso, para Cristina, fue la corroboración gozosa de todas sus presunciones y, terminó de bajarle el pulgar a toda esta operación cuando desde el Ministerio de Justicia le dijeron que el dueño de la candidatura era Lorenzetti.

Esta posición de Cristina Kirchner desbarata toda la jugada. En el Senado hay una Comisión de Acuerdos en la cual, tanto Lijo como García Mansilla, tienen que conseguir nueve votos. Lijo tiene cuatro y, hasta este lunes a la tarde, García Mansilla no tenía ninguna. Hay otros cuatro que dicen que podrían firmar pero todavía no firman. Son ocho, y falta uno: miran a Lousteau, a Guadalupe Tagliaferri del Pro de la capital y presidenta de la Comisión y que, según las últimas novedades, no firmaría a favor de Lijo. Probablemente, Lousteau tampoco. Son dos senadores por la Capital que desarrollan su carrera frente a un electorado que valora especialmente este tipo de cuestiones. Los cuatro que no firmaron y el que falta para completar los nueve votos para que quede aprobado el pliego tal vez razonen: “¿Por qué voy a poner mi firma ahora, quedar pegado con una cosa bastante fea que es avalar a Lijo, sí después puede sucumbir en la votación general? No, primero que muestren que están los dos tercios y después firmó en la comisión”. Se invierte el orden político, no institucional de la jugada, y esto complica más las cosas.

Lo de Lijo está más lejos, no más cerca de salir; lo de García Mansilla también, pero por otras razones que no tienen que ver con su calidad profesional, sino más bien con reparos ideológicos.

El caso Lijo, su postulación, produjo una especie de test sobre todas las estructuras del Congreso. Para empezar, provocó un desprendimiento en el bloque de LLA. Francisco Paoltroni, hasta ahora senador de Milei, muy ligado a Villarruel – tanto que era su candidato para ejercer la presidencia provisional Senado- no sólo dijo que votaba en contra sino que tomó la bandera crítica del juez y la levantó con los argumentos de campaña de Milei.

El senador usó el discurso de La Libertad Avanza “dirigido a los argentinos de bien”, como suele decir el Presidente, y comprometida con una batalla  cultural que, dice, es contra Lijo, no a su favor. Habría que confrontar ese texto con el texto inicial del Presidente en el que explica por qué lo había elegido.

En el radicalismo también aparece una fisura porque entre los senadores que tienen que votar está el presidente del partido, Martín Lousteau; el jueves pasado hubo una reunión virtual donde Lousteau sometió a consideración la cuestión de Lijo, aparentemente, sin saber el resultado.

Henry Kissinger decía que en política nunca hay que hacer una pregunta cuya respuesta no se sepa de antemano. Lousteau, aparentemente, lo hizo. Y le contestaron que  “Lijo no” por dos razones. La primera es por una cuestión de género porque viene a reemplazar a Elena Highton; y la segunda es por una cuestión de transparencia.

Este lunes, un integrante del Senado, radical, me dijo que hay otro factor que tiene que ver con lo que dijo Paoltroni y es que  el nombramiento del juez empieza a ser un tema popular. Muchos senadores van a su provincia y les preguntan qué van a hacer y eso también los retrae. Algunos senadores que pensaban pasar por debajo del radar votando a favor, ahora dicen que no. Y esto le preocupa también a Lijo. Hay amigos suyos que mandan mensajes a los senadores diciendo “ojo que Ariel va a seguir siendo juez”, como algo amenazante, como si  pudiera tomar alguna represalia. Seguramente, no.

También hubo una reunión de mujeres radicales pidiendo por la cuestión de género y levantando la bandera de la transparencia. Hay alguien muy activo, que es la senadora por Santa Fe Carolina Losada, quien  ha tomado  también, como Paoltroni, la bandera de la transparencia institucional de la Corte, muy contradictoria con la postulación de Ariel Lijo.

También aparece una fisura a raíz de este tema en el kirchnerismo. El lunes de la semana pasada comentábamos que cuando Cristina dice que nadie fue a hablar con ella, habilitó una negociación. Esa negociación la lleva adelante Wado de Pedro con Santiago Caputo. No les cuesta entenderse o al menos armar la reunión porque Santiago Caputo es socio de Guillermo Garat, el encargado de comunicación, relaciones institucionales, marketing de YPF y quien fuera el jefe de campaña de Wado de Pedro cuando este era precandidato a presidente por el kirchnerismo.

El tema generó toda una discusión: lo acusan a Wado de Pedro de tener más relación con el Gobierno de la que él admite. Y él salió a contestar via X: “Si quieren saber de relaciones del peronismo con el Gobierno, no las busquen en el kirchnerismo; el kirchnerismo no tiene gente en este gobierno, miren al Frente Renovador”. Y ahí abrió una pelea inesperada entre La Cámpora, que no respaldó a De Pedro pero tampoco lo desautorizó, y Sergio Massa.

Massa y Wado tenían un viejo acuerdo. De Pedro tuvo que bajar su candidatura presidencial en homenaje a la candidatura de Massa, que fue la que finalmente se impuso. No debe haber quedado contento; pero en un gesto de buena voluntad se transformó en su jefe de campaña. Había un acuerdo entre ellos por el cual, si el candidato era Massa, el jefe de campaña iba a ser De Pedro; es decir, simétrico. Y si el candidato era De Pedro, el candidato a senador por la provincia iba a ser Massa.

Este viejo acuerdo se rompió y empezaron una cantidad de maledicencias y ataques por debajo de la mesa. Se rompe la relación entre De Pedro, que es La Cámpora, y Sergio Massa, que es el Frente Renovador. Ambos son dos bloques  muy importantes en el universo kirchnerista. Compartían algo más, un empresario: “Nacho” Saavedra, que vendió todas sus empresas de golpe y ahora viaja por Europa. Los renovadores de Massa dicen que Saavedra no quería ser “el Lázaro de Wado”. La lucha por el poder es corrosiva.

Desde el Frente Renovador dicen que es mentira que no haya funcionarios kirchneristas en el Gobierno y señalan las delegaciones del PAMI y las de Anses. Miren o escuchen, paradójicamente, el silencio de Fernanda Raverta, de Luana Volnovich. Raverta estuvo en la Anses. Luana, en el PAMI, ambas en el gobierno de Alberto Fernández. Hay un enorme debate sobre los ingresos y la calidad de vida de los jubilados y no abren la boca. ¿Hay un acuerdo entre el Gobierno y La Cámpora en esas cajas y organizaciones? Esto se lo pregunta la gente de Massa y la gente de La Cámpora dicen que lo que hay es un acuerdo de Massa y los seguros de Alberto Fernández.

Hay una denuncia de este gobierno, de Sandra Pettovello y de Mariano de los Heros denunciando al hombre de Massa en el Fondo de Sustentabilidad de la Anses de Alberto Fernández, Federico D’Angelo, por haber contratado los seguros de Hector Martines Sosa, el esposo de la secretaria de Alberto  Fernández, que es el que está en el centro de un gran escándalo y de una causa judicial complicada.

Es importante mirar esta fragmentación en LLA, en el radicalismo y en el kirchnerismo porque por ese camino, observando esa fragmentación, surgen varios interrogantes: ¿Cómo va a ser la oferta electoral el año que viene? ¿Qué nivel de cohesión va a tener cada grupo? ¿Qué nivel de agregación y de convergencia va a haber entre las distintas fracciones para que el electorado vea listas nítidas? Sobre todo, en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué pasaría si el PRO y La Libertad Avanza van separados? Muy probablemente, se imponga una lista de Axel Kicillof. Se instalaría real o imaginariamente la posibilidad del retorno del kirchnerismo y eso seguramente cambiaría totalmente la percepción que los mercados y los agentes económicos tienen de la política económica, entre otras cosas, porque ya hubo otras veces que el kirchnerismo se fue y volvió.

Hay otra discusión que tiene que ver con el procurador General de la Nación. Es el jefe de los fiscales, cargo que está vacante. Es importante porque el gobierno anterior inició una reforma -que este continúa- por la cual las causas judiciales penales van a quedar en manos del fiscal y el juez va ser, como en la provincia de Buenos Aires, un juez de garantías  que controla la calidad del proceso. Por lo tanto, el jefe del fiscal se transformará en alguien con un poder extraordinario, que ya de por sí lo tiene.

Hay tres candidatos para el cargo de procurador, que también requiere de dos tercios. Uno es Juan Bautista Mahiques, un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires a quien Cristina detesta -como a todos los Mahiques- porque los ve muy ligados a Macri. Además porque uno de ellos, Ignacio, hermano de Juan Bautista y fiscal federal, fue el que promovió la investigación en contra de ella junto con el fiscal Policcita, en la causa vialidad.

Otro candidato que tiene mucho atractivo para todos lados de la política es Julio Conte Grand, es el procurador de la provincia, un hombre que viene de Juntos por el Cambio. Llegó a la Procuración con el gobierno de Vidal, la sostiene porque tiene el respaldo de la Legislatura. Si Julio Conte Grand, que es un gran funcionario bonaerense, dejara la procuración provincial para ir a la nacional dejaría vacante ese cargo, que sería un gran atractivo para el kirchnerismo y para Kicillof y Cristina.

Y hay un tercer candidato que es el doctor Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación. Se necesitan dos tercios y para esos dos tercios es imprescindible el aval de Cristina Kirchner. Hoy Borinsky tiene que decidir una causa muy caliente que está en Casación, ya está el juez Gustavo Hornos que se pronunció, que consiste en si se va  aceptar el pronunciamiento del fiscal Mario Villar, que dice que en la causa vialidad hay que duplicarle la pena a Cristina, pasar de seis a doce años, y además acusarla de asociación ilícita. Esto lo tiene que decidir Borinsky mirando en el Senado los votos de Cristina. Hay que tener  mucha autonomía intelectual y moral para no tentarse en hacer algo a favor de Cristina, y tal vez en contra de la propia conciencia o en contra del expediente, con tal de conseguir la Procuración. No sabemos qué va a hacer, pero es un gran dilema el que tiene por delante.

El otro tema son aquellas 140 vacantes, que probablemente sea lo único que puede salir como resultado concreto de toda esta negociación porque no necesitan dos tercios. Y hay algunas cosas, peculiaridades de las designaciones de esos candidatos a jueces que son muy de la política judicial argentina. No ganaron el concurso, pero la política los metió dentro de la terna a través de una conversación en la que convencieron al jurado de que era mucho mejor de lo que decían sus antecedentes y exámenes escritos. Ahí tenemos dos candidatos que defiende Wado de Pedro: Juan Stinco y María Laura Manin. Manin fue funcionaria de Wado en el Ministerio del Interior. Compiten nada menos que para una sala especial de defensa de la competencia en el fuero civil y comercial federal, un dispositivo estratégico para la organización del mercado. Miles de millones de dólares se tramitan en ese tipo de jurisdicción. Hay otra dependencia judicial que es del fuero nacional y es la cámara comercial. Ahí tiene sus causas la familia Macri. Entre ellas, la del Correo, las denuncias mortificantes de Mariano Macri en contra de su hermano Gianfranco y el manejo de Socma. Existen muchos candidatos para esa cámara. Uno, el más interesante, Jorge Djivaris, que es el secretario de Justicia de Jorge Macri en la Ciudad. Todos estos temas, vinculados a lo institucional, son cuestiones que aparentemente al Gobierno no le interesan demasiado. La administración Milei reproduce una característica tradicional del liberalismo argentino: una especie de hemiplejia que lo vuelve sensible a las cuestiones económicas pero con muy poco espíritu republicano. Esto se repitió eternamente en la Argentina. Si uno observa una caracterización del menemismo, espejo donde se mira con mayor frecuencia Javier Milei, incurrió también en esa asimetría.

Este lunes, Milei ofreció un discurso muy elogiado en la Unión Industrial. Fue a provocar a los industriales hablándoles bien del campo. Hizo una gran defensa de la libertad de mercado, al mismo tiempo que empiezan a verse con más nitidez los rasgos populistas y autoritarios de este gobierno. Primero, un gran culto a la personalidad del Presidente, cuyo sumo sacerdote es el mismo Presidente. Segundo, dificultades para aceptar ideas distintas. Hay una versión, muy resbaladiza, de que hubo una charla entre Milei y José Lus Daza, economista chileno, nacido en la Argentina, que vive en Estados Unidos, a quien Luis Caputo convocó para ser viceministro de Economía. Aparentemente no se pusieron de acuerdo en algún punto. Al Presidente no le gustó. Daza todavía no fue designado. Ojalá no tenga que ver con ese pequeño desencuentro, y sea sólo por la burocracia que demora su incorporación. Caputo lo anunció la semana pasada. Recuerda una frase que le dijo Carlos Zanini a José “Pepe” Nun, secretario de Cultura de Cristina Kirchner, cuando él salía del despacho de Cristina: “A la presidenta no se le habla, se la escucha”. En la antesala de Milei tendría que haber un cartel aclarando lo mismo.

En todo este panorama están también los ataques a la prensa. Hubo este lunes un comunicado de FOPEA sobre la restricción al acceso de información pública para información en poder del Estado. Todo nació por la inquietud de saber cuánto salieron los caniles de los perros de Milei. Mientras tanto, los funcionarios imitan el clima que viene desde arriba. El Banco Central se quejó en un escrito de que el periodismo quisiese saber qué destino tenía el oro atesorado en el BCRA, que es de patrimonio público. En todo caso, si es una operación secreta por razones financieras, está mal que el periodismo se entere y habla de la incompetencia de los funcionarios. Días atrás, Luis Caputo se quejaba de que la periodista de LA NACION, Florencia Donovan, sabía más que él lo que le iba a pedir el FMI cuando comience a negociar. Muy bien por Donovan. Lo raro es que no lo sepa Caputo. Hay un clima en contra de la prensa muy del estilo populista, que hace juego por esta vocación de controlar la Corte y la Justicia. La prensa independiente y la Justicia son las dos garantías que se da la sociedad frente al desborde de poder. Son los límites que el líder populista no suele tolerar. Aun así, Milei es un líder que es sensible a estos rasgos cuando, por ejemplo, los ve en otro lugar. Por ejemplo en Venezuela. Hay una disociación de lo que se ve en la escena doméstica y lo que se ve afuera, entre la visión de la economía y la visión de la política.

Esteban Bullrich, una figura que nos sensibiliza especialmente porque habla desde su lugar de lucha por la vida, en contra de una enfermedad endiablada, grabó hoy un mensaje relacionado con la institucionalidad de un gobierno al que él apoya: “El problema de fondo en nuestro país no es económico sino institucional. Esa es la raíz de nuestra pobreza. A pesar de que en la campaña pareció que con su definición de casta el Presidente entendía el problema, ahora está claro que no la ve. Ningún progreso económico se sostiene con instituciones débiles y corruptas. Creo que es grave el error de nominar al juez Lijo para la Corte Suprema. No es verdad, como dijo el presidente Milei, que sea el único jurista que conoce del sistema penal. Tampoco es cierto que sea el único jurista que el kirchnerismo aprobaría. Apoyo a este Gobierno. Pero no puedo apoyar esta lamentable decisión. Pensemos que la mayoría de los senadores que votarán por él lo harán para zafar de una causa de corrupción. Ellos o su jefa y/o jefe político. Es muy triste. Un golpe muy bajo a las instituciones de nuestra querida Argentina. Por eso digo no a Lijo”.

El país está, en el aspecto político institucional, girando alrededor de un tema de máxima importancia: la conformación de la Corte Suprema de Justicia. En cualquier lugar sería algo relevante porque el Tribunal Superior es el que determina cuando el gol es gol, cuando una ley es constitucional o no, y cuando un decreto es válido o no. La integración de la Corte tiene una trascendencia estratégica en toda la vida pública. En la Argentina esto todavía está más acentuado. Si miramos la historia de los últimos 10 o 15 años, la temática judicial fue un ordenador en el debate y un movilizador para la sociedad. Alcanzaría con recordar los cacerolazos del año 2012, 2013 y 2014, las discusiones acerca de la denominada democratización de la Justicia que intentó llevar adelante Cristina Kirchner, las movilizaciones por la integración de la Cámara Federal y todas las denuncias sistemáticas del kirchnerismo alrededor de lo que la expresidenta denomina lawfare o persecución política por la vía de los tribunales. Estos hechos marcaron la historia de nuestro país en los últimos tiempos. Por lo tanto, la discusión respecto de la calidad de la Corte se transforma en la Argentina en un debate mucho más gravitante de lo que podría ser en otras sociedades.

Milei Y El Extraño Caso De Un Liberalismo Autoritario. El Editorial De Carlos Pagni

Además de mirar el problema específico de la conformación de la Corte, la discusión acerca de la candidatura del juez Ariel Lijo permite ver otros rasgos de la política. Es una excusa para observar cómo funciona hoy el aparato político. Hay un conflicto central y que, probablemente, se encuentre debajo de todo este debate. La Constitución del 53′ pero también su versión del año ‘94, cuando se la reformó por última vez, supone un tipo de cultura política distinta de la imperante en los últimos 20 años. Cuestiones cruciales como, por ejemplo, la integración de la Corte, las confía a mayorías especiales. Para conformar el máximo tribunal debe haber dos tercios de los miembros presentes en la sesión del Senado. Es una Constitución, entonces, que espera que los políticos se puedan poner de acuerdo, incompatible con lo que se ha denominado polarización, fisura o grieta. Este es el problema que el Gobierno no ha contemplado cuando dijo livianamente: “Vamos a lograr los dos tercios para poner a dos jueces: Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo”; lo que despierta una cantidad de críticas como nunca se vio en la designación de un juez.

El Procurador General de la Nación, que es otro cargo que está vacante, depende asimismo de que se consigan dos tercios en la Cámara alta. Ambas cuestiones dependen de que esta clase política, que yace en una permanente discordia y con enormes dificultades para conversar y pactar, obtenga un acuerdo alrededor de temas tan importantes. Es un desafío impensable. Muy pocas veces en tiempos recientes el Congreso reunió dos tercios para aprobar algo. Una de las últimas veces fue para designar a la procuradora Alejandra Gils Carbó, pero fueron dos tercios políticamente engañosos porque el radicalismo prestó los votos un tanto culposo por haberlos negado al candidato Daniel Reposo, postulado por Cristina Kirchner con muy bajos pergaminos institucionales. Curiosamente, otro momento en el que el Senado reunió dos tercios fue en el año 2012. Nada más y nada menos que para la estatización de YPF. Hubo una especie de consenso ideológico interesante de indagar. En un país muy fracturado, la idea de una intervención del Estado en la economía pasó sin debate. La última vez en que se llegó a un consenso de ese tipo fue con la designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte.

Hoy es bastante difícil lograr este tipo de acuerdos. Desde hace años, los políticos no logran ponerse de acuerdo para establecer cargos inofensivos como puede ser el Defensor del Pueblo, que también está vacante. Y ahora no solo tenemos polarización entre dos facciones, como se registró desde el conflicto con el campo hasta el 2023. Hay además fragmentación. Es una escena muy rara. Normalmente, cuando hay polarización, los bloques se vuelven más homogéneos. Sin embargo, en la actualidad, contamos con una fisura ideológica y una especie de archipiélago de grupos políticos, ya que cada bloque está a su vez dividido en sub-bloques. Es un rasgo principal de algo que sucede en la Argentina desde la pandemia: una gran crisis de representación que se ha ido acentuando. Milei es el beneficiario y denunciante de esa crisis de representación, la gran discordia en una sociedad que no se ve reflejada en su clase política. Pero también es víctima de ella. Propone iniciativas que no puede llevar adelante por el nivel de fragmentación. Lo curioso es que, con la postulación de Lijo, el Presidente también incurre en un conflicto que degrada la calidad de la representación.

El Gobierno atravesó semanas complicadas. No podríamos decir que fue una crisis política, pero hubo mucha turbulencia, conflicto interno y reproches cruzados. La Cámara de Diputados rechazó el DNU con una asignación especial de fondos para la SIDE. Ahora lo tiene que debatir el Senado. De obtenerse el mismo resultado, sería la primera vez que dos cámaras le niegan un DNU a un jefe de Estado. La ley para fijar una nueva fórmula en el cálculo de las jubilaciones, que fue vetada con éxito por el Presidente, es una segunda crisis a nivel parlamentario. Y está además la división de los bloques del oficialismo. Ruido en Diputados. Ruido en el Senado. Todo esto obligó a Milei a sacarse la foto prohibida: el mandatario junto a representantes de la casta. Esta imagen es la que Santiago Caputo, el administrador de la imagen y comunicación del Gobierno, nunca hubiera querido ver. Es una foto que muestra la debilidad de una estrategia de imagen. Y es consecuencia de una dificultad importante en el manejo institucional, que viene de razones objetivas. Es un oficialismo con muy poco capital institucional. Si tiene un gran caudal de adhesión de opinión pública pero sin senadores, diputados, gobernadores, intendentes, sindicalistas y/o movimientos amigos. Es un gobierno desprovisto de aquel andamiaje.

La debilidad de la administración de Milei sin embargo no está tan cifrada en estas cuestiones de “recursos humanos”. Hay una debilidad llamativa en la argumentación. Es verdad que hoy en las democracias dominadas por el sistema digital y el intercambio de mensajes en las redes, la argumentación importa poco. Prevalecen las emociones. Lo sentimental puede llegar a disculpar los errores de argumentación y dejar de lado la necesidad de coherencia. Importa el sentimiento de adhesión a alguien, diga lo que diga. Es mi líder y lo defiendo. En la Italia fascista había un famoso cartel que decía “Il Duce ha sempre ragione” (El Duce siempre tiene la razón).

La primera fragilidad que aparece en la designación de Lijo es la baja calidad de los argumentos de Milei para justificarlo. En una entrevista con Luis Majul para La Cornisa, el Presidente dijo que Lijo era el único juez que conoce el sistema judicial. Es evidente que ese argumento no lo confrontó con nadie o nadie se anima a enfrentarlo y hacerle saber que no es así. Mucho más llamativo es decir que se trata del primer juez que llegaría a la Corte con conocimiento de lo que es el sistema judicial. Es algo muy raro que alguien que ocupa la Jefatura del Estado tenga aquella explicación para defender la candidatura de un juez. “Sería la primera vez que llega un juez con las características de Lijo”, planteó Milei. Andrés Rosler, profesor y escritor destacado de Derecho tuiteó irónicamente: “Sí, es la primera vez que llegaría a la Corte un juez con las características de Lijo”. Habla de otras características.

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La otra rareza es que nos enteramos ahora de que Lijo es un especialista en cibercrimen y ciberataques. Hasta Lijo se debe enterar por primera vez que es un especialista en esa materia. No lo puso ni en el currículum que le envió al Ministerio de Justicia, donde fue exhaustivo y anotó hasta cursos dados en sindicatos. Pero esta especialidad, que lo convierte en el único juez experto en ciberataques, él no la mencionó. Ni hablar de que en la Corte no hace falta que haya especialidades tan concretas. Un juez del Tribunal Superior no resuelve delitos concretos. Está para ver si en la resolución de los casos judiciales se respetaron o se violaron las garantías constitucionales. Habría algo que podría hacer el presidente Javier Milei para enfocar mejor qué significa la postulación de Ariel Lijo. Y es hablar con quien sería su mentor, el ideólogo al que él pone por encima de todos los demás en el orden de pensamiento liberal en la Argentina: Alberto Benegas Lynch (h). Apenas se postuló a Ariel Lijo a la Corte, en un artículo publicado en el diario LA NACION, Alberto Benegas Lynch dijo: “No sería el candidato pensado por Alberdi”. Allí planteó una objeción al gobierno de Milei. El detalle particular es que, en aquel momento, Milei replicó esa nota. La postulación de Lijo es una especie de papel de tornasol sobre el nivel de fragmentación y el conflicto de la política, y es esto lo que empezamos a ver en su funcionamiento, y lo que nos hace dudar cada vez más de que esta iniciativa del Presidente, por la que el Gobierno paga un costo muy alto, llegue a buen puerto.

Se confirmó esta semana lo que se había planteado una semana atrás: Cristina Kirchner desbarató toda la estrategia oficial. Con mucha astucia, los esperó, dejó que otros hablaran, que se especulara. No contestó ni las consultas de sus más íntimos. Y cuando llegó el momento de tener que definir, cuando el pliego de Lijo ya estaba en Comisión, dijo: “La verdad es que a mí nadie me preguntó que iba a hacer con los votos. ¿Por qué suponen que con mi votos voy a trabajar para otro? Con los votos que yo controlo en el Senado pondré jueces que me convencen a mí”. Esto es lo que puso en crisis todo el proceso de designación de Lijo y García-Mansila.

Abre ahora otra discusión mucho más amplia que tiene que ver, ya no con la integración de la Corte, sino con el formato. ¿Cuántos jueces va a tener? Se habla de nueve jueces. Pero para eso hay que ir al Congreso a que apruebe la ampliación. Y cualquier bloque que decida aportar se va a tentar con querer poner a alguien. ¿Por qué solamente  Milei y Cristina van a tener jueces nuevos en la Corte? Es una pregunta que se pueden hacer Macri, los radicales, Miguel Pichetto o Elisa Carrió. No es lo único que se negocia.

Hay dos temas más, muy importantes, que deberían formar parte de la agenda de cualquier mesa que se reúna alrededor de lo institucional: el procurador General de la Nación -cargo estratégico siempre y mucho más ahora- y las 140 ternas que salieron del Consejo de la Magistratura con nombres de candidatos a jueces que se giraron al Poder Ejecutivo y que todavía no fueron aprobados en el Senado. Hay 140 juzgados vacantes frente  a los cuales a la política se le hace agua la boca.

¿Milei estaba en condiciones de conseguir los dos tercios del Senado? Hasta ahora, vemos que no. En un país tan fragmentado  y tan fisurado por diferencias ideológicas es muy difícil. Y Lorenzetti, que es quien postuló a Ariel Lijo, ¿estaba en condiciones de conseguir los dos tercios? ¿Él le habrá dicho a Milei: “quedate tranquilo que yo me encargo de los dos tercios  de Lijo”? Ahora sabemos que, probablemente, estaba mucho más lejos de lo que se suponía. Porque si Cristina Kirchner tiene algún reparo respecto de la candidatura del juez es justamente que lo promueve Lorenzetti. Probablemente, tenga más animadversión hacia él que hacia el propio Horacio Rosatti, al que ella le promovió juicio político. Aunque sin éxito.

Hay una torpeza por parte del Gobierno. Porque se sabe que Cristina Kirchner no quiere a Lorenzetti y lo dijo públicamente. Lo asocia con el lawfare, con lo que se llama  derecho penal del enemigo, con usar la ley para perseguir al otro. Eso es lo que ella ve en Ecuador con Correa, en Brasil con Lula y en la Argentina con ella. Piensa “ahí está Lorenzetti”, en una foto con Claudio Bonadío y Sergio Moro, el juez que puso preso a Lula en Brasil. Ella está mirando a Lorenzetti recortado sobre todo ese telón de fondo. Y el ministro de Justicia -que debería disimular que a Lijo no lo postuló el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia que él, al menos formalmente, dirige- dijo en dos oportunidades que Lijo es el candidato de Lorenzetti. El presidente Milei postula a Lijo porque se lo indicó Lorenzetti. Eso, para Cristina, fue la corroboración gozosa de todas sus presunciones y, terminó de bajarle el pulgar a toda esta operación cuando desde el Ministerio de Justicia le dijeron que el dueño de la candidatura era Lorenzetti.

Esta posición de Cristina Kirchner desbarata toda la jugada. En el Senado hay una Comisión de Acuerdos en la cual, tanto Lijo como García Mansilla, tienen que conseguir nueve votos. Lijo tiene cuatro y, hasta este lunes a la tarde, García Mansilla no tenía ninguna. Hay otros cuatro que dicen que podrían firmar pero todavía no firman. Son ocho, y falta uno: miran a Lousteau, a Guadalupe Tagliaferri del Pro de la capital y presidenta de la Comisión y que, según las últimas novedades, no firmaría a favor de Lijo. Probablemente, Lousteau tampoco. Son dos senadores por la Capital que desarrollan su carrera frente a un electorado que valora especialmente este tipo de cuestiones. Los cuatro que no firmaron y el que falta para completar los nueve votos para que quede aprobado el pliego tal vez razonen: “¿Por qué voy a poner mi firma ahora, quedar pegado con una cosa bastante fea que es avalar a Lijo, sí después puede sucumbir en la votación general? No, primero que muestren que están los dos tercios y después firmó en la comisión”. Se invierte el orden político, no institucional de la jugada, y esto complica más las cosas.

Lo de Lijo está más lejos, no más cerca de salir; lo de García Mansilla también, pero por otras razones que no tienen que ver con su calidad profesional, sino más bien con reparos ideológicos.

El caso Lijo, su postulación, produjo una especie de test sobre todas las estructuras del Congreso. Para empezar, provocó un desprendimiento en el bloque de LLA. Francisco Paoltroni, hasta ahora senador de Milei, muy ligado a Villarruel – tanto que era su candidato para ejercer la presidencia provisional Senado- no sólo dijo que votaba en contra sino que tomó la bandera crítica del juez y la levantó con los argumentos de campaña de Milei.

El senador usó el discurso de La Libertad Avanza “dirigido a los argentinos de bien”, como suele decir el Presidente, y comprometida con una batalla  cultural que, dice, es contra Lijo, no a su favor. Habría que confrontar ese texto con el texto inicial del Presidente en el que explica por qué lo había elegido.

En el radicalismo también aparece una fisura porque entre los senadores que tienen que votar está el presidente del partido, Martín Lousteau; el jueves pasado hubo una reunión virtual donde Lousteau sometió a consideración la cuestión de Lijo, aparentemente, sin saber el resultado.

Henry Kissinger decía que en política nunca hay que hacer una pregunta cuya respuesta no se sepa de antemano. Lousteau, aparentemente, lo hizo. Y le contestaron que  “Lijo no” por dos razones. La primera es por una cuestión de género porque viene a reemplazar a Elena Highton; y la segunda es por una cuestión de transparencia.

Este lunes, un integrante del Senado, radical, me dijo que hay otro factor que tiene que ver con lo que dijo Paoltroni y es que  el nombramiento del juez empieza a ser un tema popular. Muchos senadores van a su provincia y les preguntan qué van a hacer y eso también los retrae. Algunos senadores que pensaban pasar por debajo del radar votando a favor, ahora dicen que no. Y esto le preocupa también a Lijo. Hay amigos suyos que mandan mensajes a los senadores diciendo “ojo que Ariel va a seguir siendo juez”, como algo amenazante, como si  pudiera tomar alguna represalia. Seguramente, no.

También hubo una reunión de mujeres radicales pidiendo por la cuestión de género y levantando la bandera de la transparencia. Hay alguien muy activo, que es la senadora por Santa Fe Carolina Losada, quien  ha tomado  también, como Paoltroni, la bandera de la transparencia institucional de la Corte, muy contradictoria con la postulación de Ariel Lijo.

También aparece una fisura a raíz de este tema en el kirchnerismo. El lunes de la semana pasada comentábamos que cuando Cristina dice que nadie fue a hablar con ella, habilitó una negociación. Esa negociación la lleva adelante Wado de Pedro con Santiago Caputo. No les cuesta entenderse o al menos armar la reunión porque Santiago Caputo es socio de Guillermo Garat, el encargado de comunicación, relaciones institucionales, marketing de YPF y quien fuera el jefe de campaña de Wado de Pedro cuando este era precandidato a presidente por el kirchnerismo.

El tema generó toda una discusión: lo acusan a Wado de Pedro de tener más relación con el Gobierno de la que él admite. Y él salió a contestar via X: “Si quieren saber de relaciones del peronismo con el Gobierno, no las busquen en el kirchnerismo; el kirchnerismo no tiene gente en este gobierno, miren al Frente Renovador”. Y ahí abrió una pelea inesperada entre La Cámpora, que no respaldó a De Pedro pero tampoco lo desautorizó, y Sergio Massa.

Massa y Wado tenían un viejo acuerdo. De Pedro tuvo que bajar su candidatura presidencial en homenaje a la candidatura de Massa, que fue la que finalmente se impuso. No debe haber quedado contento; pero en un gesto de buena voluntad se transformó en su jefe de campaña. Había un acuerdo entre ellos por el cual, si el candidato era Massa, el jefe de campaña iba a ser De Pedro; es decir, simétrico. Y si el candidato era De Pedro, el candidato a senador por la provincia iba a ser Massa.

Este viejo acuerdo se rompió y empezaron una cantidad de maledicencias y ataques por debajo de la mesa. Se rompe la relación entre De Pedro, que es La Cámpora, y Sergio Massa, que es el Frente Renovador. Ambos son dos bloques  muy importantes en el universo kirchnerista. Compartían algo más, un empresario: “Nacho” Saavedra, que vendió todas sus empresas de golpe y ahora viaja por Europa. Los renovadores de Massa dicen que Saavedra no quería ser “el Lázaro de Wado”. La lucha por el poder es corrosiva.

Desde el Frente Renovador dicen que es mentira que no haya funcionarios kirchneristas en el Gobierno y señalan las delegaciones del PAMI y las de Anses. Miren o escuchen, paradójicamente, el silencio de Fernanda Raverta, de Luana Volnovich. Raverta estuvo en la Anses. Luana, en el PAMI, ambas en el gobierno de Alberto Fernández. Hay un enorme debate sobre los ingresos y la calidad de vida de los jubilados y no abren la boca. ¿Hay un acuerdo entre el Gobierno y La Cámpora en esas cajas y organizaciones? Esto se lo pregunta la gente de Massa y la gente de La Cámpora dicen que lo que hay es un acuerdo de Massa y los seguros de Alberto Fernández.

Hay una denuncia de este gobierno, de Sandra Pettovello y de Mariano de los Heros denunciando al hombre de Massa en el Fondo de Sustentabilidad de la Anses de Alberto Fernández, Federico D’Angelo, por haber contratado los seguros de Hector Martines Sosa, el esposo de la secretaria de Alberto  Fernández, que es el que está en el centro de un gran escándalo y de una causa judicial complicada.

Es importante mirar esta fragmentación en LLA, en el radicalismo y en el kirchnerismo porque por ese camino, observando esa fragmentación, surgen varios interrogantes: ¿Cómo va a ser la oferta electoral el año que viene? ¿Qué nivel de cohesión va a tener cada grupo? ¿Qué nivel de agregación y de convergencia va a haber entre las distintas fracciones para que el electorado vea listas nítidas? Sobre todo, en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué pasaría si el PRO y La Libertad Avanza van separados? Muy probablemente, se imponga una lista de Axel Kicillof. Se instalaría real o imaginariamente la posibilidad del retorno del kirchnerismo y eso seguramente cambiaría totalmente la percepción que los mercados y los agentes económicos tienen de la política económica, entre otras cosas, porque ya hubo otras veces que el kirchnerismo se fue y volvió.

Hay otra discusión que tiene que ver con el procurador General de la Nación. Es el jefe de los fiscales, cargo que está vacante. Es importante porque el gobierno anterior inició una reforma -que este continúa- por la cual las causas judiciales penales van a quedar en manos del fiscal y el juez va ser, como en la provincia de Buenos Aires, un juez de garantías  que controla la calidad del proceso. Por lo tanto, el jefe del fiscal se transformará en alguien con un poder extraordinario, que ya de por sí lo tiene.

Hay tres candidatos para el cargo de procurador, que también requiere de dos tercios. Uno es Juan Bautista Mahiques, un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires a quien Cristina detesta -como a todos los Mahiques- porque los ve muy ligados a Macri. Además porque uno de ellos, Ignacio, hermano de Juan Bautista y fiscal federal, fue el que promovió la investigación en contra de ella junto con el fiscal Policcita, en la causa vialidad.

Otro candidato que tiene mucho atractivo para todos lados de la política es Julio Conte Grand, es el procurador de la provincia, un hombre que viene de Juntos por el Cambio. Llegó a la Procuración con el gobierno de Vidal, la sostiene porque tiene el respaldo de la Legislatura. Si Julio Conte Grand, que es un gran funcionario bonaerense, dejara la procuración provincial para ir a la nacional dejaría vacante ese cargo, que sería un gran atractivo para el kirchnerismo y para Kicillof y Cristina.

Y hay un tercer candidato que es el doctor Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación. Se necesitan dos tercios y para esos dos tercios es imprescindible el aval de Cristina Kirchner. Hoy Borinsky tiene que decidir una causa muy caliente que está en Casación, ya está el juez Gustavo Hornos que se pronunció, que consiste en si se va  aceptar el pronunciamiento del fiscal Mario Villar, que dice que en la causa vialidad hay que duplicarle la pena a Cristina, pasar de seis a doce años, y además acusarla de asociación ilícita. Esto lo tiene que decidir Borinsky mirando en el Senado los votos de Cristina. Hay que tener  mucha autonomía intelectual y moral para no tentarse en hacer algo a favor de Cristina, y tal vez en contra de la propia conciencia o en contra del expediente, con tal de conseguir la Procuración. No sabemos qué va a hacer, pero es un gran dilema el que tiene por delante.

El otro tema son aquellas 140 vacantes, que probablemente sea lo único que puede salir como resultado concreto de toda esta negociación porque no necesitan dos tercios. Y hay algunas cosas, peculiaridades de las designaciones de esos candidatos a jueces que son muy de la política judicial argentina. No ganaron el concurso, pero la política los metió dentro de la terna a través de una conversación en la que convencieron al jurado de que era mucho mejor de lo que decían sus antecedentes y exámenes escritos. Ahí tenemos dos candidatos que defiende Wado de Pedro: Juan Stinco y María Laura Manin. Manin fue funcionaria de Wado en el Ministerio del Interior. Compiten nada menos que para una sala especial de defensa de la competencia en el fuero civil y comercial federal, un dispositivo estratégico para la organización del mercado. Miles de millones de dólares se tramitan en ese tipo de jurisdicción. Hay otra dependencia judicial que es del fuero nacional y es la cámara comercial. Ahí tiene sus causas la familia Macri. Entre ellas, la del Correo, las denuncias mortificantes de Mariano Macri en contra de su hermano Gianfranco y el manejo de Socma. Existen muchos candidatos para esa cámara. Uno, el más interesante, Jorge Djivaris, que es el secretario de Justicia de Jorge Macri en la Ciudad. Todos estos temas, vinculados a lo institucional, son cuestiones que aparentemente al Gobierno no le interesan demasiado. La administración Milei reproduce una característica tradicional del liberalismo argentino: una especie de hemiplejia que lo vuelve sensible a las cuestiones económicas pero con muy poco espíritu republicano. Esto se repitió eternamente en la Argentina. Si uno observa una caracterización del menemismo, espejo donde se mira con mayor frecuencia Javier Milei, incurrió también en esa asimetría.

Este lunes, Milei ofreció un discurso muy elogiado en la Unión Industrial. Fue a provocar a los industriales hablándoles bien del campo. Hizo una gran defensa de la libertad de mercado, al mismo tiempo que empiezan a verse con más nitidez los rasgos populistas y autoritarios de este gobierno. Primero, un gran culto a la personalidad del Presidente, cuyo sumo sacerdote es el mismo Presidente. Segundo, dificultades para aceptar ideas distintas. Hay una versión, muy resbaladiza, de que hubo una charla entre Milei y José Lus Daza, economista chileno, nacido en la Argentina, que vive en Estados Unidos, a quien Luis Caputo convocó para ser viceministro de Economía. Aparentemente no se pusieron de acuerdo en algún punto. Al Presidente no le gustó. Daza todavía no fue designado. Ojalá no tenga que ver con ese pequeño desencuentro, y sea sólo por la burocracia que demora su incorporación. Caputo lo anunció la semana pasada. Recuerda una frase que le dijo Carlos Zanini a José “Pepe” Nun, secretario de Cultura de Cristina Kirchner, cuando él salía del despacho de Cristina: “A la presidenta no se le habla, se la escucha”. En la antesala de Milei tendría que haber un cartel aclarando lo mismo.

En todo este panorama están también los ataques a la prensa. Hubo este lunes un comunicado de FOPEA sobre la restricción al acceso de información pública para información en poder del Estado. Todo nació por la inquietud de saber cuánto salieron los caniles de los perros de Milei. Mientras tanto, los funcionarios imitan el clima que viene desde arriba. El Banco Central se quejó en un escrito de que el periodismo quisiese saber qué destino tenía el oro atesorado en el BCRA, que es de patrimonio público. En todo caso, si es una operación secreta por razones financieras, está mal que el periodismo se entere y habla de la incompetencia de los funcionarios. Días atrás, Luis Caputo se quejaba de que la periodista de LA NACION, Florencia Donovan, sabía más que él lo que le iba a pedir el FMI cuando comience a negociar. Muy bien por Donovan. Lo raro es que no lo sepa Caputo. Hay un clima en contra de la prensa muy del estilo populista, que hace juego por esta vocación de controlar la Corte y la Justicia. La prensa independiente y la Justicia son las dos garantías que se da la sociedad frente al desborde de poder. Son los límites que el líder populista no suele tolerar. Aun así, Milei es un líder que es sensible a estos rasgos cuando, por ejemplo, los ve en otro lugar. Por ejemplo en Venezuela. Hay una disociación de lo que se ve en la escena doméstica y lo que se ve afuera, entre la visión de la economía y la visión de la política.

Esteban Bullrich, una figura que nos sensibiliza especialmente porque habla desde su lugar de lucha por la vida, en contra de una enfermedad endiablada, grabó hoy un mensaje relacionado con la institucionalidad de un gobierno al que él apoya: “El problema de fondo en nuestro país no es económico sino institucional. Esa es la raíz de nuestra pobreza. A pesar de que en la campaña pareció que con su definición de casta el Presidente entendía el problema, ahora está claro que no la ve. Ningún progreso económico se sostiene con instituciones débiles y corruptas. Creo que es grave el error de nominar al juez Lijo para la Corte Suprema. No es verdad, como dijo el presidente Milei, que sea el único jurista que conoce del sistema penal. Tampoco es cierto que sea el único jurista que el kirchnerismo aprobaría. Apoyo a este Gobierno. Pero no puedo apoyar esta lamentable decisión. Pensemos que la mayoría de los senadores que votarán por él lo harán para zafar de una causa de corrupción. Ellos o su jefa y/o jefe político. Es muy triste. Un golpe muy bajo a las instituciones de nuestra querida Argentina. Por eso digo no a Lijo”.

 Una endeble defensa de Lijo; las divisiones en el oficialismo, la UCR y el kirchnerismo; el papel de Lorenzetti; los rasgos populistas del Gobierno: culto a la personalidad, intolerancia, obsesión contra la Justicia y contra la prensa  LA NACION

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