De los escandalosos fraudes contra la administración pública que investiga la Justicia, hay uno que resulta doblemente grave: el de las pensiones por discapacidad. Y lo es por dos motivos fundamentales: claramente el económico, ya que la entrega a mansalva de pensiones de ese tipo a muchísimas personas que no las necesitaban implicó un desvío de fondos estimados entre 1200 y 2000 millones de dólares anuales, según la nueva información oficial. Pero la estafa más descarada y dolorosa fue la que se ejecutó contra las personas con verdadera y comprobada discapacidad a las que se pretendía asistir.
Hasta el mes último, en las primeras 10.900 ayudas de ese tipo que revisó la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en la Capital y la provincia de Buenos Aires entre más de 330.000 otorgadas en ambos distritos, se encontró lo que las autoridades denominaron “inconsistencias alarmantes”, entre ellas, que la mayoría de los destinatarios no viven donde habían declarado y que menos de la mitad cumplen con los requisitos para acceder a ese tipo de prestación que el Estado otorga por algún grado de discapacidad para trabajar.
Destacaron las autoridades el caso de una mujer que intentó hacerse pasar por su esposo fallecido, de lo que no había registro en los sistemas del Estado; de un beneficiario que tenía cuatro diagnósticos diferentes; de dos personas que estaban cobrando la pensión por invalidez desde diciembre del año pasado mientras cumplían condena judicial, y de muchas que fueron otorgadas en tiempo récord sin tomar el menor recaudo de verificación de la situación del peticionante.
Con anterioridad, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había dado a conocer otros detalles igualmente denigrantes. Por ejemplo, el otorgamiento durante el kirchnerismo de pensiones a favor de quienes habían tenido una torcedura de tobillo o enfermedades no invalidantes, que presentaron certificados truchos o utilizaron un mismo estudio médico para pretender justificar la supuesta invalidez de más de un solicitante.
Según aquella auditoría, las zonas más “calientes” en cuanto al otorgamiento de beneficios fraudulentos en el país son Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y la provincia de Buenos Aires. El caso de Chaco resultó escandaloso: casi la mitad de la población en condiciones de trabajar las recibe.
Como consecuencia de esa investigación, que sigue abierta y que el Gobierno promete que abarcará al ciento por ciento del padrón de beneficiarios –”no podemos cometer el error de sacarle la pensión a quien le corresponde. Citaremos a todos y la evaluación será con criterio médico y socioeconómico. Habrá instancias de revisión”, aseguraron fuentes del equipo a cargo de Diego Spagnuolo–, a fines del mes último fue publicado en el Boletín Oficial un decreto que dispuso una serie de modificaciones en los requisitos para las personas que acceden a las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Entre los cambios figura que, para ser beneficiaria, la persona debe encontrarse incapacitada en forma total y permanente, y esto se determina cuando la invalidez “produzca una disminución del 66% o más en la capacidad laborativa”. Se dispuso, además, que esa situación debe ser convalidada mediante la presentación del certificado médico oficial (CMO) y su documentación médica respaldatoria, donde deberán indicarse patología y grado de incapacidad, y que deberá ser suscripta por profesional médico de establecimiento sanitario oficial o de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del entonces ministro de Salud, Mario Russo, restableció, además, el requisito de que el peticionante no debe poseer un vínculo laboral formal.
Esta última exigencia provocó la fuerte reacción de diversas organizaciones de personas con discapacidad y especialistas en inclusión laboral, quienes sostienen que no se debería prohibir la coexistencia de una pensión con la realización de un trabajo formal, según la incapacidad evaluada. Fundamentan que son muy altos los costos médicos y de tratamientos a los que se ven sometidas y que, por tanto, debería trabajarse en la generación de más oportunidades laborales adaptables a sus situaciones en vez de negarles la obtención de un sustento extra. Agregan como agravante que tres de cada cuatro de ellas están hoy desempleadas y que no se cumplen los cupos para incorporarlas laboralmente en dependencias del Estado.
Advierten también las mismas fuentes que, como consecuencia del flamante decreto, una persona con discapacidad que tenga una pensión va a dudar de incorporarse al mercado laboral formal, ya que, si pierde en algún momento ese empleo, habrá perdido no solo el beneficio de la pensión, sino el de la cobertura de salud que implica un trabajo en relación de dependencia, la que demorará en recobrar hasta conseguir un nuevo empleo en blanco.
Sin dudas, se trata de un tema muy delicado en el que debe primar el objetivo del que nunca debió apartarse ningún gobierno: poner a la persona con necesidades especiales como centro de la preocupación sanitaria, laboral y asistencial. Ese objetivo fue pisoteado por gestiones inescrupulosas que usaron las pensiones como regalos para amigos y parientes o como pagos por favores políticos. Fue una estafa económica para las arcas públicas, pero, por encima de todo, ética y moral al haberse desentendido de las verdaderas urgencias, de quienes necesitaban y necesitan ayuda.
De los escandalosos fraudes contra la administración pública que investiga la Justicia, hay uno que resulta doblemente grave: el de las pensiones por discapacidad. Y lo es por dos motivos fundamentales: claramente el económico, ya que la entrega a mansalva de pensiones de ese tipo a muchísimas personas que no las necesitaban implicó un desvío de fondos estimados entre 1200 y 2000 millones de dólares anuales, según la nueva información oficial. Pero la estafa más descarada y dolorosa fue la que se ejecutó contra las personas con verdadera y comprobada discapacidad a las que se pretendía asistir.
Hasta el mes último, en las primeras 10.900 ayudas de ese tipo que revisó la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en la Capital y la provincia de Buenos Aires entre más de 330.000 otorgadas en ambos distritos, se encontró lo que las autoridades denominaron “inconsistencias alarmantes”, entre ellas, que la mayoría de los destinatarios no viven donde habían declarado y que menos de la mitad cumplen con los requisitos para acceder a ese tipo de prestación que el Estado otorga por algún grado de discapacidad para trabajar.
Destacaron las autoridades el caso de una mujer que intentó hacerse pasar por su esposo fallecido, de lo que no había registro en los sistemas del Estado; de un beneficiario que tenía cuatro diagnósticos diferentes; de dos personas que estaban cobrando la pensión por invalidez desde diciembre del año pasado mientras cumplían condena judicial, y de muchas que fueron otorgadas en tiempo récord sin tomar el menor recaudo de verificación de la situación del peticionante.
Con anterioridad, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había dado a conocer otros detalles igualmente denigrantes. Por ejemplo, el otorgamiento durante el kirchnerismo de pensiones a favor de quienes habían tenido una torcedura de tobillo o enfermedades no invalidantes, que presentaron certificados truchos o utilizaron un mismo estudio médico para pretender justificar la supuesta invalidez de más de un solicitante.
Según aquella auditoría, las zonas más “calientes” en cuanto al otorgamiento de beneficios fraudulentos en el país son Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y la provincia de Buenos Aires. El caso de Chaco resultó escandaloso: casi la mitad de la población en condiciones de trabajar las recibe.
Como consecuencia de esa investigación, que sigue abierta y que el Gobierno promete que abarcará al ciento por ciento del padrón de beneficiarios –”no podemos cometer el error de sacarle la pensión a quien le corresponde. Citaremos a todos y la evaluación será con criterio médico y socioeconómico. Habrá instancias de revisión”, aseguraron fuentes del equipo a cargo de Diego Spagnuolo–, a fines del mes último fue publicado en el Boletín Oficial un decreto que dispuso una serie de modificaciones en los requisitos para las personas que acceden a las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Entre los cambios figura que, para ser beneficiaria, la persona debe encontrarse incapacitada en forma total y permanente, y esto se determina cuando la invalidez “produzca una disminución del 66% o más en la capacidad laborativa”. Se dispuso, además, que esa situación debe ser convalidada mediante la presentación del certificado médico oficial (CMO) y su documentación médica respaldatoria, donde deberán indicarse patología y grado de incapacidad, y que deberá ser suscripta por profesional médico de establecimiento sanitario oficial o de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del entonces ministro de Salud, Mario Russo, restableció, además, el requisito de que el peticionante no debe poseer un vínculo laboral formal.
Esta última exigencia provocó la fuerte reacción de diversas organizaciones de personas con discapacidad y especialistas en inclusión laboral, quienes sostienen que no se debería prohibir la coexistencia de una pensión con la realización de un trabajo formal, según la incapacidad evaluada. Fundamentan que son muy altos los costos médicos y de tratamientos a los que se ven sometidas y que, por tanto, debería trabajarse en la generación de más oportunidades laborales adaptables a sus situaciones en vez de negarles la obtención de un sustento extra. Agregan como agravante que tres de cada cuatro de ellas están hoy desempleadas y que no se cumplen los cupos para incorporarlas laboralmente en dependencias del Estado.
Advierten también las mismas fuentes que, como consecuencia del flamante decreto, una persona con discapacidad que tenga una pensión va a dudar de incorporarse al mercado laboral formal, ya que, si pierde en algún momento ese empleo, habrá perdido no solo el beneficio de la pensión, sino el de la cobertura de salud que implica un trabajo en relación de dependencia, la que demorará en recobrar hasta conseguir un nuevo empleo en blanco.
Sin dudas, se trata de un tema muy delicado en el que debe primar el objetivo del que nunca debió apartarse ningún gobierno: poner a la persona con necesidades especiales como centro de la preocupación sanitaria, laboral y asistencial. Ese objetivo fue pisoteado por gestiones inescrupulosas que usaron las pensiones como regalos para amigos y parientes o como pagos por favores políticos. Fue una estafa económica para las arcas públicas, pero, por encima de todo, ética y moral al haberse desentendido de las verdaderas urgencias, de quienes necesitaban y necesitan ayuda.
Tras la depuración del escandaloso padrón de beneficiarios que no debieron serlo nunca, urge atender equilibradamente las verdaderas necesidades LA NACION
