Los graves hechos registrados anteayer en las inmediaciones del Congreso de la Nación eran más que previsibles. Nadie podía esperar una movilización pacífica cuando entre sus principales convocantes se hallaban barras bravas de equipos de fútbol que no han demostrado ser otra cosa que verdaderas asociaciones ilícitas, artífices de la violencia y la extorsión, y hasta uno de los máximos adalides del terrorismo, como Mario Firmenich.
Lejos de ayudar a los jubilados, en nombre de quienes dijeron movilizarse, los violentos que se hicieron presentes en la marcha los pusieron claramente en peligro. Fueron dispuestos a la provocación y al choque con los efectivos policiales, con el lamentable resultado por todos conocido: más de un centenar de detenidos y una veintena de heridos, entre ellos un joven fotógrafo, Pablo Grillo, que lucha por su vida luego de recibir el impacto de una cápsula de gas en el cráneo. La Justicia y la propia Policía Federal deberían esclarecer este lamentable hecho, determinando las responsabilidades de la aparente mala praxis en la represión policial.
Sin embargo, nada puede hacernos perder de vista que la movilización poco tenía que ver con la presunta reivindicación de los jubilados. La postal del día siguiente en los alrededores del Congreso ofrecía la peor cara del vandalismo: además de los dos patrulleros policiales y los numerosos contenedores de basura incendiados por grupos violentos, se detectaron unos 80 metros cuadrados de veredas destruidos solo en la Plaza del Congreso, con la intención de utilizar piedras y cascotes para atacar a las fuerzas del orden y varios frentes de comercios y automóviles destruidos a piedrazos. Alrededor de la mitad de los detenidos contaban con antecedentes penales, según informó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Pese a ello, gracias a la doctrina garantista de la jueza Karina Andrade, la mayoría de ellos fueron liberados. Los daños estimados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ascienden a unos 275 millones de pesos.
Esta vez se recurrió a integrantes de conocidas barras bravas del fútbol, acostumbrados a llevar la violencia a dondequiera que vayan. Son los mismos grupos de los que, alguna vez, Cristina Kirchner habló maravillas
Ninguna de las hinchadas que convocaron a la violenta manifestación se acordó de los jubilados cuando el gobierno de Alberto Fernández modificó la fórmula de cálculo de los aumentos de sus haberes; tampoco cuando Cristina Kirchner resolvió desconocer el 82% móvil para las jubilaciones.
La protesta trajo a la memoria de muchos aquella del 18 de diciembre de 2017, realizada en el mismo lugar para oponerse al proyecto de movilidad jubilatoria que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri. Esa jornada, recordada por las 14 toneladas de piedras que activistas de grupos de izquierda lanzaron contra los efectivos policiales, forzó la modificación de la iniciativa de Macri sin que sus detractores repararan en que el proyecto original hubiera beneficiado a los jubilados, dado que contemplaba incrementar sus haberes en función de la inflación.
Como en aquella oportunidad, anteayer, el propósito de la marcha no fue otro que debilitar al Gobierno y a las instituciones democráticas. Quienes la encabezaron fueron grupos asociados a un sector político como el kirchnerismo, que no se resigna ante el hecho de haber sido derrotado en las urnas y sobre cuyos dirigentes pesan graves acusaciones en el ámbito judicial. Son nostálgicos del poder, que buscan minar la confianza en la gestión de Javier Milei e impedirle llevar a la práctica reformas estructurales.
La novedad que trajo la manifestación de anteayer fue que, esta vez, se recurrió a miembros de conocidas barras bravas del fútbol local, acostumbrados a llevar la violencia a dondequiera que vayan. Son mercenarios que viven de negocios ilícitos, del chantaje y del alquiler de sus “servicios” a dirigentes políticos, y que en no pocos casos tienen empleos en municipios gobernados por el kirchnerismo. No son otra cosa que organizaciones mafiosas que ocultan su verdadera intención delictiva detrás de una supuesta pasión por los colores de sus clubes. Curiosamente, son los mismos grupos de los que, siendo presidenta de la Nación, Cristina Kirchner habló maravillas, al declararse emocionada cada vez que observaba a esos hinchas parados sobre los paraavalanchas de las tribunas. Nada es casual.
Los graves hechos registrados anteayer en las inmediaciones del Congreso de la Nación eran más que previsibles. Nadie podía esperar una movilización pacífica cuando entre sus principales convocantes se hallaban barras bravas de equipos de fútbol que no han demostrado ser otra cosa que verdaderas asociaciones ilícitas, artífices de la violencia y la extorsión, y hasta uno de los máximos adalides del terrorismo, como Mario Firmenich.
Lejos de ayudar a los jubilados, en nombre de quienes dijeron movilizarse, los violentos que se hicieron presentes en la marcha los pusieron claramente en peligro. Fueron dispuestos a la provocación y al choque con los efectivos policiales, con el lamentable resultado por todos conocido: más de un centenar de detenidos y una veintena de heridos, entre ellos un joven fotógrafo, Pablo Grillo, que lucha por su vida luego de recibir el impacto de una cápsula de gas en el cráneo. La Justicia y la propia Policía Federal deberían esclarecer este lamentable hecho, determinando las responsabilidades de la aparente mala praxis en la represión policial.
Sin embargo, nada puede hacernos perder de vista que la movilización poco tenía que ver con la presunta reivindicación de los jubilados. La postal del día siguiente en los alrededores del Congreso ofrecía la peor cara del vandalismo: además de los dos patrulleros policiales y los numerosos contenedores de basura incendiados por grupos violentos, se detectaron unos 80 metros cuadrados de veredas destruidos solo en la Plaza del Congreso, con la intención de utilizar piedras y cascotes para atacar a las fuerzas del orden y varios frentes de comercios y automóviles destruidos a piedrazos. Alrededor de la mitad de los detenidos contaban con antecedentes penales, según informó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Pese a ello, gracias a la doctrina garantista de la jueza Karina Andrade, la mayoría de ellos fueron liberados. Los daños estimados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ascienden a unos 275 millones de pesos.
Esta vez se recurrió a integrantes de conocidas barras bravas del fútbol, acostumbrados a llevar la violencia a dondequiera que vayan. Son los mismos grupos de los que, alguna vez, Cristina Kirchner habló maravillas
Ninguna de las hinchadas que convocaron a la violenta manifestación se acordó de los jubilados cuando el gobierno de Alberto Fernández modificó la fórmula de cálculo de los aumentos de sus haberes; tampoco cuando Cristina Kirchner resolvió desconocer el 82% móvil para las jubilaciones.
La protesta trajo a la memoria de muchos aquella del 18 de diciembre de 2017, realizada en el mismo lugar para oponerse al proyecto de movilidad jubilatoria que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri. Esa jornada, recordada por las 14 toneladas de piedras que activistas de grupos de izquierda lanzaron contra los efectivos policiales, forzó la modificación de la iniciativa de Macri sin que sus detractores repararan en que el proyecto original hubiera beneficiado a los jubilados, dado que contemplaba incrementar sus haberes en función de la inflación.
Como en aquella oportunidad, anteayer, el propósito de la marcha no fue otro que debilitar al Gobierno y a las instituciones democráticas. Quienes la encabezaron fueron grupos asociados a un sector político como el kirchnerismo, que no se resigna ante el hecho de haber sido derrotado en las urnas y sobre cuyos dirigentes pesan graves acusaciones en el ámbito judicial. Son nostálgicos del poder, que buscan minar la confianza en la gestión de Javier Milei e impedirle llevar a la práctica reformas estructurales.
La novedad que trajo la manifestación de anteayer fue que, esta vez, se recurrió a miembros de conocidas barras bravas del fútbol local, acostumbrados a llevar la violencia a dondequiera que vayan. Son mercenarios que viven de negocios ilícitos, del chantaje y del alquiler de sus “servicios” a dirigentes políticos, y que en no pocos casos tienen empleos en municipios gobernados por el kirchnerismo. No son otra cosa que organizaciones mafiosas que ocultan su verdadera intención delictiva detrás de una supuesta pasión por los colores de sus clubes. Curiosamente, son los mismos grupos de los que, siendo presidenta de la Nación, Cristina Kirchner habló maravillas, al declararse emocionada cada vez que observaba a esos hinchas parados sobre los paraavalanchas de las tribunas. Nada es casual.
Es tan evidente como repudiable el afán desestabilizador de quienes sembraron el caos y el vandalismo amparándose en una falsa defensa de jubilados LA NACION
