El Gobierno pidió la detención de 29 barras y mostró sus caras
El Gobierno aportó hoy ante la Justicia elementos de prueba para la identificación de posibles involucrados en los incidentes del Congreso. El ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich responsabilizó con nombre y apellido a 29 supuestos barrabravas por los serios desmanes producidos durante la macha por los jubilados, que derivaron en más de 114 detenciones y 53 heridos, entre ellos el fotográfo Pablo Grillo, herido de gravedad por el lanzamiento de una cápsula de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza mientras sacaba una foto en plena manifestación.
“Tenemos pruebas y las presentamos. Le pedimos al fiscal la detención de estos 29 barras bravas violentos, que atacaron al Congreso y a nuestras Fuerzas con palos, piedras y armas”, anunció Bullrich desde su cuenta de X. La funcionaria de Gobierno compartió su mensaje con un video en el que expone las caras de varios hombres a quienes acusa por los delitos ocurridos en la movilización en la Plaza del Congreso.
Tras ello, el Ministerio de Seguridad aportó esta tarde ante la fiscalía interviniente en la causa a cargo de Franco Picardi una serie de pruebas, entre ellas, dos informes, con las que aseguró haber identificado a un grupo de personas “ejerciendo actos de violencia, arrojando piedras y atentando contra las Fuerzas de Seguridad”.
Tenemos pruebas y las presentamos.
Le pedimos al fiscal la detención de estos 29 barras bravas violentos, que atacaron al Congreso y a nuestras Fuerzas con palos, piedras y armas. pic.twitter.com/6HbYZEdfwL
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 18, 2025
“A través de un exhaustivo análisis de imágenes realizado por la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, que incluyó el uso del sistema de reconocimiento facial “LUNA” y material fílmico captado por diversas dependencias, se logró identificar a varias personas que participaron activamente en los disturbios”, informaron desde el Ministerio de Seguridad.
“En base a estos informes, el Ministerio de Seguridad ha solicitado a la Fiscalía interviniente la detención de 29 personas y la realización de allanamientos en sus domicilios con el fin de obtener más pruebas que permitan determinar su vinculación con organizaciones delictivas, tales como asociaciones ilícitas y barrabravas”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad, al tiempo que se requirió información urgente al Renaper y a otras instituciones pertinentes en pos de precisar los domicilios de los imputados.
En el pedido presentado por el director de legales del ministerio de Bullrich, el abogado Fernando Soto, el Gobierno solicitó a la fiscalía que “tenga presente la prueba aportada” y requiera la detención de “las personas que surgen como posibles imputados de los hechos de autos”.
Asimismo, la cartera de Seguridad reclamó que “se libren informes urgentes para determinar los domicilios de los imputados ahora denunciados, y se ordenen allanamientos para lograr obtener pruebas que vinculen a los imputados con asociaciones ilícitas (organizaciones de Barrabravas) y el crimen organizado”.
La presentación del Gobierno se da luego el viernes pasado el fical Picardi solicitara a la ministra Bullrich, “registros, documentaciones e información” que puediera determinar la participación de barrabravas en la manifestación, luego que la cartera de Seguridad denunciara por los delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada a “grupos organizados de barrabravas” de más de una veintena de clubes de fútbol.
En aquella demanda también se apuntó contra los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, a quienes se los acusó de haber promovido y financiado la protesta con el fin de generar caos. Además, este lunes el Gobierno denunció a la jueza porteña Karina Andrade, cuestionada por el Ministerio de Seguridad por haber liberado a las pocas horas a los 114 manifestantes que fueron detenidos durante la marcha por los jubilados, frente al Congreso, el miércoles pasado.
El Gobierno aportó hoy ante la Justicia elementos de prueba para la identificación de posibles involucrados en los incidentes del Congreso. El ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich responsabilizó con nombre y apellido a 29 supuestos barrabravas por los serios desmanes producidos durante la macha por los jubilados, que derivaron en más de 114 detenciones y 53 heridos, entre ellos el fotográfo Pablo Grillo, herido de gravedad por el lanzamiento de una cápsula de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza mientras sacaba una foto en plena manifestación.
“Tenemos pruebas y las presentamos. Le pedimos al fiscal la detención de estos 29 barras bravas violentos, que atacaron al Congreso y a nuestras Fuerzas con palos, piedras y armas”, anunció Bullrich desde su cuenta de X. La funcionaria de Gobierno compartió su mensaje con un video en el que expone las caras de varios hombres a quienes acusa por los delitos ocurridos en la movilización en la Plaza del Congreso.
Tras ello, el Ministerio de Seguridad aportó esta tarde ante la fiscalía interviniente en la causa a cargo de Franco Picardi una serie de pruebas, entre ellas, dos informes, con las que aseguró haber identificado a un grupo de personas “ejerciendo actos de violencia, arrojando piedras y atentando contra las Fuerzas de Seguridad”.
Tenemos pruebas y las presentamos.
Le pedimos al fiscal la detención de estos 29 barras bravas violentos, que atacaron al Congreso y a nuestras Fuerzas con palos, piedras y armas. pic.twitter.com/6HbYZEdfwL
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 18, 2025
“A través de un exhaustivo análisis de imágenes realizado por la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, que incluyó el uso del sistema de reconocimiento facial “LUNA” y material fílmico captado por diversas dependencias, se logró identificar a varias personas que participaron activamente en los disturbios”, informaron desde el Ministerio de Seguridad.
“En base a estos informes, el Ministerio de Seguridad ha solicitado a la Fiscalía interviniente la detención de 29 personas y la realización de allanamientos en sus domicilios con el fin de obtener más pruebas que permitan determinar su vinculación con organizaciones delictivas, tales como asociaciones ilícitas y barrabravas”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad, al tiempo que se requirió información urgente al Renaper y a otras instituciones pertinentes en pos de precisar los domicilios de los imputados.
En el pedido presentado por el director de legales del ministerio de Bullrich, el abogado Fernando Soto, el Gobierno solicitó a la fiscalía que “tenga presente la prueba aportada” y requiera la detención de “las personas que surgen como posibles imputados de los hechos de autos”.
Asimismo, la cartera de Seguridad reclamó que “se libren informes urgentes para determinar los domicilios de los imputados ahora denunciados, y se ordenen allanamientos para lograr obtener pruebas que vinculen a los imputados con asociaciones ilícitas (organizaciones de Barrabravas) y el crimen organizado”.
La presentación del Gobierno se da luego el viernes pasado el fical Picardi solicitara a la ministra Bullrich, “registros, documentaciones e información” que puediera determinar la participación de barrabravas en la manifestación, luego que la cartera de Seguridad denunciara por los delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada a “grupos organizados de barrabravas” de más de una veintena de clubes de fútbol.
En aquella demanda también se apuntó contra los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, a quienes se los acusó de haber promovido y financiado la protesta con el fin de generar caos. Además, este lunes el Gobierno denunció a la jueza porteña Karina Andrade, cuestionada por el Ministerio de Seguridad por haber liberado a las pocas horas a los 114 manifestantes que fueron detenidos durante la marcha por los jubilados, frente al Congreso, el miércoles pasado.
El ministerio de Seguridad presentó ante la Justicia una serie de pruebas por las que aseguró haber identificado a un grupo de personas “ejerciendo actos de violencia, arrojando piedras y atentando contra las Fuerzas de Seguridad” durante la marcha por los jubilados LA NACION
