No fue la primera oportunidad en los últimos 15 días, sino la segunda, en que el Senado parece haber encontrado la excusa perfecta para demorar una vez más el tratamiento del proyecto de ley de ficha limpia, tendiente a prohibirles a condenados en segunda instancia presentarse a competir por cargos electivos.
La primera había sido producto de un sonoro fracaso, aunque existen sospechas –y nada demuestra lo contrario hasta ahora– de que aquella postergación no fue casual ni, mucho menos, ingenua. Hace dos semanas, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (Alianza La Libertad Avanza-San Luis), quien precisamente había convocado a sesionar para tratar ficha limpia, decidió desactivar la sesión especial para tratar ese tema tras el rechazo de los pliegos que nominaban a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. La excusa en aquel momento fue que no se encontraba asegurada la mayoría calificada de 37 senadores constitucionalmente exigida para sancionar una reforma electoral.
Esta última semana, la justificación para no sesionar fue la muerte del papa Francisco, un parate que, de haber podido opinar el fallecido pontífice, seguramente lo hubiera criticado, y no solo por su profunda convicción sobre la necesidad de combatir la corrupción –así lo demostró con su accionar en el Vaticano–, sino porque difícilmente hubiera estado cómodo con que se hiciera prevalecer un homenaje a su persona por sobre la obligación de trabajar para transparentar los procesos electorales con vistas a mejorar las instituciones.
¿Aparecerá un nuevo escollo la semana próxima para dilatar aún más un proyecto que viene siendo zarandeado desde hace nueve años? La primera iniciativa en la materia fue presentada en 2016. Falta de quorum, reticencia a suscribir dictámenes, caídas de sesiones especiales, sospechas de toma y daca y un sinfín de trabas de lo más diversas se fueron sumando para impedir que avanzara. Durante los años parlamentarios posteriores, varios bloques presentaron nuevos proyectos en la materia. Nunca se logró avanzar. Solo en febrero de este año, tras otros estrepitosos fracasos, Diputados sancionó la norma que ahora espera la aprobación de la Cámara alta. La apoyaron 144 legisladores –La Libertad Avanza, Pro, la Coalición Cívica, miembros de las divididas bancadas radicales y del fuerzas del interior del país, y un sector de Encuentro Federal–. Hubo 98 votos negativos y dos abstenciones tras más de diez horas de debate. Los rechazos corrieron por parte de los diputados kirchneristas y de la izquierda, quienes denuncian con clara intención político-partidaria que la ley tenga como especial objetivo proscribir a la doblemente condenada Cristina Kirchner, mientras que las dos abstenciones correspondieron a Miguel Ángel Pichetto y a Nicolás Massot, del bloque Encuentro Federal.
¿Hay dudas de que debería ser intachable alguien que aspire a presentarse como candidato a un cargo electivo?
El eje de la ley apunta a los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y encubrimiento, todos ellos previstos en el Código Penal.
¿Será que quienes se oponen radicalmente y sin mayores argumentos que la defensa corporativa temen que se descubran delitos que los cuentan como protagonistas o tal vez como encubridores? ¿Hay dudas de que debería ser intachable alguien que aspire a presentarse como candidato a un cargo electivo?
Sería recomendable que muchos de quienes se oponen a la ley de ficha limpia releyeran, como mínimo, el artículo 36 de la Constitución nacional, que dispone que atentará contra el sistema democrático “quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
A esta altura de las evidencias, de los hechos y de los comportamientos, huelga decir que no hay más excusas para mejorar el sistema. La ley de ficha limpia no es una opción. Es un imperativo.
No fue la primera oportunidad en los últimos 15 días, sino la segunda, en que el Senado parece haber encontrado la excusa perfecta para demorar una vez más el tratamiento del proyecto de ley de ficha limpia, tendiente a prohibirles a condenados en segunda instancia presentarse a competir por cargos electivos.
La primera había sido producto de un sonoro fracaso, aunque existen sospechas –y nada demuestra lo contrario hasta ahora– de que aquella postergación no fue casual ni, mucho menos, ingenua. Hace dos semanas, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (Alianza La Libertad Avanza-San Luis), quien precisamente había convocado a sesionar para tratar ficha limpia, decidió desactivar la sesión especial para tratar ese tema tras el rechazo de los pliegos que nominaban a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. La excusa en aquel momento fue que no se encontraba asegurada la mayoría calificada de 37 senadores constitucionalmente exigida para sancionar una reforma electoral.
Esta última semana, la justificación para no sesionar fue la muerte del papa Francisco, un parate que, de haber podido opinar el fallecido pontífice, seguramente lo hubiera criticado, y no solo por su profunda convicción sobre la necesidad de combatir la corrupción –así lo demostró con su accionar en el Vaticano–, sino porque difícilmente hubiera estado cómodo con que se hiciera prevalecer un homenaje a su persona por sobre la obligación de trabajar para transparentar los procesos electorales con vistas a mejorar las instituciones.
¿Aparecerá un nuevo escollo la semana próxima para dilatar aún más un proyecto que viene siendo zarandeado desde hace nueve años? La primera iniciativa en la materia fue presentada en 2016. Falta de quorum, reticencia a suscribir dictámenes, caídas de sesiones especiales, sospechas de toma y daca y un sinfín de trabas de lo más diversas se fueron sumando para impedir que avanzara. Durante los años parlamentarios posteriores, varios bloques presentaron nuevos proyectos en la materia. Nunca se logró avanzar. Solo en febrero de este año, tras otros estrepitosos fracasos, Diputados sancionó la norma que ahora espera la aprobación de la Cámara alta. La apoyaron 144 legisladores –La Libertad Avanza, Pro, la Coalición Cívica, miembros de las divididas bancadas radicales y del fuerzas del interior del país, y un sector de Encuentro Federal–. Hubo 98 votos negativos y dos abstenciones tras más de diez horas de debate. Los rechazos corrieron por parte de los diputados kirchneristas y de la izquierda, quienes denuncian con clara intención político-partidaria que la ley tenga como especial objetivo proscribir a la doblemente condenada Cristina Kirchner, mientras que las dos abstenciones correspondieron a Miguel Ángel Pichetto y a Nicolás Massot, del bloque Encuentro Federal.
¿Hay dudas de que debería ser intachable alguien que aspire a presentarse como candidato a un cargo electivo?
El eje de la ley apunta a los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y encubrimiento, todos ellos previstos en el Código Penal.
¿Será que quienes se oponen radicalmente y sin mayores argumentos que la defensa corporativa temen que se descubran delitos que los cuentan como protagonistas o tal vez como encubridores? ¿Hay dudas de que debería ser intachable alguien que aspire a presentarse como candidato a un cargo electivo?
Sería recomendable que muchos de quienes se oponen a la ley de ficha limpia releyeran, como mínimo, el artículo 36 de la Constitución nacional, que dispone que atentará contra el sistema democrático “quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
A esta altura de las evidencias, de los hechos y de los comportamientos, huelga decir que no hay más excusas para mejorar el sistema. La ley de ficha limpia no es una opción. Es un imperativo.
Resulta bochornoso que el Senado encuentre cada semana un pretexto para seguir dilatando el debate de un proyecto de ley cuya aprobación es imperiosa LA NACION
