Transcurridos ya nueve años desde que el Poder Judicial comenzó a investigar el llamado caso Oil, la sociedad argentina todavía espera una respuesta definitiva sobre las maniobras que desarrollaron el entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y los empresarios patagónicos Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños de la petrolera Oil Combustibles, integrante del Grupo Indalo.
Casi una década ha pasado ya desde que Elisa Carrió radicó la fundada denuncia penal y el expediente recorrió todo el espinel judicial: primera instancia, cámara de apelaciones, Cámara de Casación, tribunal oral y hasta la Corte Suprema, para luego retornar a Casación. Decenas de técnicos, abogados, jueces, peritos, fiscales, camaristas y cortesanos han dedicado incontables horas al caso, que, por momentos, parece un remedo del cuento de la buena pipa de la impunidad. Un cuento interminable que termina por agotar a todos.
¿Dónde estamos hoy? La explicación debe dividirse en dos partes. La primera se centra en Echegaray. El 16 de diciembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 lo condenó a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. Contra esa decisión, sus abogados presentaron un recurso de casación, que fue rechazado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
Rechazados también sus recursos de nulidad, la defensa planteó entonces un recurso extraordinario federal para llevar sus argumentos a la Corte Suprema, pero también fue declarado inadmisible por la Casación. Eso los llevó a acudir en queja al máximo tribunal, que la desestimó porque no se dirigió contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
Hoy, sin embargo, la condena impuesta a Echegaray todavía no comenzó a ejecutarse. El extitular de la AFIP, ahora denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tiene un abanico de recursos por plantear antes de que la Corte dicte de una buena vez su sentencia definitiva.
La Corte concluyó que la absolución de López y De Sousa era “arbitraria”, tanto por “dogmática” como por “fragmentaria”
Distinto es el recorrido tribunalicio de los patagónicos López y De Sousa. Absueltos estos en el juicio oral en un fallo dividido y luego por la Cámara Federal de Casación, también en una decisión dividida, el valiente fiscal Mario Villar recurrió a la Corte en un intento por corregir el escándalo jurídico. ¿Cuál? El de encontrarnos con un funcionario que fue condenado por administrar fraudulentamente la cosa pública en beneficio de terceros, pero esos terceros resultaron absueltos.
Por unanimidad, la Corte Suprema le dio la razón a Villar y le ordenó a la Casación que dictara un nuevo fallo. Concluyó que la absolución de López y De Sousa era “arbitraria”, tanto por “dogmática” como por “fragmentaria”. Es decir que quienes absolvieron a los dueños del Grupo Indalo no desarrollaron un análisis panorámico, completo e integral de todas las evidencias en el expediente que los incriminan.
Con ese fallo, la Corte asumió como propios los argumentos del fiscal Villar y de quien lidera la Procuración General de la Nación, Eduardo Casal. Ambos sostuvieron que la absolución de López y De Sousa se basó en un análisis de las evidencias “de manera individual, aislada y fuera de contexto”, soslayando la “visión de conjunto indispensable para la realización de inferencias razonables”.
Devuelto el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal, otra sala debió emitir un nuevo fallo que siguiera los lineamientos que trazó el máximo tribunal. Pero la sociedad argentina se topó con otra fase del cuento de la buena pipa en febrero de este año. Con la firma de los camaristas Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, la Casación desoyó a la Corte y volvió a absolver a López y De Sousa, con la sana disidencia de Guillermo Yacobucci.
Como era de esperar, el fiscal Villar volvió a apelar ante la Corte Suprema, que deberá fijar, otra vez, su posición en el caso Oil. Esto podría demorar semanas, meses o incluso años. El cuento de la buena pipa, para beneficio de pocos, desgaste de muchos y la desazón de la comunidad, que espera que, algún día, al fin se imparta Justicia.
Transcurridos ya nueve años desde que el Poder Judicial comenzó a investigar el llamado caso Oil, la sociedad argentina todavía espera una respuesta definitiva sobre las maniobras que desarrollaron el entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y los empresarios patagónicos Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños de la petrolera Oil Combustibles, integrante del Grupo Indalo.
Casi una década ha pasado ya desde que Elisa Carrió radicó la fundada denuncia penal y el expediente recorrió todo el espinel judicial: primera instancia, cámara de apelaciones, Cámara de Casación, tribunal oral y hasta la Corte Suprema, para luego retornar a Casación. Decenas de técnicos, abogados, jueces, peritos, fiscales, camaristas y cortesanos han dedicado incontables horas al caso, que, por momentos, parece un remedo del cuento de la buena pipa de la impunidad. Un cuento interminable que termina por agotar a todos.
¿Dónde estamos hoy? La explicación debe dividirse en dos partes. La primera se centra en Echegaray. El 16 de diciembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 lo condenó a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. Contra esa decisión, sus abogados presentaron un recurso de casación, que fue rechazado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
Rechazados también sus recursos de nulidad, la defensa planteó entonces un recurso extraordinario federal para llevar sus argumentos a la Corte Suprema, pero también fue declarado inadmisible por la Casación. Eso los llevó a acudir en queja al máximo tribunal, que la desestimó porque no se dirigió contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
Hoy, sin embargo, la condena impuesta a Echegaray todavía no comenzó a ejecutarse. El extitular de la AFIP, ahora denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tiene un abanico de recursos por plantear antes de que la Corte dicte de una buena vez su sentencia definitiva.
La Corte concluyó que la absolución de López y De Sousa era “arbitraria”, tanto por “dogmática” como por “fragmentaria”
Distinto es el recorrido tribunalicio de los patagónicos López y De Sousa. Absueltos estos en el juicio oral en un fallo dividido y luego por la Cámara Federal de Casación, también en una decisión dividida, el valiente fiscal Mario Villar recurrió a la Corte en un intento por corregir el escándalo jurídico. ¿Cuál? El de encontrarnos con un funcionario que fue condenado por administrar fraudulentamente la cosa pública en beneficio de terceros, pero esos terceros resultaron absueltos.
Por unanimidad, la Corte Suprema le dio la razón a Villar y le ordenó a la Casación que dictara un nuevo fallo. Concluyó que la absolución de López y De Sousa era “arbitraria”, tanto por “dogmática” como por “fragmentaria”. Es decir que quienes absolvieron a los dueños del Grupo Indalo no desarrollaron un análisis panorámico, completo e integral de todas las evidencias en el expediente que los incriminan.
Con ese fallo, la Corte asumió como propios los argumentos del fiscal Villar y de quien lidera la Procuración General de la Nación, Eduardo Casal. Ambos sostuvieron que la absolución de López y De Sousa se basó en un análisis de las evidencias “de manera individual, aislada y fuera de contexto”, soslayando la “visión de conjunto indispensable para la realización de inferencias razonables”.
Devuelto el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal, otra sala debió emitir un nuevo fallo que siguiera los lineamientos que trazó el máximo tribunal. Pero la sociedad argentina se topó con otra fase del cuento de la buena pipa en febrero de este año. Con la firma de los camaristas Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, la Casación desoyó a la Corte y volvió a absolver a López y De Sousa, con la sana disidencia de Guillermo Yacobucci.
Como era de esperar, el fiscal Villar volvió a apelar ante la Corte Suprema, que deberá fijar, otra vez, su posición en el caso Oil. Esto podría demorar semanas, meses o incluso años. El cuento de la buena pipa, para beneficio de pocos, desgaste de muchos y la desazón de la comunidad, que espera que, algún día, al fin se imparta Justicia.
Deberá revisarse la situación derivada de la condena a Ricardo Echegaray por fraude contra el Estado en beneficio de empresarios insólitamente absueltos LA NACION
