Ley de Enemigos Extranjeros: estos inmigrantes reciben un ultimátum para impugnar su deportación
El gobierno de Donald Trump impulsó una medida que afecta directamente a cientos de inmigrantes bajo custodia federal. En virtud de la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, los migrantes que reciban una notificación de deportación tendrían plazos extremadamente breves para defenderse. Esta dinámica, basada en la urgencia, generó serias críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y desató una serie de decisiones judiciales en todo Estados Unidos.
Deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros: quiénes reciben las notificaciones
Según documentos recientemente revelados, las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) notificaron a los migrantes detenidos que tienen “no menos de 12 horas” para expresar su intención de presentar una petición de hábeas corpus que impugne su deportación.
Esto, según explicaron en ABC News, lo afirmó Carlos Cisneros, director asistente de la oficina de campo del ICE, en una declaración jurada presentada ante un tribunal federal del Distrito Sur de Texas.
Esta disposición establece:
- Un no menor a 12 horas para que los migrantes indiquen su deseo de presentar una petición judicial contra su expulsión.
- Una vez expresada la intención, un período no menor a 24 horas para presentar efectivamente dicha petición.
- En caso de no manifestar ninguna intención de apelar, el ICE quedaría habilitado para proceder con la deportación inmediata.
El funcionario aseguró que los migrantes reciben la notificación en inglés, pero que agentes del ICE se encargan de leerla y explicarla en un idioma que los detenidos comprendan. “Los oficiales del ICE están acostumbrados a tratar con extranjeros que no entienden inglés”, manifestó Cisneros.
La medida se dirigió, en particular, contra venezolanos detenidos en el centro de detención El Valle, en Texas. A comienzos de abril, un juez federal había ordenado bloquear temporalmente las deportaciones de migrantes de Venezuela desde esa instalación.
El origen de la controversia: Tren de Aragua y la “invasión” criminal
El mes pasado, el gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una herramienta legislativa del siglo XVIII, para justificar la deportación masiva de presuntos integrantes de bandas criminales.
Bajo este argumento:
- Fueron deportados dos vuelos de migrantes hacia la megacárcel de Nayib Bukele en El Salvador.
- Se acusó a la organización venezolana Tren de Aragua de ser un “Estado criminal híbrido” que estaría “invadiendo” Estados Unidos.
- Un funcionario del ICE reconoció que muchos de los hombres expulsados el 15 de marzo no tenían antecedentes penales en territorio estadounidense, aunque sostuvo que esa falta de registros agravaba el riesgo potencial que representaban.
La American Civil Liberties Union (ACLU) cuestionó duramente los procedimientos, al considerar que los migrantes no recibían el debido proceso. Lee Gelernt, abogado de la ACLU, afirmó que “el gobierno no puede sostener de manera plausible que 12 horas constituyan un aviso suficiente” para preparar una defensa adecuada.
Fallos judiciales y primeros obstáculos para la administración Trump
La estrategia gubernamental enfrentó obstáculos legales en diversos tribunales federales, donde los jueces pusieron límites a las deportaciones aceleradas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Entre los hitos judiciales recientes:
- La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente las deportaciones de venezolanos detenidos en el norte de Texas, al exigir que se les garantizara una oportunidad real para impugnar su expulsión.
- Un tribunal federal de Texas ordenó la liberación de una pareja venezolana, acusada erróneamente de pertenecer a Tren de Aragua.
En el caso de esta pareja, el juez David Briones criticó duramente al gobierno. Según su fallo, citado por The Washington Post, los representantes federales no lograron presentar pruebas “claras, inequívocas y convincentes” que demostraran que los migrantes pertenecieran a una organización terrorista. El magistrado, nombrado durante la presidencia de Bill Clinton, además dispuso nuevas protecciones:
- A partir de ahora, el gobierno deberá otorgar 21 días a los detenidos para que puedan disputar su designación como “enemigos extranjeros”.
- Las notificaciones deben entregarse en un idioma comprensible para cada migrante.
El juez también prohibió la deportación de cualquier no ciudadano bajo custodia en su distrito, que abarca El Paso y condados hasta San Antonio y Austin.
El futuro de las deportaciones exprés bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
Aunque la Corte Suprema todavía no resolvió el debate de fondo sobre la legalidad de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros contra migrantes venezolanos, ya que Estados Unidos no mantiene un conflicto bélico con el país sudamericano, los fallos recientes ralentizan las deportaciones.
Mientras tanto, los migrantes detenidos y sus defensores legales continuarán con la presentación de peticiones para frenar las expulsiones, al tiempo que las cortes evalúan si el Ejecutivo tiene autoridad para usar una legislación de 1798 en el actual contexto migratorio.
La situación permanece abierta, pero los fallos judiciales impusieron una pausa crítica en el camino hacia deportaciones ultrarrápidas, lo que permite que los afectados tengan la posibilidad de defenderse antes de ser enviados a prisiones como el Cecot, en El Salvador.
El gobierno de Donald Trump impulsó una medida que afecta directamente a cientos de inmigrantes bajo custodia federal. En virtud de la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, los migrantes que reciban una notificación de deportación tendrían plazos extremadamente breves para defenderse. Esta dinámica, basada en la urgencia, generó serias críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y desató una serie de decisiones judiciales en todo Estados Unidos.
Deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros: quiénes reciben las notificaciones
Según documentos recientemente revelados, las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) notificaron a los migrantes detenidos que tienen “no menos de 12 horas” para expresar su intención de presentar una petición de hábeas corpus que impugne su deportación.
Esto, según explicaron en ABC News, lo afirmó Carlos Cisneros, director asistente de la oficina de campo del ICE, en una declaración jurada presentada ante un tribunal federal del Distrito Sur de Texas.
Esta disposición establece:
- Un no menor a 12 horas para que los migrantes indiquen su deseo de presentar una petición judicial contra su expulsión.
- Una vez expresada la intención, un período no menor a 24 horas para presentar efectivamente dicha petición.
- En caso de no manifestar ninguna intención de apelar, el ICE quedaría habilitado para proceder con la deportación inmediata.
El funcionario aseguró que los migrantes reciben la notificación en inglés, pero que agentes del ICE se encargan de leerla y explicarla en un idioma que los detenidos comprendan. “Los oficiales del ICE están acostumbrados a tratar con extranjeros que no entienden inglés”, manifestó Cisneros.
La medida se dirigió, en particular, contra venezolanos detenidos en el centro de detención El Valle, en Texas. A comienzos de abril, un juez federal había ordenado bloquear temporalmente las deportaciones de migrantes de Venezuela desde esa instalación.
El origen de la controversia: Tren de Aragua y la “invasión” criminal
El mes pasado, el gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una herramienta legislativa del siglo XVIII, para justificar la deportación masiva de presuntos integrantes de bandas criminales.
Bajo este argumento:
- Fueron deportados dos vuelos de migrantes hacia la megacárcel de Nayib Bukele en El Salvador.
- Se acusó a la organización venezolana Tren de Aragua de ser un “Estado criminal híbrido” que estaría “invadiendo” Estados Unidos.
- Un funcionario del ICE reconoció que muchos de los hombres expulsados el 15 de marzo no tenían antecedentes penales en territorio estadounidense, aunque sostuvo que esa falta de registros agravaba el riesgo potencial que representaban.
La American Civil Liberties Union (ACLU) cuestionó duramente los procedimientos, al considerar que los migrantes no recibían el debido proceso. Lee Gelernt, abogado de la ACLU, afirmó que “el gobierno no puede sostener de manera plausible que 12 horas constituyan un aviso suficiente” para preparar una defensa adecuada.
Fallos judiciales y primeros obstáculos para la administración Trump
La estrategia gubernamental enfrentó obstáculos legales en diversos tribunales federales, donde los jueces pusieron límites a las deportaciones aceleradas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Entre los hitos judiciales recientes:
- La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente las deportaciones de venezolanos detenidos en el norte de Texas, al exigir que se les garantizara una oportunidad real para impugnar su expulsión.
- Un tribunal federal de Texas ordenó la liberación de una pareja venezolana, acusada erróneamente de pertenecer a Tren de Aragua.
En el caso de esta pareja, el juez David Briones criticó duramente al gobierno. Según su fallo, citado por The Washington Post, los representantes federales no lograron presentar pruebas “claras, inequívocas y convincentes” que demostraran que los migrantes pertenecieran a una organización terrorista. El magistrado, nombrado durante la presidencia de Bill Clinton, además dispuso nuevas protecciones:
- A partir de ahora, el gobierno deberá otorgar 21 días a los detenidos para que puedan disputar su designación como “enemigos extranjeros”.
- Las notificaciones deben entregarse en un idioma comprensible para cada migrante.
El juez también prohibió la deportación de cualquier no ciudadano bajo custodia en su distrito, que abarca El Paso y condados hasta San Antonio y Austin.
El futuro de las deportaciones exprés bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
Aunque la Corte Suprema todavía no resolvió el debate de fondo sobre la legalidad de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros contra migrantes venezolanos, ya que Estados Unidos no mantiene un conflicto bélico con el país sudamericano, los fallos recientes ralentizan las deportaciones.
Mientras tanto, los migrantes detenidos y sus defensores legales continuarán con la presentación de peticiones para frenar las expulsiones, al tiempo que las cortes evalúan si el Ejecutivo tiene autoridad para usar una legislación de 1798 en el actual contexto migratorio.
La situación permanece abierta, pero los fallos judiciales impusieron una pausa crítica en el camino hacia deportaciones ultrarrápidas, lo que permite que los afectados tengan la posibilidad de defenderse antes de ser enviados a prisiones como el Cecot, en El Salvador.
Un funcionario del ICE aseguró que la agencia otorga “no menos de 12 horas” a los extranjeros para anunciar que iniciarán un trámite judicial contra su expulsión LA NACION
