Empezó el juicio por la muerte de 10 personas en un geriátrico de Belgrano durante la pandemia
Hoy comenzó el juicio oral por una de las tragedias más impactantes de la pandemia de Covid-19 en la Argentina: la muerte de diez residentes del geriátrico porteño Apart Incas, ubicado en el barrio de Belgrano. El caso, que marcó un antes y un después en el debate sobre los cuidados en residencias de adultos mayores, llega a la instancia judicial más importante tras más de cuatro años de investigación.
Sin embargo, antes de comenzar con el juicio el jurado deberá resolver unos planteos presentados por la defensa. LA NACION intentó saber cuáles son esos planteos, pero aún no recibió respuesta por parte del cuerpo de fiscales.
El 21 de abril de 2020, personal del SAME debió evacuar de urgencia a los residentes del geriátrico, luego de que se recibieran denuncias que advertían sobre un posible brote de coronavirus dentro del establecimiento. La escena se convirtió en la primera gran imagen del colapso sanitario en hogares de adultos mayores: pacientes en camillas, ambulancias alineadas en la avenida y familiares desesperados esperando respuestas.
Con el paso del tiempo, lo que inicialmente se veía una tragedia inevitable comenzó a ser observado bajo otra lupa. La investigación judicial reveló indicios de que hubo un intento deliberado de ocultar la circulación del virus en el establecimiento por parte de sus responsables. La falta de comunicación con las autoridades sanitarias, el incumplimiento de protocolos de prevención y la presión ejercida sobre el personal para continuar trabajando pese a presentar síntomas forman parte del expediente.
El geriátrico, gestionado por los apoderados Luis Daniel Megyes y Hugo Visca, y bajo la dirección médica de Carla Raffo, quedó en el centro de las acusaciones. Los tres están imputados por homicidio culposo agravado y violación de las medidas sanitarias durante una pandemia, según establece el artículo 205 del Código Penal. Además, se les atribuyen lesiones culposas y múltiples omisiones en el cuidado de los residentes.
Según la causa, los acusados habrían incurrido en al menos nueve irregularidades: desde no tomar la temperatura a los residentes hasta presionar a empleadas para que trabajaran pese a tener síntomas compatibles con COVID-19. También se documentaron fallas graves como la falta de equipos de protección, demoras en realizar hisopados y omisiones en la actualización de historias clínicas.
La versión de la querella
El abogado querellante Juan Salerni aseguró que los miembros del directorio de Apart Incas violaron las obligaciones derivadas de sus roles desde el momento en que asumieron sus cargos, el 6 de abril de 2018. “Los integrantes del directorio omitieron cumplir con lo exigido por la Ley 5670, en su artículo 16”, afirmó.
Para Salerni, esta negligencia quedó en evidencia durante la pandemia, cuando no extremaron los cuidados necesarios para proteger a los residentes y empleados. “Se manejaban con un criterio mercantilista, importándoles nada la salud de los empleados y residentes”, sentenció.
El letrado también remarcó que la falta de personal calificado reflejaba una toma de decisiones centrada únicamente en lo económico. La médica contratada, dijo, asistía “entre poco y nada”, no existían historias clínicas actualizadas ni un control clínico adecuado. Por ese motivo, la querella también pidió que la médica sea imputada por los mismos delitos que los directivos: homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas, en concurso real con violación de medidas contra epidemias.
La primera persona en dar positivo fue una cocinera del establecimiento, que acudió a trabajar pese a tener fiebre tras ser presionada por sus superiores. Luego se confirmaron múltiples contagios entre residentes y empleados, y finalmente, diez adultos mayores fallecieron.
Salerni denunció que el personal del geriátrico no recibió los elementos indispensables de protección personal, como guantes, barbijos quirúrgicos y N95, camisolines o protección ocular, tal como exigía el Protocolo de Actuación para la Prevención y Manejo de Casos Sospechosos de Covid-19.
“No hay error, ya que los empleados se sentían mal y los obligaban a ir a trabajar. Esperaron recién contar con un positivo para llamar al 107, cuando deberían haber activado los protocolos ante los casos sospechosos, gran cantidad de días antes de lo que lo hicieron”, dijo.
La querella también apunta contra una funcionaria del Gobierno de la Ciudad, a quien acusa de haber incumplido su obligación de denunciar las graves irregularidades detectadas en las inspecciones realizadas durante los años 2017, 2018 y 2019.
Por último, Salerni expresó su deseo de que el proceso llegue a juicio oral y público: “Sería de gran ayuda a la sociedad, y es un deber del Estado, que se sepa, luego de un debate oral y público, quiénes son los responsables de 10 muertes y 18 contagios de personas que estaban al cuidado del geriátrico”.
Finalmente, agregó: “Tengo la esperanza de que el tribunal no acceda a los planteos de salidas alternativas para resolver el conflicto y se haga el juicio dictándose una sentencia condenatoria ejemplar”.
Los responsables del geriátrico también están vinculados a otras residencias en la ciudad de Buenos Aires, lo que generó mayor preocupación en su momento sobre la aplicación de medidas preventivas en el resto de sus establecimientos.
El juicio, que se desarrollará en los tribunales porteños, será clave para determinar si hubo responsabilidades penales. Los familiares de las víctimas esperan que el proceso judicial arroje luz sobre lo ocurrido en Apart Incas.
Hoy comenzó el juicio oral por una de las tragedias más impactantes de la pandemia de Covid-19 en la Argentina: la muerte de diez residentes del geriátrico porteño Apart Incas, ubicado en el barrio de Belgrano. El caso, que marcó un antes y un después en el debate sobre los cuidados en residencias de adultos mayores, llega a la instancia judicial más importante tras más de cuatro años de investigación.
Sin embargo, antes de comenzar con el juicio el jurado deberá resolver unos planteos presentados por la defensa. LA NACION intentó saber cuáles son esos planteos, pero aún no recibió respuesta por parte del cuerpo de fiscales.
El 21 de abril de 2020, personal del SAME debió evacuar de urgencia a los residentes del geriátrico, luego de que se recibieran denuncias que advertían sobre un posible brote de coronavirus dentro del establecimiento. La escena se convirtió en la primera gran imagen del colapso sanitario en hogares de adultos mayores: pacientes en camillas, ambulancias alineadas en la avenida y familiares desesperados esperando respuestas.
Con el paso del tiempo, lo que inicialmente se veía una tragedia inevitable comenzó a ser observado bajo otra lupa. La investigación judicial reveló indicios de que hubo un intento deliberado de ocultar la circulación del virus en el establecimiento por parte de sus responsables. La falta de comunicación con las autoridades sanitarias, el incumplimiento de protocolos de prevención y la presión ejercida sobre el personal para continuar trabajando pese a presentar síntomas forman parte del expediente.
El geriátrico, gestionado por los apoderados Luis Daniel Megyes y Hugo Visca, y bajo la dirección médica de Carla Raffo, quedó en el centro de las acusaciones. Los tres están imputados por homicidio culposo agravado y violación de las medidas sanitarias durante una pandemia, según establece el artículo 205 del Código Penal. Además, se les atribuyen lesiones culposas y múltiples omisiones en el cuidado de los residentes.
Según la causa, los acusados habrían incurrido en al menos nueve irregularidades: desde no tomar la temperatura a los residentes hasta presionar a empleadas para que trabajaran pese a tener síntomas compatibles con COVID-19. También se documentaron fallas graves como la falta de equipos de protección, demoras en realizar hisopados y omisiones en la actualización de historias clínicas.
La versión de la querella
El abogado querellante Juan Salerni aseguró que los miembros del directorio de Apart Incas violaron las obligaciones derivadas de sus roles desde el momento en que asumieron sus cargos, el 6 de abril de 2018. “Los integrantes del directorio omitieron cumplir con lo exigido por la Ley 5670, en su artículo 16”, afirmó.
Para Salerni, esta negligencia quedó en evidencia durante la pandemia, cuando no extremaron los cuidados necesarios para proteger a los residentes y empleados. “Se manejaban con un criterio mercantilista, importándoles nada la salud de los empleados y residentes”, sentenció.
El letrado también remarcó que la falta de personal calificado reflejaba una toma de decisiones centrada únicamente en lo económico. La médica contratada, dijo, asistía “entre poco y nada”, no existían historias clínicas actualizadas ni un control clínico adecuado. Por ese motivo, la querella también pidió que la médica sea imputada por los mismos delitos que los directivos: homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas, en concurso real con violación de medidas contra epidemias.
La primera persona en dar positivo fue una cocinera del establecimiento, que acudió a trabajar pese a tener fiebre tras ser presionada por sus superiores. Luego se confirmaron múltiples contagios entre residentes y empleados, y finalmente, diez adultos mayores fallecieron.
Salerni denunció que el personal del geriátrico no recibió los elementos indispensables de protección personal, como guantes, barbijos quirúrgicos y N95, camisolines o protección ocular, tal como exigía el Protocolo de Actuación para la Prevención y Manejo de Casos Sospechosos de Covid-19.
“No hay error, ya que los empleados se sentían mal y los obligaban a ir a trabajar. Esperaron recién contar con un positivo para llamar al 107, cuando deberían haber activado los protocolos ante los casos sospechosos, gran cantidad de días antes de lo que lo hicieron”, dijo.
La querella también apunta contra una funcionaria del Gobierno de la Ciudad, a quien acusa de haber incumplido su obligación de denunciar las graves irregularidades detectadas en las inspecciones realizadas durante los años 2017, 2018 y 2019.
Por último, Salerni expresó su deseo de que el proceso llegue a juicio oral y público: “Sería de gran ayuda a la sociedad, y es un deber del Estado, que se sepa, luego de un debate oral y público, quiénes son los responsables de 10 muertes y 18 contagios de personas que estaban al cuidado del geriátrico”.
Finalmente, agregó: “Tengo la esperanza de que el tribunal no acceda a los planteos de salidas alternativas para resolver el conflicto y se haga el juicio dictándose una sentencia condenatoria ejemplar”.
Los responsables del geriátrico también están vinculados a otras residencias en la ciudad de Buenos Aires, lo que generó mayor preocupación en su momento sobre la aplicación de medidas preventivas en el resto de sus establecimientos.
El juicio, que se desarrollará en los tribunales porteños, será clave para determinar si hubo responsabilidades penales. Los familiares de las víctimas esperan que el proceso judicial arroje luz sobre lo ocurrido en Apart Incas.
Son dos apoderados y una médica quienes enfrentarán cargos por el deceso de los adultos mayores y por haber ignorado las medidas sanitarias en plena emergencia por Covid-19 LA NACION
