La organización Greenpeace denunció que en los primeros seis meses de 2025 se deforestaron 31.000 hectáreas de bosque solo en las provincias de Chaco y Santiago del Estero. Por tala o quemas, fue completamente devastada una extensión que equivale a una ciudad de Buenos Aires y media. Todo, advirtieron desde la ONG ambientalista, es ilegal: las zonas en donde se tumbaron árboles y plantas nativas tienen protección de los gobiernos provincial y nacional. Al menos deberían tenerla, según lo estipula la Ley de Bosques Nativos (26.331).

No es nuevo que el mandato de esta ley impulsada por el exdiputado Miguel Bonasso (PJ) y sancionada sea una y otra vez incumplido en el norte del país. Es visible tan solo visitando Google Earth. Al poner en secuencia fotografías satelitales que encuadran a las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde en 1985 había una densa y verde masa forestal hoy se dibujan cuadros muy bien trazados de campo amarillento. En particular, para 2008 la tendencia se había acelerado, coincidente con el alza en el precio de la soja.

Si bien desde Greenpeace reconocen que, comparado a dos décadas atrás, la velocidad de desmonte disminuyó, los números aún generan alarma. “Seguimos estando dentro de los 15 países con más deforestación en el mundo”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.

Los datos para la primera parte de 2025, a los que LA NACION accedió en exclusiva, muestran que Santiago del Estero perdió 22.315 hectáreas y Chaco, 8685, de manera ilegal. “Si bien en el resto del norte argentino hubo deforestación, estas dos provincias fueron las protagonistas en estos seis meses”, detalló Giardini. Si bien la desproporción es notoria entre ambas provincias y los contextos normativos y productivos, hay muchas similitudes en las dinámicas del desmonte.

El nuevo ministro de Producción de Chaco, Oscar Dudik, advirtió que en realidad fueron 8190 hectáreas deforestadas de manera ilegal. Afirmó también que en estos casos se actuó de acuerdo con la ley. “Ya fueron identificadas y labradas las actas correspondientes. En algunos casos, se secuestraron las máquinas y estamos esperando el pago de multas correspondientes”, detalló. A pesar de ello, reconoció que la legislación vigente es insuficiente para frenar el desmonte ilegal y anunció que la provincia reforzará los controles y las sanciones.

Este medio también trató, sin éxito, de contactarse con representantes del gobierno de Santiago del Estero, encabezado por Gerardo Zamora (UCR).

Los desmontes santiagueños

Según explicó el representante de Greenpeace, en Santiago del Estero se reproduce una histórica dinámica asociada principalmente a la promoción ganadera desde la propia administración provincial y productores foráneos, aunque la producción de soja también crece en la zona.

Un ejemplo de ello fue reportado en una investigación reciente de Mongabay Latam, que expuso el caso del director de la empresa Refresh Now, productora de las gaseosas Manaos, Orlando Canido. Canido fue acusado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero por desmontar 11.000 hectáreas –media ciudad de Buenos Aires– entre julio y agosto del año pasado en una finca cercana a la frontera con Salta y San Miguel de Tucumán. No era la primera vez que se vinculó a este empresario con la tala indiscriminada, acompañada de amenazas y violencia contra comunidades indígenas.

Según Giardini, esta dinámica es allí el business as usual. Todo derivado de una flexible ejecución de la legislación para la protección de bosques. “Es histórico que el gobierno provincial haga un cambio de zonificación en las zonas amarillas. Desmontan todo, quedan pasturas y algunos arbolitos”, denunció.

Los bosques en la Argentina, según estipula la propia Ley de Bosques Nativos, deben ser categorizados por nivel de protección. Se fijaron criterios mínimos para la protección de los bosques, clasificándolos en tres categorías –roja, amarilla y verde– según su importancia para la conservación. Esta zonificación se conoce como Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y cada provincia debe actualizarlo cada cinco años, sin violar principios como la no regresión. O sea que una zona roja, la de mayor nivel de protección, no podría convertirse en una verde, la de menor, de un lustro a otro. Ninguna de estas dos situaciones se cumplen en el norte argentino.

En el caso de Santiago del Estero, la última actualización del OTBN se realizó en 2015. Desde entonces, el mapa provincial refleja la siguiente distribución de sus bosques: un 14% en categoría roja, un 82% en amarilla y un 4% en verde.

El reporte del año pasado de Greenpeace sobre deforestación indicó que en esa provincia se desmontaron 54.123 hectáreas, casi tres veces la ciudad de Buenos Aires, durante todo 2024. Por esto, mantiene el primer lugar en deforestación en el país. LA NACION trató de comunicarse con la gobernación de Santiago del Estero, para contrastar los datos obtenidos por la ONG ambientalista y también conocer las medidas que está tomando para proteger los bosques, pero no recibió respuesta.

El caso chaqueño

En Chaco, comparado con el año pasado, la deforestación bajó mucho durante los primeros seis meses de 2025. El reporte de Greenpeace de 2024 puso a esta provincia como la segunda con más deforestación, con 39.182 hectáreas, dos veces la ciudad de Buenos Aires. Según la información de la gobernación fueron 23.129 hectáreas.

No obstante, Giardini consideró que deberían analizarse los datos al final del año, pues en seis meses puede cambiar todo. De todos modos, como se dijo, al regir una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de nuevo desmonte, toda la deforestación ocurrida entre enero y junio de este año es ilegal.

El 19 de agosto del año pasado, la jueza federal Zunilda Niremperger, del Juzgado Federal N°1 de la capital provincial, emitió una cautelar que regirá por lo menos hasta el mes que viene. Fue después de la denuncia penal interpuesta por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA) en contra de empresarios y funcionarios y exfuncionarios chaqueños. Los acusaron de lavado de dinero, trata de personas, defraudación contra la administración pública, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, enriquecimiento ilícito y tráfico, todo asociado al desmonte en Chaco.

Entre los principales acusados está Hernán Halavacs, exministro de Producción provincial, que el año pasado renunció a su cargo. Sin embargo, según denunciaron desde AAAA, la presión sobre la jueza para remover la cautelar es inmensa. La semana pasada, Niremperger se declaró incompetente para llevar dicha causa penal.

Dudik niega categóricamente que el Ejecutivo provincial haya presionado a la magistrada. “Si tienen pruebas, deberán aportarlas a la causa. Pero si no las aportan, pienso que algún fiscal debería investigarlos a ellos”, apuntó el ministro.

“La gobernación debería haber hecho muchos más esfuerzos para hacer cumplir el fallo de la jueza”, opinó Giardini. Además, destacó que con la actual administración, encabezada por Leandro Zdero, Greenpeace no logró tener ningún tipo de diálogo.

También explicó que los desmontes ilegales como estos no son benéficos a mediano plazo ni siquiera para el sector productivo. “Tenemos que pensar que los mercados internacionales son cada vez más exigentes con temas como la deforestación. Adelante tenemos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que exige trazabilidad de la madera desde 2020. Además, la Argentina se comprometió a la deforestación cero para 2030″, detalló.

Aunque algunos políticos, entre ellos, Zdero, se refirieron a que la deforestación es necesaria para impulsar el desarrollo, en especial en las provincias más pobres del país, tanto para Giardini como para otras organizaciones ambientalistas consultadas hay opciones para desarrollarse sin deforestar, como los mercados voluntarios de carbono, los manejos agroforestales y la reforestación.

Dudik planteó que tiene las “puertas abiertas” para todas las organizaciones dispuestas a dialogar. También anticipó a LA NACION que, a principios del mes próximo, se sancionará una reforma que intensifica la protección de los bosques. “No solo buscamos triplicar las multas, sino que queremos monitorear las topadoras y otras máquinas asociadas a la deforestación. Queremos poner un chip rastreador a cada máquina. También buscamos impulsar labranzas con criterios más sustentables y procesos productivos que impliquen la regeneración de pasturas”, describió el ministro.

Hay muchos cuestionamientos desde los sectores productivos sobre estas opciones que apuntan a la rentabilidad. Otra de sus históricas exigencias es el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos en términos de fondos: el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que fue pensado principalmente como una herramienta para retribuir a los dueños de los terrenos por no deforestar, jamás llegó al financiamiento estipulado por la ley. Su máximo no superó el 11%. Durante la administración de Javier Milei, la política de conservación de bosques recibió un golpe en este sentido, en particular con la eliminación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), que también estaba diseñado como herramienta financiera para la conservación.

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La organización Greenpeace denunció que en los primeros seis meses de 2025 se deforestaron 31.000 hectáreas de bosque solo en las provincias de Chaco y Santiago del Estero. Por tala o quemas, fue completamente devastada una extensión que equivale a una ciudad de Buenos Aires y media. Todo, advirtieron desde la ONG ambientalista, es ilegal: las zonas en donde se tumbaron árboles y plantas nativas tienen protección de los gobiernos provincial y nacional. Al menos deberían tenerla, según lo estipula la Ley de Bosques Nativos (26.331).

No es nuevo que el mandato de esta ley impulsada por el exdiputado Miguel Bonasso (PJ) y sancionada sea una y otra vez incumplido en el norte del país. Es visible tan solo visitando Google Earth. Al poner en secuencia fotografías satelitales que encuadran a las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde en 1985 había una densa y verde masa forestal hoy se dibujan cuadros muy bien trazados de campo amarillento. En particular, para 2008 la tendencia se había acelerado, coincidente con el alza en el precio de la soja.

Si bien desde Greenpeace reconocen que, comparado a dos décadas atrás, la velocidad de desmonte disminuyó, los números aún generan alarma. “Seguimos estando dentro de los 15 países con más deforestación en el mundo”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.

Los datos para la primera parte de 2025, a los que LA NACION accedió en exclusiva, muestran que Santiago del Estero perdió 22.315 hectáreas y Chaco, 8685, de manera ilegal. “Si bien en el resto del norte argentino hubo deforestación, estas dos provincias fueron las protagonistas en estos seis meses”, detalló Giardini. Si bien la desproporción es notoria entre ambas provincias y los contextos normativos y productivos, hay muchas similitudes en las dinámicas del desmonte.

El nuevo ministro de Producción de Chaco, Oscar Dudik, advirtió que en realidad fueron 8190 hectáreas deforestadas de manera ilegal. Afirmó también que en estos casos se actuó de acuerdo con la ley. “Ya fueron identificadas y labradas las actas correspondientes. En algunos casos, se secuestraron las máquinas y estamos esperando el pago de multas correspondientes”, detalló. A pesar de ello, reconoció que la legislación vigente es insuficiente para frenar el desmonte ilegal y anunció que la provincia reforzará los controles y las sanciones.

Este medio también trató, sin éxito, de contactarse con representantes del gobierno de Santiago del Estero, encabezado por Gerardo Zamora (UCR).

Los desmontes santiagueños

Según explicó el representante de Greenpeace, en Santiago del Estero se reproduce una histórica dinámica asociada principalmente a la promoción ganadera desde la propia administración provincial y productores foráneos, aunque la producción de soja también crece en la zona.

Un ejemplo de ello fue reportado en una investigación reciente de Mongabay Latam, que expuso el caso del director de la empresa Refresh Now, productora de las gaseosas Manaos, Orlando Canido. Canido fue acusado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero por desmontar 11.000 hectáreas –media ciudad de Buenos Aires– entre julio y agosto del año pasado en una finca cercana a la frontera con Salta y San Miguel de Tucumán. No era la primera vez que se vinculó a este empresario con la tala indiscriminada, acompañada de amenazas y violencia contra comunidades indígenas.

Según Giardini, esta dinámica es allí el business as usual. Todo derivado de una flexible ejecución de la legislación para la protección de bosques. “Es histórico que el gobierno provincial haga un cambio de zonificación en las zonas amarillas. Desmontan todo, quedan pasturas y algunos arbolitos”, denunció.

Los bosques en la Argentina, según estipula la propia Ley de Bosques Nativos, deben ser categorizados por nivel de protección. Se fijaron criterios mínimos para la protección de los bosques, clasificándolos en tres categorías –roja, amarilla y verde– según su importancia para la conservación. Esta zonificación se conoce como Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y cada provincia debe actualizarlo cada cinco años, sin violar principios como la no regresión. O sea que una zona roja, la de mayor nivel de protección, no podría convertirse en una verde, la de menor, de un lustro a otro. Ninguna de estas dos situaciones se cumplen en el norte argentino.

En el caso de Santiago del Estero, la última actualización del OTBN se realizó en 2015. Desde entonces, el mapa provincial refleja la siguiente distribución de sus bosques: un 14% en categoría roja, un 82% en amarilla y un 4% en verde.

El reporte del año pasado de Greenpeace sobre deforestación indicó que en esa provincia se desmontaron 54.123 hectáreas, casi tres veces la ciudad de Buenos Aires, durante todo 2024. Por esto, mantiene el primer lugar en deforestación en el país. LA NACION trató de comunicarse con la gobernación de Santiago del Estero, para contrastar los datos obtenidos por la ONG ambientalista y también conocer las medidas que está tomando para proteger los bosques, pero no recibió respuesta.

El caso chaqueño

En Chaco, comparado con el año pasado, la deforestación bajó mucho durante los primeros seis meses de 2025. El reporte de Greenpeace de 2024 puso a esta provincia como la segunda con más deforestación, con 39.182 hectáreas, dos veces la ciudad de Buenos Aires. Según la información de la gobernación fueron 23.129 hectáreas.

No obstante, Giardini consideró que deberían analizarse los datos al final del año, pues en seis meses puede cambiar todo. De todos modos, como se dijo, al regir una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de nuevo desmonte, toda la deforestación ocurrida entre enero y junio de este año es ilegal.

El 19 de agosto del año pasado, la jueza federal Zunilda Niremperger, del Juzgado Federal N°1 de la capital provincial, emitió una cautelar que regirá por lo menos hasta el mes que viene. Fue después de la denuncia penal interpuesta por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA) en contra de empresarios y funcionarios y exfuncionarios chaqueños. Los acusaron de lavado de dinero, trata de personas, defraudación contra la administración pública, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, enriquecimiento ilícito y tráfico, todo asociado al desmonte en Chaco.

Entre los principales acusados está Hernán Halavacs, exministro de Producción provincial, que el año pasado renunció a su cargo. Sin embargo, según denunciaron desde AAAA, la presión sobre la jueza para remover la cautelar es inmensa. La semana pasada, Niremperger se declaró incompetente para llevar dicha causa penal.

Dudik niega categóricamente que el Ejecutivo provincial haya presionado a la magistrada. “Si tienen pruebas, deberán aportarlas a la causa. Pero si no las aportan, pienso que algún fiscal debería investigarlos a ellos”, apuntó el ministro.

“La gobernación debería haber hecho muchos más esfuerzos para hacer cumplir el fallo de la jueza”, opinó Giardini. Además, destacó que con la actual administración, encabezada por Leandro Zdero, Greenpeace no logró tener ningún tipo de diálogo.

También explicó que los desmontes ilegales como estos no son benéficos a mediano plazo ni siquiera para el sector productivo. “Tenemos que pensar que los mercados internacionales son cada vez más exigentes con temas como la deforestación. Adelante tenemos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que exige trazabilidad de la madera desde 2020. Además, la Argentina se comprometió a la deforestación cero para 2030″, detalló.

Aunque algunos políticos, entre ellos, Zdero, se refirieron a que la deforestación es necesaria para impulsar el desarrollo, en especial en las provincias más pobres del país, tanto para Giardini como para otras organizaciones ambientalistas consultadas hay opciones para desarrollarse sin deforestar, como los mercados voluntarios de carbono, los manejos agroforestales y la reforestación.

Dudik planteó que tiene las “puertas abiertas” para todas las organizaciones dispuestas a dialogar. También anticipó a LA NACION que, a principios del mes próximo, se sancionará una reforma que intensifica la protección de los bosques. “No solo buscamos triplicar las multas, sino que queremos monitorear las topadoras y otras máquinas asociadas a la deforestación. Queremos poner un chip rastreador a cada máquina. También buscamos impulsar labranzas con criterios más sustentables y procesos productivos que impliquen la regeneración de pasturas”, describió el ministro.

Hay muchos cuestionamientos desde los sectores productivos sobre estas opciones que apuntan a la rentabilidad. Otra de sus históricas exigencias es el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos en términos de fondos: el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que fue pensado principalmente como una herramienta para retribuir a los dueños de los terrenos por no deforestar, jamás llegó al financiamiento estipulado por la ley. Su máximo no superó el 11%. Durante la administración de Javier Milei, la política de conservación de bosques recibió un golpe en este sentido, en particular con la eliminación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), que también estaba diseñado como herramienta financiera para la conservación.

 La organización Greenpeace alertó sobre la destrucción de una superficie más grande que la ciudad de Buenos Aires en Chaco y Santiago del Estero  LA NACION

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