De a poco, el Gobierno comienza a dar pasos para resolver el principal problema que enfrenta hoy el sector energético: la falta de inversión en líneas de transmisión eléctrica, que genera un cuello de botella para toda la actividad económica. Esta carencia impide el desarrollo de proyectos mineros, renovables y de hidrocarburos. Sin transporte eléctrico, no pueden construirse nuevas fuentes de generación porque no hay infraestructura para inyectar esa energía al sistema.

A través de la resolución 311/2025, publicada hoy, el Gobierno definió las tres primeras obras de líneas eléctricas que serán licitadas bajo un modelo de concesión a inversores privados. Se trata de los mismos proyectos que figuraban en el programa de Abastecimiento de Confiabilidad de Generación Térmica (TerConf), previsto en la resolución 507 de 2023, que fue dado de baja por el actual gobierno en julio del año pasado.

Las obras seleccionadas son: AMBA I, que reforzará la capacidad de abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra el 40% del consumo eléctrico nacional; la línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins, un corredor clave para evacuar la generación renovable y convencional que puede instalarse en la región de Cuyo, además de canalizar parte de la generación de Comahue; y la línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, que mejorará la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal.

Estas tres obras requerirán en conjunto una inversión superior a los US$1900 millones. El financiamiento estará a cargo de las empresas adjudicatarias, responsables de la construcción, operación y mantenimiento de las líneas. La inversión se recuperará mediante un canon que se cobrará a los usuarios beneficiarios de cada obra una vez que entren en funcionamiento.

Este esquema despierta dos inquietudes en el sector privado. Por un lado, preocupa la dificultad para acceder a financiamiento: los bancos son reticentes a prestar bajo este modelo, debido al historial argentino de congelamiento tarifario, que pone en duda el repago de las obras a través de las tarifas. ¿Qué tasa de interés exigirán para cubrir el riesgo argentino?

La misma incertidumbre enfrentan las constructoras interesadas en las licitaciones viales: ¿qué garantía tienen los bancos de que el próximo gobierno mantendrá la actualización tarifaria en los peajes?

Para reducir el costo del capital, el Gobierno está negociando con organismos multilaterales la posibilidad de acceder a un préstamo que permita conformar un fondo de garantía para las empresas que deban salir a buscar financiamiento. Un esquema similar se implementó en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando el Banco Mundial otorgó US$480 millones para respaldar el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), destinado a garantizar el repago de proyectos renovables.

Por ahora, sin embargo, las negociaciones están demoradas y la creación de este fondo no fue incluida en la resolución de la Secretaría de Energía.

La segunda inquietud que expresan las empresas es cómo hará Cammesa —la compañía controlada por el Estado, encargada del despacho eléctrico— para identificar a los usuarios beneficiarios de estas obras, que serán quienes deban afrontar su costo.

De las tres obras prioritarias, la principal es AMBA I, que sumará 1500 MW de capacidad de transmisión en la región con mayor demanda eléctrica del país. Este proyecto requerirá una inversión de US$1111 millones y busca terminar con los cortes de luz en el verano. La última obra de alta tensión construida en el AMBA data de 2006, hace 19 años.

Guiño a la minería

Además de las obras que se desarrollarán bajo el modelo de concesión de obra pública, el Gobierno modificó la normativa para facilitar la ejecución de obras eléctricas vinculadas a sectores con alta demanda energética, como la minería. A partir de ahora, las propias empresas podrán encargarse de construir la infraestructura y acceder a una prioridad de uso durante un período determinado.

Esta era una demanda de las compañías que desarrollan proyectos de litio y cobre en el norte argentino. Se trata de industrias intensivas en consumo eléctrico, pero con problemas de abastecimiento, que actualmente dependen de grupos electrógenos alimentados a gasoil, más costosos y difíciles de mantener en zonas remotas.

También era una demanda de las empresas generadoras de energía renovable, que hoy construyen parques eólicos y solares no en las zonas con mejores condiciones naturales, sino en aquellos lugares donde hay capacidad disponible en las líneas de alta tensión para despachar la energía.

“Con el objetivo de propiciar condiciones adecuadas para la inversión privada, resulta necesario, oportuno y conveniente introducir modificaciones específicas a la modalidad de ‘ampliaciones de la capacidad de transporte por contratos entre partes’”, señala la resolución.

Con este cambio, los privados que amplíen líneas de transmisión podrán acceder a prioridad de uso frente a terceros durante el período de vida útil del proyecto. “Esto permitirá simplificar la autorización para la construcción de una línea u otra instalación de transporte de energía eléctrica”, agrega el texto oficial.

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De a poco, el Gobierno comienza a dar pasos para resolver el principal problema que enfrenta hoy el sector energético: la falta de inversión en líneas de transmisión eléctrica, que genera un cuello de botella para toda la actividad económica. Esta carencia impide el desarrollo de proyectos mineros, renovables y de hidrocarburos. Sin transporte eléctrico, no pueden construirse nuevas fuentes de generación porque no hay infraestructura para inyectar esa energía al sistema.

A través de la resolución 311/2025, publicada hoy, el Gobierno definió las tres primeras obras de líneas eléctricas que serán licitadas bajo un modelo de concesión a inversores privados. Se trata de los mismos proyectos que figuraban en el programa de Abastecimiento de Confiabilidad de Generación Térmica (TerConf), previsto en la resolución 507 de 2023, que fue dado de baja por el actual gobierno en julio del año pasado.

Las obras seleccionadas son: AMBA I, que reforzará la capacidad de abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra el 40% del consumo eléctrico nacional; la línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins, un corredor clave para evacuar la generación renovable y convencional que puede instalarse en la región de Cuyo, además de canalizar parte de la generación de Comahue; y la línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, que mejorará la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal.

Estas tres obras requerirán en conjunto una inversión superior a los US$1900 millones. El financiamiento estará a cargo de las empresas adjudicatarias, responsables de la construcción, operación y mantenimiento de las líneas. La inversión se recuperará mediante un canon que se cobrará a los usuarios beneficiarios de cada obra una vez que entren en funcionamiento.

Este esquema despierta dos inquietudes en el sector privado. Por un lado, preocupa la dificultad para acceder a financiamiento: los bancos son reticentes a prestar bajo este modelo, debido al historial argentino de congelamiento tarifario, que pone en duda el repago de las obras a través de las tarifas. ¿Qué tasa de interés exigirán para cubrir el riesgo argentino?

La misma incertidumbre enfrentan las constructoras interesadas en las licitaciones viales: ¿qué garantía tienen los bancos de que el próximo gobierno mantendrá la actualización tarifaria en los peajes?

Para reducir el costo del capital, el Gobierno está negociando con organismos multilaterales la posibilidad de acceder a un préstamo que permita conformar un fondo de garantía para las empresas que deban salir a buscar financiamiento. Un esquema similar se implementó en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando el Banco Mundial otorgó US$480 millones para respaldar el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), destinado a garantizar el repago de proyectos renovables.

Por ahora, sin embargo, las negociaciones están demoradas y la creación de este fondo no fue incluida en la resolución de la Secretaría de Energía.

La segunda inquietud que expresan las empresas es cómo hará Cammesa —la compañía controlada por el Estado, encargada del despacho eléctrico— para identificar a los usuarios beneficiarios de estas obras, que serán quienes deban afrontar su costo.

De las tres obras prioritarias, la principal es AMBA I, que sumará 1500 MW de capacidad de transmisión en la región con mayor demanda eléctrica del país. Este proyecto requerirá una inversión de US$1111 millones y busca terminar con los cortes de luz en el verano. La última obra de alta tensión construida en el AMBA data de 2006, hace 19 años.

Guiño a la minería

Además de las obras que se desarrollarán bajo el modelo de concesión de obra pública, el Gobierno modificó la normativa para facilitar la ejecución de obras eléctricas vinculadas a sectores con alta demanda energética, como la minería. A partir de ahora, las propias empresas podrán encargarse de construir la infraestructura y acceder a una prioridad de uso durante un período determinado.

Esta era una demanda de las compañías que desarrollan proyectos de litio y cobre en el norte argentino. Se trata de industrias intensivas en consumo eléctrico, pero con problemas de abastecimiento, que actualmente dependen de grupos electrógenos alimentados a gasoil, más costosos y difíciles de mantener en zonas remotas.

También era una demanda de las empresas generadoras de energía renovable, que hoy construyen parques eólicos y solares no en las zonas con mejores condiciones naturales, sino en aquellos lugares donde hay capacidad disponible en las líneas de alta tensión para despachar la energía.

“Con el objetivo de propiciar condiciones adecuadas para la inversión privada, resulta necesario, oportuno y conveniente introducir modificaciones específicas a la modalidad de ‘ampliaciones de la capacidad de transporte por contratos entre partes’”, señala la resolución.

Con este cambio, los privados que amplíen líneas de transmisión podrán acceder a prioridad de uso frente a terceros durante el período de vida útil del proyecto. “Esto permitirá simplificar la autorización para la construcción de una línea u otra instalación de transporte de energía eléctrica”, agrega el texto oficial.

 Anunció tres obras prioritarias que serán financiadas por privados; las empresas advierten dificultades para acceder al crédito sin garantías oficiales  LA NACION

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